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| 9/15/2012 12:00:00 AM

Alejandro Ordóñez, el intocable

La casi segura reelección del procurador Alejandro Ordóñez ha desatado un pulso moral, jurídico y político que tiene enfrentados a altas cortes, gobierno y líderes de opinión.

En dos meses debe ser elegido el nuevo procurador general de la Nación. Y el resultado parecía estar cantado. No había nada ni nadie que se le pudiera atravesar a Alejandro Ordóñez. El hoy procurador dio una verdadera lección de astucia política: todos querían incluirlo en la terna (Corte Suprema, Consejo de Estado y presidente), logró que la Corte Suprema lo postulara sin sudor ni lágrimas, y su elección final en el Congreso parecía ser tan solo un asunto de trámite.

Sin embargo, esta semana la Corte Constitucional dio a conocer un fallo que le pone espinas a su camino de rosas hacia la reelección. Por primera vez en la historia, este alto tribunal le exige rectificar a uno de los más poderosos funcionarios del Estado (ver recuadro). Y puede pasar –también por primera vez en la historia– que ese funcionario no acate la orden de la Corte. O por lo menos, busque hacerle un esguince a la rectificación.

Ese fallo tiene un primer efecto político. Y tiene que ver con que al procurador Ordóñez, que ha construido una imagen de implacable con las normas y no le ha temblado la mano para destituir a 18 congresistas, 14 gobernadores y 188 alcaldes no le queda nada bien que la Corte Constitucional le diga que ha “tergiversado” órdenes o “ha partido de supuestos falsos” para evitar a toda costa que en Colombia se aplique lo que consigna la ley.

El impacto se sintió en las fibras más íntimas de la Procuraduría. Dos procuradoras delegadas, ambas consideradas mano derecha del procurador, renunciaron. Se trata de María Eugenia Carreño, la llamada ‘dama de hierro’, e Ilva Miriam Hoyos, la más reconocida en la cruzada contra el aborto. Todavía no está claro el porqué de las renuncias: si se trata de un gesto protocolario, pues a ellas dos también les piden rectificar; o si es una manera de la Procuraduría para ganar tiempo mientras resuelve qué hacer con el fallo.

El procurador ha decidido no pronunciarse por ahora. Es posible que no acepte las renuncias porque sería reconocer el error cometido y entregarle a la Corte Constitucional a sus dos más reconocidos alfiles. En cuanto al fallo, sabe que tiene en sus manos un caso delicado: rectificar puede significar reconocer que se equivocó o dar su brazo a torcer en sus convicciones personales, y no hacerlo lo podría convertir en el primer funcionario del Estado que no le hace caso a la Corte Constitucional.

Cualquier atisbo de desacato podría enturbiar su reelección. O por lo menos puede convertirse en un nuevo caballito de batalla para sectores que ya se han declarado en contra de la permanencia de Ordóñez en el cargo. Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia a la Justicia y vocera de Elección Visible, una coalición de 13 organizaciones que pone la lupa sobre los procesos de elección en la rama judicial, pidió la renuncia del procurador a su candidatura porque dice que los otros candidatos no tienen garantías.

A esa protesta se sumó también Rodrigo Uprimny, director del Centro de Estudio Dejusticia, quien en su columna de El Espectador afirmó que “el procurador debe autodestituirse”. Uprimny sostiene que luego de que la Corte Suprema lo postuló para ser reelegido, Ordóñez debió pedir automáticamente la renuncia de todos los familiares de los magistrados de ese alto tribunal que trabajan en la Procuraduría para no ir en contra del artículo 126 de la Constitución. Ese artículo dice que los servidores públicos no pueden designar familiares de funcionarios que intervengan en su designación. “El procurador no es un buen prefecto de disciplina pues él mismo viola las reglas de disciplina”, anotó Uprimny.

Y a estas críticas se han sumado también columnistas como Daniel Coronell, Cecilia Orozco y Ramiro Bejarano, que han puesto al descubierto lo que serían otras irregularidades en ese proceso de postulación. De hecho, el Partido Liberal que en teoría estaba prácticamente resuelto a apoyar la candidatura de Ordóñez, ya ha comenzado a poner en duda su voto por él.

La posible reelección de Alejandro Ordóñez ha provocado un coro de voces progresistas en contra como pocas veces se recuerda de cara a la elección de un procurador. Lo que parecía ser la crónica de una elección anunciada se convirtió en un difícil pulso de poder que tiene una dimensión no solo política, sino también jurídica y moral.

El hecho de que la Corte Suprema lo haya elegido como su candidato a la terna es la más reciente jugada maestra del procurador. Su postulación ha sido la más rápida y sorpresiva que se recuerde. Logró cosas hasta ahora impensables en este tribunal. En primer lugar, que la Corte cambiara su tradición de abrir una convocatoria pública a los interesados, como lo venía haciendo hasta ahora y así evitó tener que poner su nombre a concursar con el de otros, como le tocó, incluso, al entonces procurador Edgardo Maya para su reelección. Logró también que la Corte Suprema, para alcanzar los 16 votos que necesitaba, hiciera caso omiso de los impedimentos que podían tener tres de los magistrados que votaron por Ordóñez por ser familiares en primer y segundo grado de personas que trabajan en la Procuraduría. Y también logró el milagro de una elección exprés en una Corte Suprema que suele tener dificultades para ponerse de acuerdo, pues se ha demorado un año y medio para elegir fiscal general y ha dilatado hasta un año la escogencia de un magistrado. Hace cuatro años, por ejemplo, la Corte Suprema se demoró casi tres meses para elegir al excomisionado de Paz Camilo Gómez como su candidato a la Procuraduría.

Con el respaldo de la Corte Suprema en la mano, el procurador parecía estar en el mejor de los mundos. Se evitaba el lío de tener que someterse al concurso del Consejo de Estado, que a diferencia de la Corte sí abrió convocatoria pública, y además les evitó malos momentos a sus otrora colegas, pues allí se tendrían que declarar aún más magistrados impedidos. SEMANA, vía derecho de petición, preguntó a 28 consejeros de Estado si tenían familiares trabajando en la Procuraduría, de ellos siete no contestaron, y siete respondieron que sí tenían familiares en primero y segundo grado.

Por otro lado, en la Casa de Nariño, que es de donde sale el otro nombre para completar la terna, la postulación de Ordóñez cayó como un baldado de agua fría. El presidente Juan Manuel Santos, según le confirmaron fuentes del gobierno a esta revista, pensaba postularlo. Le parecía que esa mano dura contra la corrupción era necesaria en el país. Ordóñez era consciente de que podía tener el guiño de Santos, pero también tenía claro que ser postulado por la rama judicial le da un aire de independencia frente al Ejecutivo mucho más útil para su trabajo y sobre todo para una eventual candidatura presidencial en el futuro. Y en últimas, como dice la sabiduría popular, a la cual Ordóñez apela con frecuencia, era mejor pájaro en mano que cientos volando.

Ahora entonces se le abre un gran boquete al procurador ¿Va a rectificar como le pide la Corte Constitucional? ¿O va a hacer quiebres de cintura para aminorar el efecto del fallo?
Si no acata el fallo, terminaría dándoles la razón a quienes lo han acusado desde el día cero de sus férreas convicciones religiosas afectan el ejercicio de su cargo que implica, entre otras cosas, el defender los derechos de las mujeres a abortar en los tres casos que lo permite la ley. Hasta ahora Ordóñez siempre se había defendido que una cosa es lo que él piensa y otra la que hace como procurador. “¡La gente sabe lo que yo pienso! ¡Yo soy provida! Me parece que el aborto es el más felón de los atentados contra los derechos fundamentales. Yo no niego mis convicciones. Pero no son un instrumento para incumplir el ordenamiento jurídico. Todo lo contrario”, dijo en su momento en una entrevista en SEMANA.

Y si acata el fallo también admitiría haber incurrido en ese error. Aunque por lo menos lo estaría reconociendo.

¿Qué dice el fallo? El texto de una sala integrada por tres magistrados (Humberto Sierra, María Victoria Calle y Luis Ernesto Vargas) es el final de la batalla que desde hace casi tres años han librado la Corte Constitucional y el procurador por el tema del aborto.

La guerra estaba planteada incluso desde antes de él ser elegido. En 2006, la Corte promulgó el histórico fallo que permite el aborto en tres casos extremos, cuando está en riesgo la vida de la mujer, cuando fue producto de una violación y cuando hay malformación en el feto. Y Ordóñez, para entonces magistrado del Consejo de Estado, había escrito un libro titulado Hacia el libre desarrollo de nuestra animalidad en el cual sostenía: “A riesgo de ser señalado como fundamentalista neotalibán, debo advertir sobre las raíces de esta mentalidad antivida (...). Esta es la crisis más profunda de nuestra civilización, que se agrava todavía más cuando el Estado ampara con sus leyes la muerte del inocente”.

Por eso no fue extraño que cuando se convirtió en procurador se dedicó a boicotear ese fallo de la Corte Constitucional a punta de cartas, denuncias y comunicados. En poco menos de dos años, Alejandro Ordóñez logró lo que las organizaciones provida habían intentado antes sin suerte: crear un manto de duda sobre la decisión que tomó la Corte Constitucional en 2006 de darle vía libre al aborto en casos excepcionales. Y por eso, la sentencia de la semana pasada en sus 250 páginas recoge todas las maniobras con las cuales la Procuraduría intentó obstaculizar que las mujeres en los tres casos mencionados pudieran poner fin al embarazo.

En este fallo, que además es la última decisión de Humberto Sierra como magistrado, se le obliga al procurador y a las dos procuradoras mencionadas rectificar seis actuaciones (entre declaraciones y actos) y así amparar varios derechos fundamentales de 1.280 mujeres que interpusieron la tutela, entre ellos el derecho a la salud reproductiva y a la interrupción voluntaria del embarazo en los casos que la Constitución lo permite (ver recuadro ‘Lo que tiene que rectificar’).

Lo paradójico es que cumplir el fallo no le implicaría mucho esfuerzo al procurador. Le bastaría con hacer unas declaraciones y reversar algunas cartas. Pero sugerir siquiera que da el brazo a torcer es algo que no se permiten los cruzados en materias morales o religiosas como es el caso del aborto. Y eso es lo que hasta ahora pareciera ser el procurador con respecto al tema. El fallo de los magistrados deja claro que el procurador tergiversó hechos para lograr su cometido de evitar que se practique con total libertad el aborto en los tres casos permitidos.

¿Qué va a pasar ahora? La elección de procurador en el Congreso suele ser a finales de noviembre o principios de diciembre. El procurador, según pudo conocer SEMANA, va a intentar que se adelante el nombramiento de los otros dos de la terna y así lograr adelantar su reelección.

La duda que ha surgido en los últimos días es si el presidente Santos le va a poner al frente un gallo de pelea. El ministro del Interior Fernando Carrillo anunció que la Presidencia va a nominar a “un jurista de excelente calidad”. Lo que no dijo es si tendrá el peso político para hacerle competencia a Ordóñez y si el gobierno le apostará fuerte. “¿Usted cree que el presidente se va a meter en ese pulso contra mí?”, se preguntaba el propio procurador el jueves.

Y al final: lo que se ha demostrado es que es un hábil jugador del ajedrez de la política en Colombia. Cuando lo eligieron la primera vez logró poner de acuerdo a los dos extremos en que estaba polarizado el país: que el presidente Uribe le hiciera el guiño y que Gustavo Petro, entonces senador, votara por él. Fue elegido con el aval de Uribe y ahora todo el santismo quiere reelegirlo. Hasta Cambio Radical, partido de Germán Vargas Lleras, a quien el procurador le abrió hace poco una investigación que podría acabar con su carrera política. ¿Apenas una coincidencia?

Todavía pueden pasar muchas cosas.

Lo que tiene que rectificar

 

La Corte Constitucional le ordena a la Procuraduría rectificar declaraciones o circulares con las que se han puesto talanqueras a la práctica del aborto en los tres casos que lo permite la Constitución.

 

1. No es Cátedra del aborto

El fallo pide rectificar un comunicado del 21 de octubre de 2009, firmado por el propio procurador, en el que "tergiversó" a la Corte Constitucional. Esta ordenó (en la sentencia T-388 de 2009) hacer campañas masivas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y el procurador dijo que había ordenado campañas de promoción del aborto. Los medios de comunicación, inspirados en el procurador, dijeron que se había ordenado ‘Cátedra de aborto’ en todos los colegios.

 

2. No es píldora abortiva

También en 2009 el procurador en declaraciones a El Espectador dejó plasmada la idea de que en el ordenamiento jurídico colombiano la llamada ‘píldora del día después’ es abortiva. El fallo dice que el supuesto del cual parte el procurador es falso porque la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Estado la definieron como un anticonceptivo.

 

3. Sí se permite en tres casos

Este punto se refiere a un oficio que envió la procuradora Ilva Myriam Hoyos al superintendente de Salud, en 2010, en el cual le pedía modificar una circular que él había mandado a clínicas y EPS para que armaran un equipo idóneo para practicar abortos en los tres casos que permite la ley. Según la carta de la procuradora, el aborto no había sido reconocido como derecho y, por eso, la Superintendencia no tenía por qué difundir esa circular. La Corte desmiente en su fallo a la Procuraduría.

 

4. No cabe la objeción de conciencia

El fallo también pidió rectificar dos circulares, la 29 de 2010 y la 21 de 2011, en las que el procurador daba vía libre a los operadores de salud para que declararan objección de conciencia y así no tuvieran que practicar los abortos. La Corte encontró que se "contradecía de manera fehaciente la jurisprudencia constitucional". Y añadió que "aunque el procurador no esté de acuerdo con ella, debe cumplirla".

 

5. La droga que sacaron del POS

En un oficio de 2011, la procuradora María Eugenia Carreño disuadió al Ministerio de la Protección de incluir en el POS el principio activo misoprostol, a pesar de que la Comisión de Regulación en Salud tenía todo tipo de estudios que recomendaban incluirlo.

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