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| 5/5/2015 8:50:00 PM

Ordóñez procura ‘enterrar’ su proceso en el Consejo de Estado

Semana.com conoció que el jefe del Ministerio Público radicó una nulidad por violación al debido proceso con la que frenaría definitivamente el proceso que busca 'tumbar' su elección.

Desde enero del 2013 avanza tortuosamente una demanda que pretende la nulidad de la reelección de Alejandro Ordóñez como procurador general de la Nación. El proceso cursa en el Consejo de Estado, el tribunal que alguna vez presidió la actual cabeza del Ministerio Público.

Es allí donde mantiene al menos tres reconocidos alfiles: los magistrados Marco Velilla, Susana Buitrago y Alfonso Vargas, quienes están próximos a terminar su período en la corporación. Cuando ello pase, se da por descontado que Ordóñez perderá algo de su influencia.

Lo que no le faltas son armas. Por ello decidió, a través de su viceprocuradora general, Martha Isabel Castañeda, interponer un recurso que -de serle resuelto a favor- frenaría el proceso en su contra. De hecho, debería reiniciar desde cero.

Semana.com conoció detalles del documento radicado por la funcionaria donde pide la nulidad del todo el caso, bajo el argumento de violación al debido proceso: desde cuando se inició, el representante del Ministerio Público no ha tenido notificación alguna del caso, algo que está contemplado en la ley.

En el extenso memorial, radicado en el despacho de la magistrada ponente, Susana Buitrago, la viceprocuradora indica que el proceso que busca decretar la nulidad de la elección del procurador no está siguiendo la normativa legal vigente para este tipo de casos, por lo que está viciado.

Para Castañeda, el magistrado Alberto Yepes Barreiro, que tuvo en su inicio el caso del procurador, no volvió a notificar al Ministerio Público lo sucedido tras la primera audiencia, con lo cual se habría violado el artículo 303 del Código Contencioso Administrativo.

Otro de los argumentos esbozados señala que el magistrado Yepes excluyó la participación del Ministerio Público del caso, por una solicitud de los demandantes, los abogados Rodrigo Uprimny, José Leonardo Bueno y Carlos Mario Isaza. Sin embargo, quedó el ‘hueco’ vacío para un representante de la sociedad, el cual no fue subsanado en estos dos años que lleva el proceso.

A la luz del artículo 134 del mismo código señala: “Si el procurador general de la Nación es separado del conocimiento del proceso, por causa de impedimento o recusación, lo reemplazará el viceprocurador”.

Por último, apunta el texto que en caso de que un procurador delegado único para el proceso se declare impedido, “se solicitará a la Procuraduría General de la Nación la designación del funcionario que lo reemplace, por quien le siga en orden numérico atendiendo a su especialidad”.

De acuerdo con la viceprocuradora, hasta el momento eso no ha sucedido, el proceso ha avanzado sin la presencia de un representante del Ministerio Público, lo cual, según ella, viola los mínimos legales para este tipo de demandas de carácter electoral.

Semana.com consultó a magistrados del Consejo de Estado, quienes calificaron el recurso como una “leguleyada del procurador para frenar nuevamente el caso, puesto que la misma Procuraduría se abstuvo de ir a la audiencia inicial del caso, al tener interés directo. Ahora vienen a decir que era importante que los notificaran”.

Lo cierto es que, a dos años de que se interpusiera la primera demanda (fueron tres y luego se fusionaron), es poco lo que ha avanzado el proceso y podrían faltarle todavía otros tantos años. Por lo pronto, a Ordóñez le queda período como procurador hasta el 2017.
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