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| 10/23/2015 10:00:00 PM

Controvertido proceso de Ordóñez contra Iván Cepeda

El proceso de la Procuraduría contra el senador cayó mal en la opinión pública por los tintes políticos que puede tener.

El pliego de cargos contra el senador del Polo Iván Cepeda fue apenas el comienzo de una batalla jurídica y política. En un documento de 110 páginas, firmado por el procurador Alejandro Ordóñez, le abre un proceso disciplinario al congresista por supuestamente presionar a los paramilitares Ramiro de Jesús Henao, alias Simón, y Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, para que declararan en contra del expresidente Álvaro Uribe. Esos testimonios fueron el plato fuerte del debate de control político que Cepeda le hizo al mandatario de la seguridad democrática hace un año.

La situación no es fácil de explicar. En últimas, a Cepeda podrían destituirlo por hacer justo el trabajo de un senador de la oposición: controvertir a quien ostenta el poder. Los congresistas gozan de un privilegio que garantiza que puedan expresarse libremente en el Capitolio. Se trata de la ‘inviolabilidad parlamentaria’ que no es otra cosa que la posibilidad de dar sus opiniones sin tener que responder por ellas. Una sentencia de Carlos Gaviria lo explica así: “El fin de la irresponsabilidad de los congresistas es que los representantes del pueblo puedan emitir de la manera más libre sus votos y opiniones, sin temor a que estos puedan ocasionar persecuciones judiciales”.

Por estas razones el pliego de cargos generó tanta controversia. La Procuraduría, sin embargo, sostiene que hay evidencia suficiente para adelantar la investigación. Relatan cómo el senador visitó varias veces la cárcel de Itagüí para presionar a alias Simón y alias Castañeda, quienes supuestamente a cambio de sumas de dinero, traslados a mejores sitios de reclusión y ubicación de sus familiares en el exterior se comprometieron con Cepeda a declarar en contra de Uribe. El órgano de control considera que hay pruebas de que el senador “fabricó testimonios” para perjudicar al expresidente.

Pero existen suspicacias sobre las verdaderas motivaciones de Ordóñez, que surgen de la posición política e ideológica de Cepeda. El día que salió a la luz el caso muchos recordaron el proceso que destituyó a Alonso Salazar de la Alcaldía de Medellín. El procurador le abrió una investigación pues estando en el cargo denunció al candidato Luis Pérez de contar con el apoyo de grupos paramilitares. Por eso, lo señalaron de haber participado indebidamente en política y lo sacaron. Sin embargo, muchos sostenían en privado que lo tenía entre ojos por haber abierto una clínica para que las mujeres pudieran abortar, algo que iba en contravía de una de las principales cruzadas ideológicas de Ordóñez.

Por razones similares, Iván Cepeda asegura que la decisión es un prevaricato y ya anunció que lo denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El senador dice que no se explica por qué justamente ahora, casi tres años después de los encuentros con esos paramilitares, deciden hablar en su contra. “De repente se les refrescó la memoria. Y qué coincidencia que quien me está juzgando es un amigo íntimo del expresidente Uribe”, le dijo Cepeda a SEMANA.

Otra lectura que ha tenido el caso es que a Cepeda le pueden estar cobrando el papel que ha jugado en el proceso de paz. Aunque no hace parte del equipo negociador, ha prestado buenos servicios y se ha convertido en un canal entre las partes en momentos clave del proceso. Y a pesar de que todas esas lecturas nunca harán parte del expediente, en un momento tan polarizado, actuaciones como la de Ordóñez contra Cepeda dejan un mal sabor.
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