Alerta en Barranquilla

Si algún consenso existe en Barranquilla es sobre la eficiencia de la Triple A: Acueducto, Alcantarillado y Aseo que funcionan a la maravilla desde su creación hace siete años. Y especialmente desde que los españoles entraron como socios. Por eso la misteriosa prórroga a 20 años de la concesión, cuando aún faltaban siete para terminar el primer período, y el silencioso retiro de Aguas de Barcelona (Agbar) han causado preocupación entre los empresarios de la ciudad que temen por la empresa joya de los barranquilleros.

“Solo sabemos que el Distrito tomó la decisión de extender la concesión y que la Triple A pagó 13.000 millones de pesos. No sabemos si es el valor justo o no, por eso hemos planteado que la comunidad tiene derecho a estar informada”, dijo a SEMANA Enrique Berrío, presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Los gremios locales tienen razón para preocuparse porque fueron ellos, con la ayuda del gobierno central, quienes en 1991 acabaron con las desastrosas Empresas Públicas Municipales, para reemplazarlas por una entidad de economía mixta cuyo accionista mayoritario sería el municipio.

La Alcaldía pagó sus acciones mediante la concesión de uso por 20 años (hasta 2013) de las instalaciones físicas. En 1996, cuando fue necesario capitalizar la empresa, se escogió como socio al consorcio Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (Inassa), conformado por la española Aguas de Barcelona y el fideicomiso Fidugán Inversionistas (vinculado al Banco Ganadero).

Bajo este esquema, con Inassa como operadora, la empresa logró en cuatro años aumentar la cobertura de acueducto del 78 por ciento al 94 por ciento y la de alcantarillado del 68 al 80 por ciento. Pasó de registrar pérdidas por 18.577 millones de pesos en 1996 a tener utilidades por 8.583 millones de pesos en 1999. Y redujo las quejas diarias de 50.000 a 1.000.

Para lograrlo fue clave el aporte técnico de Aguas de Barcelona. Pero ésta vendió sus acciones a Inassa, presuntamente por discrepancias con los socios locales. Aunque la administración de la Triple A sigue siendo idónea e incluso algunos de los españoles se han quedado a título personal, no es claro de quién es hoy la empresa.

Según dijo en una alocución dominical el alcalde Bernardo Hoyos en 1998, los propietarios mayoritarios de Inassa serían Enrique Gerlein padre y Enrique Gerlein hijo; Julio Gerlein y Julio Gerlein Jr. (hermanos y sobrinos del senador por el Atlántico Roberto Gerlein, uno de los patriarcas políticos de la región); Luis Nicolella de Caro, Julio Luis Jácome, Luis Cárdenas Gerlein y Juan Pablo González.

La participación de Julio y Enrique Gerlein fue confirmada por el gerente de la empresa, Francisco Olmos, quien dijo que estos socios no tenían ninguna relación con la política de Barranquilla ya que son dos empresarios.

Hoyos reveló en esa alocución la composición accionaria de Inassa y dijo que “me estoy asesorando de abogados para exigir que me compren el 33 por ciento en la Triple A, para no seguir haciendo de payaso (…) ¿Saben que hacen? Dejaron el 33 por ciento pensando que Caiaffa (su contrincante político) iba a ser el alcalde para unirse con él a robar”.

Pero al parecer el alcalde Hoyos cambió de opinión y el pasado 24 de abril solicitó autorización al Concejo para ampliar la concesión a la Triple A por 20 años más. SEMANA le envió un cuestionario para conocer sus razones pero no lo contestó. Argumentó entonces que era necesario garantizar con los recursos que obtendría la terminación del plan Director de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, que tiene un horizonte de 25 años.

El 25 de julio Hoyos anunció públicamente que si los estudios de auditoría concluían que la prórroga era favorable la concretaría en ocho días (El Heraldo, julio 26). Pero lo cierto es que ya la había firmado una semana antes sin que la Cámara de Comercio ni el Comité Intergremial conocieran los términos. Lo que se sabe es que el Distrito recibió 13.000 millones de pesos y los derechos a regalías por los 20 años siguientes a la concesión actual.

El alcalde justificó su afán ante el Comité Intergremial por las angustias económicas que acosaban al Distrito. Sin embargo el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico decretó el 20 de septiembre la suspensión provisional del acuerdo que autorizó al alcalde para adelantar la prórroga por considerar que “esa decisión era sospechosamente prematura”. Así que el tema seguirá dando de qué hablar.