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| 2/18/2015 12:00:00 AM

Las pensiones que preocupan al procurador y a la OCDE

El jefe del Ministerio Público critica la posibilidad de una reforma pensional en los términos que propone de la organización multilateral.

A inicios de año, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un selecto club de países destacados por sus buenas prácticas y al que Colombia busca ingresar, presentó un informe económico acerca del país en el que destaca, entre otras conclusiones, que todavía hay mucho que hacer en materia de desigualdad.

Para cerrar esa brecha entre ricos y pobres, el organismo plantea varias medidas que habría que implementar desde el punto de vista de la política económica, entre ellas dos reformas fundamentales a las que sucesivos gobiernos le han dado largas por su alto costo político: la tributaria y la pensional.

En medio del obvio debate que se generó entre diversos sectores de la sociedad, en materias que implican no sólo lo financiero sino también -y en gran medida- lo social, el procurador general, Alejandro Ordóñez, llamó la atención del Gobierno en materia pensional, un asunto que varios expertos reconocen que es una bomba de tiempo por la baja cobertura y lo estrecho de los recursos.

En misiva al ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, Ordóñez le solicitó “liderar personalmente” las discusiones acerca del tema y efectuar un estudio profundo (teniendo en cuenta la situación de empleo del país y la baja cobertura de pensionados) sobre la pertinencia de emprender una reforma inmediata que por sí sola no va a garantizar ampliación de coberturas.

En el escrito, el procurador indica que, de acuerdo con las recomendaciones de Asofondos y de la OCDE, la reforma pensional estaría encaminada a realizar cambios estructurales.

Ello implicaría aumentar los requisitos de edad y semanas de cotización, igualar las edades del hombre y la mujer para efectos de jubilación, equiparar el Régimen de Prima Media (RPM, administrado por Colpensiones) con el de Ahorro Individual (el de los fondos privados) y eliminar el tope del salario mínimo a las mesadas, entre otros aspectos.

Al referirse al panorama en materia de empleo, advierte Ordóñez que el país afronta problemas complejos como la informalidad y la evasión de aportes al Sistema de Seguridad Social.

Indica al respecto que “en cuanto a la problemática de la baja cobertura pensional, producto del desempleo, el subempleo, las formas atípicas de vinculación laboral o desregulación del mercado de trabajo, la evasión al sistema de seguridad social y la informalidad que afecta a nuestro país, se recomienda seguir trabajando en políticas públicas para la generación de trabajo digno y decente”.

Frente a la propuesta de nivelación de la edad de pensión, señala la importancia de tener en cuenta la situación laboral en que se encuentran las mujeres en el país, en la que existen varios déficit de empleo y de calidad del trabajo que afectan considerablemente grupos poblacionales como las mujeres, los trabajadores rurales, las personas con bajos niveles de educación y los jóvenes.

Cita Ordóñez en su misiva el estudio realizado por Observatorio del Mercado del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Externado, según el cual la informalidad laboral de la mujer es más alta que la de los hombres y el 80 % de las mujeres mayores de 57 años no tienen pensión.

El jefe del Ministerio Público indica que este panorama de discriminación coincide con lo que señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las tendencias mundiales del empleo de las mujeres: aunque sus niveles de educación continúan elevándose en todo el mundo, la inequidad salarial se mantiene y las oportunidades a la hora de conseguir empleo, ascender o desempeñar cargos directivos siguen siendo escasas.

Frente a las críticas de algunos sectores, argumentan que las pensiones hacen parte de la economía de mercado (son sólo un ahorro y no un derecho, según dicen), el procurador general señala que en el país no hay más de 1,4 millones de pensionados del RPM y el 80 % de ellos devenga una pensión de entre uno y dos salarios mínimos.

Advierte, así mismo, que la ineficiencia administrativa para decidir en tiempo y en derecho las solicitudes pensionales es lo que está ocasionando un gran detrimento patrimonial.

Finalmente, el procurador solicitó que el estudio que se realice para una posible reforma pensional se adelante de cara al país, con la participación de actores como académicos, trabajadores, empleadores y pensionados, en un verdadero ambiente de diálogo social y teniendo en cuenta que el sistema pensional no es un tema simplemente financiero, sino un derecho que debe amparar las contingencias en la última etapa de la vida de los colombianos.
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