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| 6/27/2016 5:50:00 PM

Investigación formal a magistrados por demanda contra el procurador

La Comisión de Acusación ratificó el llamado a versión libre que formuló contra tres consejeros que supuestamente cometieron faltas para precipitar la caída de Alejandro Ordóñez.

Los magistrados del Consejo de Estado Stella Conto, Danilo Rojas y Alberto Yepes tendrán que explicarle a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes la manera como han obrado dentro del proceso que busca tumbar al procurador Alejandro Ordóñez, luego de que esa corporación decidió abrirles investigación disciplinaria formal a esos consejeros

La investigación responde a una queja que interpuso el ahora exmagistrado Marco Antonio Velilla por los sucesivos hechos polémicos que han rodeado el caso. Entre ellos, los cambios en los proyectos de fallo, unos ratificando la continuidad de Ordóñez y otros sacándolo del cargo.

El togado también denunció probables faltas por la manera como se resolvieron recusaciones e impedimentos y por la supuesta filtración de información del caso a medios de comunicación y a los demandantes.

En mayo del 2015, cuando la demanda que persigue la anulación de la reelección de Ordóñez estaba todavía más enredada que en la actualidad, el entonces consejero Velilla interpuso una queja ante la Comisión, por considerar que tres de sus compañeros incurrieron en faltas disciplinarias en su afán de dejar sin efectos la elección del procurador.

Dado que el entonces ponente del caso, Alberto Yepes, presentó una ponencia inicial negando las pretensiones de nulidad de la acción y luego otra tumbando al jefe del Ministerio Público, Velilla pidió investigar por qué ninguna de ellas cuenta con el debido registro, así como la posible filtración del contenido del proyecto de fallo a los medios de comunicación y supuestas nuevas infidencias que habrían sido aprovechadas irregularmente por los accionantes.

Además, adujo en su queja que su colega Stella Conto entregó información a la prensa sobre documentos que sólo podían ser conocidos por la Sala Plena. Según él, también pudo haber sido la magistrada quien entregó información confidencial a Rodrigo Uprimny, entonces director de Dejusticia, para que conocida la tesis que tumbaría al magistrado del Consejo Superior Francisco Ricaurte, este pudiera apartar a la entonces consejera Susana Buitrago del caso Ordóñez.

Finalmente, para Velilla, Danilo Rojas faltó a su deber de declararse impedido para resolver la recusación que se presentó contra quien en su momento era el ponente del caso, Alberto Yepes. Para él, Rojas debía declarar su impedimento por haber sido integrante de Dejusticia, la organización demandante, como más tarde lo hizo para discutir la demanda de fondo.

Luego de haber ofrecido la oportunidad a los disciplinables para que rindieran versión libre, la Comisión, a través del representante a la Cámara Germán Blanco, decidió dar apertura a una investigación formal de carácter disciplinario en contra de los tres consejeros.

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En la misma decisión, esa célula legislativa citó a la columnista María Isabel Rueda para que ofrezca testimonio sobre la conversación que habría tenido con Yepes en la que este, supuestamente, le hizo precisiones relacionadas con la ponencia en la que proponía declarar nulo el acto de elección del procurador general de la Nación.

También exhortó al Consejo de Estado a que allegue copias de los autos por medio de los cuales resolvió recusaciones presentadas contra los consejeros Yepes y Rojas. La Comisión también le pidió a la ONG Dejusticia que haga claridad en torno a la relación que tuvo este último jurista con esa entidad.

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