Alerta roja en el DAS

Desde hace varias semanas los directivos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) andan con los pelos de punta. No es para menos. Hace poco más de un año se empezaron a implementar algunas medidas para depurar esa entidad y sacarla de la crisis que vivía por infiltraciones de organizaciones criminales. Sin embargo, una serie de decisiones judiciales no sólo podría evitar que la lucha contra la corrupción se consolide, sino que incluso amenaza con que se extienda.

En los últimos días de 2006, varios jueces le ordenaron al DAS reintegrar a cuatro funcionarios que habían sido desvinculados de la institución en 2001. Uno de ellos fue retirado del servicio porque fue sorprendido recibiendo dinero de narcotraficantes a cambio de mantenerlos informados sobre cuándo se iban a realizar operativos en su contra. Otro de los destituidos fue descubierto realizando extorsiones a contrabandistas y comerciantes. Los otros dos trabajaban en el área de inmigración y ayudaban a redes de traficantes de personas y narcos a salir del país.

La gravedad de los ilícitos que habían cometido los funcionarios estaba consignada en una serie de informes de inteligencia y contrainteligencia que les permitieron a los directivos de la época acudir a lo que se conoce como la facultad discrecional para ordenar su retiro inmediato del DAS. No tienen que justificar ni explicar la decisión. Se trata de una medida excepcional contemplada en la ley que rige para las fuerzas militares y la Policía, la cual también es aplicada por el DAS, ya que las funciones que desarrollan esta entidad y sus miembros son básicamente labores de inteligencia que inciden directamente en temas de seguridad nacional.

Los cuatro detectives destituidos demandaron al organismo y tras cinco años de litigios judiciales, consiguieron que varios jueces fallaran a su favor, ya que las pruebas que comprometían a los funcionarios no fueron compartidas con los tribunales por ser información de seguridad nacional.

Los jueces ordenaron el reintegro de los cuatro funcionarios a los cargos que antes ejercían y además condenaron al DAS a pagarles 150 millones de pesos a cada uno en promedio, como indemnización. Lo que tiene alarmados y muy preocupados a los directivos del DAS no es el reintegro de estos cuatro funcionarios, sino el hecho de que existen 480 procesos similares que cursan en diferentes juzgados en todo el país. "Sería el fin del DAS que nos tocara reintegrar a esa gente que fue destituida por corrupta. No sólo por el hecho de que a la entidad volverían delincuentes, sino porque además las indemnizaciones rondarían los 6.000 millones de pesos, lo que es un desangre para las finanzas del DAS", dijo a SEMANA un funcionario de esa entidad.

La mayoría de esas 480 demandas que actualmente cursan contra el DAS se adelanta en juzgados administrativos cuyas decisiones no pueden ser apeladas. Anteriormente, si un juez le ordenaba al DAS reintegrar un funcionario, la entidad tenía varias instancias para apelar de la decisión, la cual llegaba hasta los Tribunales Superiores o la Corte. Ahora todo está en manos de un juez. El temor que hoy ronda a los directivos del DAS es que muchos de estos jueces sencillamente desconocen las características que le permiten al DAS acudir a la facultad discrecional. Lo que es grave es que este tipo de determinaciones de los jueces no sólo amenaza con incrementar la corrupción en el DAS, sino que afecta directamente la seguridad nacional.

El DAS no es cualquier entidad del Estado. La información que se maneja es muy sensible y por eso se instituyó la facultad discrecional. Parece un contrasentido que unos jueces adopten decisiones sin tener en cuenta este crítico factor. Más en un organismo que apenas está saliendo de la crisis de la infiltración de organizaciones delictivas.