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| 3/5/2015 9:00:00 PM

Desapariciones: Ordóñez vuelve y enfila contra las FARC

El procurador general asegura que miembros de esa guerrilla gozan de total impunidad en 2.760 casos de desapariciones forzadas.

El drama de cientos de familias colombianas que desconocen el destino que han tenido sus familiares, en medio del conflicto armado colombiano, sigue siendo una asignatura pendiente en el marco de los diálogos de paz entre el Gobierno y las FARC.

A esta guerrilla se le acusa de la desaparición forzada de 2.760 personas que, sencilla y escalofriantemente, se esfumaron sin dejar mayor rastro, según recopiló el Instituto de Medicina Legal.

Se trata del mismo dossier que el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, entregó a los negociadores en La Habana, a la Corte Penal Internacional, al Defensor del Pueblo y al Departamento de Estado de EE. UU. en su reciente visita a ese país.

Ordóñez, quien ha propugnado últimamente por un ‘pacto para la paz’, fue en principio un acérrimo opositor del proceso. Sin embargo, no amainan sus señalamientos acerca de que los diálogos no se apegan al ordenamiento jurídico, que no admite la impunidad.

El pasado 2 de marzo, según estableció Semana.com, la Procuraduría solicitó urgentemente al fiscal general, Eduardo Montealegre, y al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, entre otros funcionarios del Estado, acciones de investigación y condena por estos hechos, en los que ningún miembro de las FARC aparece como condenado por la Justicia.

En la misiva asegura que “la acción del Estado no ha sido eficaz para garantizar los derechos de las víctimas de esas 2760 desapariciones”.

El procurador Ordóñez detalló, citando el informe, que del total de esas desapariciones “1.200 ocurrieron desde 2002. Constan 6.690 casos desde ese año que no indican el posible autor, de los cuales un número importante correspondería a ese grupo”.

De otro lado, el procurador general fue enfático en afirmar que es necesario que el Estado “ejecute un plan especial de búsqueda” de estas personas, “independiente del resultado de las conversaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC”.

“El Estado tiene la obligación de atender los derechos de las víctimas de desaparición forzada”, reiteró.

Finalmente, el jefe del Ministerio Público indicó que “el Estado no puede aplazar más, ni dilatar más el cumplimiento de la obligación que tiene de establecer dónde están estas personas y qué sucedió con ellas, tampoco esperar a que se logre un acuerdo para la terminación del conflicto, el cual la Procuraduría como todos los ciudadanos esperamos que se concrete rápidamente”.
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