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| Foto: Cortesía. Defensoría del Pueblo.

JUDICIAL

El otro S.O.S. por hacinamiento en las URI

El hacinamiento en los calabozos de estos centros de detención se eleva a 179 %, advierte la Fiscalía.

24 de diciembre de 2014

El vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo, le pidió al INPEC un plan de choque ante el incremento de personas encerradas.

El drama que viven las personas detenidas en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) es de nunca acabar. Cada hora llegan miles de personas por distintos líos judiciales y no se encuentran con un lugar digno para su detención. A esto se  suma el temor entre los habitantes de algunos barrios, pues las URI se encuentran a pocos metros de los parques infantiles.

Ante esta situación, el vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo, le envió una carta al director del Inpec, coronel Luis Ramírez Aragón, para que se tomen las medidas necesarias para solucionar la grave crisis de hacinamiento que se presenta en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) en la capital de la República.

En el documento se precisa que la capacidad de dichas unidades se encuentra desbordada en 179 % basándose en las cifras reportadas en los últimos días. “Específicamente, de la posibilidad de albergar transitoriamente a 195 personas, actualmente permanecen internas 545”.

“Ya estamos hablando de una crisis casi humanitaria al interior de las URI no solamente para los detenidos, sino también para los funcionarios judiciales, que están trabajando en condiciones inhumanas”, aclaró el vicefiscal.

Precisa la misiva que en las últimas semanas se han presentado reiterados actos de violencia entre los internos y un conato de incendio en una URI por lo que Perdomo dijo que “la Fiscalía está plenamente dispuesta a colaborar en la judicialización de las personas que no estén dejando ingresar a las personas a los establecimientos carcelarios”.

En este sentido llamó la atención sobre el hecho que actualmente las URI no están cumpliendo su función transitoria de reclusión preventiva “mientras se define su situación jurídica o es trasladada a una audiencia de control de garantías”. En las Unidades de las localidades de Puente Aranda y Engativá hay personas que incluso estando condenadas siguen allá.

“Entiendo que hay dificultades como el paro de los guardias del Inpec, que impiden que se puedan trasladar estos internos en las cárceles. Sin embargo, esta situación escapa al control de la Fiscalía. Quiero poner de presente una situación humanitaria y a las dificultades para impedir el correcto ejercicio de la labor de la Fiscalía”, explicó Perdomo.

Este S.O.S se une a los innumerables que ha hecho la Defensoría por la crítica situación que ha evidenciado no sólo en cárceles, sino en las URI. Pero no se evidencia que haya mucho que hacer. El paro judicial y el cese de los trabajadores del Inpec agravan mucho más esta situación. En conclusión, la justicia y las condiciones penitenciarias en Colombia siguen siendo una vergüenza.