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| 7/6/2015 7:20:00 AM

“Es inadmisible que las víctimas del terrorismo sean intimidadas por el Estado”

Dijo el procurador, Alejandro Ordóñez, quien rechazó el pronunciamiento del fiscal, Eduardo Montealegre, de abrir procesos penales contra quien grabe y difunda en redes videos de actos terroristas.

El viernes pasado, durante una rueda de prensa ofrecida por el presidente Juan Manuel Santos tras los atentados que impactaron en varias zonas de Bogotá, el fiscal general, Eduardo Montealegre, sorprendió con una intervención.

El jefe del organismo investigador dijo que las personas que entreguen videos a terceros que no sean las autoridades podrían pagar prisión. Según Montealegre, serían investigados por obstrucción a la justicia.

Las reacciones no se hicieron esperar y el mismo día tanto analistas como periodistas consideraron las palabras del fiscal una absoluta censura.

Incluso, representantes de la Fundación para la Libertad de Prensa se han referido al tema y han calificado el pronunciamiento del alto funcionario como desafortunado y advierten que es una política inconstitucional.

Al fiscal le han llovido rayos y centellas. Ahora quien rechaza la propuesta es el procurador general, Alejandro Ordoñez, quien envió una extensa misiva al presidente Santos en la que manifiesta que es inadmisible amenazar con cárcel a quien grabe actos terroristas.

Una vez más el procurador se opone a las posiciones del fiscal. En la carta conocida este lunes, le pide al mandatario aclarar que ejercer libertad de expresión no es delito ni merece pena de prisión.

"Para la Procuraduría es inadmisible que quienes sufren el terrorismo ahora sean intimidados por el Estado al ser acusados de estar "inmersos en conductas delictivas", ser amenazados con "penas de prisión" si divulgan esos audios o videos, ¡absurdo!", dice.

Al igual que lo han manifestado los expertos, según el jefe del Ministerio Público, en Colombia no existe legislación que impida que un ciudadano pueda registrar un hecho criminal, y menos que los divulgue en internet. Por el contrario, señala, es un deber de solidaridad con la sociedad y de apoyar a las autoridades para prevenir o perseguir el delito.

En ese sentido, Ordóñez le recuerda a Santos el papel que jugaron las evidencias recolectadas por los ciudadanos durante el ataque terrorista a la revista Charlie Hebdo y el atentado en la Maratón de Boston. "Los medios tienen absoluta libertad para recibir información de los ciudadanos y estos absoluta libertad de proporcionarla", reitera.

Finalmente, el procurador resalta que resulta preocupante "el acelerado deterioro de la percepción de seguridad que tienen los ciudadanos, el crecimiento de la violencia y el aumento de los cultivos de coca".

Para la Procuraduría, "el afán ante la gravísima crisis de seguridad y las dificultades evidentes del Gobierno para enfrentarla no pueden dar paso a medidas que violen los derechos y las libertades ciudadanas", puntualiza.
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