Línea 123: el nuevo proceso de la Procuraduría contra Petro

Ante las presuntas irregularidades en el sonado caso de la línea 123, la Procuraduría General decidió abrir investigación formal contra el alcalde Gustavo Petro al considerar que es probable la ocurrencia de un eventual acto de corrupción.

A principio de agosto la administración de Petro estaba en el ojo del huracán por cuenta de la denuncia hecha por el hoy exgerente del Fondo de Vigilancia Fernando Arbeláez, que en su momento fue amigo cercano del mandatario capitalino.

En esa oportunidad se conoció por boca del propio Arbeláez que Petro había presionado para que el exgerente firmara un otrosí con el ánimo de que la ETB continuara con la ejecución del contrato para mantener la línea de emergencia. El hecho, a decir de exalto funcionario, tenía serias irregularidades, entre ellas sobrecostos.

Una de las principales objeciones era que quien vigilaría la ejecución del contrato por 28.000 millones de pesos que celebraría el Distrito con la ETB era una empresa contratista de la administración.

Arbeláez sabía que la interventora de ese contrato, que buscaba reforzar la plataforma tecnológica de esa línea de atención, era ejecutora de otro convenio celebrado con el Fondo para la instalación de cámaras de seguridad.

Además, el acuerdo se celebraría sin un previo estudio financiero que demostrara su conveniencia. Pero las objeciones de Arbeláez no sólo fueron desatendidas. Petro terminó pidiéndole la renuncia por considerar que sus señalamientos no tenían fundamento.

También se conocieron denuncias en el mismo sentido de Sergio Romero, un funcionario del Fondo de Seguridad y Vigilancia que había alertado sobre la inconveniencia del convenio. Incluso, por vía suya las denuncias fueron puestas en conocimiento del fiscal Eduardo Montealegre.

Más allá de las diferencias ideológicas insalvables entre Petro y el procurador Ordóñez, vale la pena advertir que ya es el tercer pulso jurídico que los tiene enfrentados cara a cara.

El primero y más polémico desembocó en la destitución e inhabilidad de 15 años que se mantiene suspendida, por decisión del Consejo de Estado. Una 'tutelitis' que inundó los despachos judiciales y hasta la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos impidió que el Ministerio Público se saliera con la suya. Ahora el Consejo de Estado debe determinar si la destitución fue legal o no.

El segundo episodio de tensión entre el procurador y el alcalde se presentó cuando el primero decidió abrir indagación preliminar al burgomaestre por haber impuesto por decreto un nuevo plan de ordenamiento territorial. En este caso, el organismo de control todavía está ad portas de definir si Petro se atribuyó una competencia que se considera exclusiva de los concejos municipales distritales y las asambleas departamentales.

En el nuevo round de esta batalla jurídica, el alcalde deberá demostrar que no hay intereses oscuros escondidos tras sus planes de reforzar las plataforma tecnológica de la línea de atención 123.