Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 4/3/2005 12:00:00 AM

Alerta temprana

El sistema electoral hace agua y ninguno de sus remedios estará disponible antes de las próximas elecciones.

Falta menos de un año para las elecciones de Congreso, previstas para el 12 de marzo de 2006, y el país no está en condiciones de realizarlas. Ninguna de las medidas de fondo que se requieren para solucionar las graves fallas que se han detectado en el sistema electoral se pueden aplicar en este breve tiempo. La conocida frase del procurador Edgardo Maya Villazón según la cual "en estas condiciones no deberíamos hacer elecciones" no es exagerada. Es un campanazo de alerta.

Maya entabló la demanda ante el Consejo de Estado que culminó con la anulación del 10 por ciento de las mesas instaladas en las elecciones de 2002. Desde entonces, diversas entidades del Estado han intervenido para evitar que se repitan las mismas irregularidades.

En el referendo promovido por el gobierno del presidente Álvaro Uribe no hubo -al menos en igual magnitud- los mismos fraudes, pero se destaparon otro tipo de irregularidades. Como el resultado fue muy reñido, generó una agria polémica sobre los problemas del censo electoral. El debate demostró que el sistema electoral colombiano sólo es confiable cuando los resultados arrojan victorias amplias, en las que las distancias entre los candidatos son mayores que los errores, buscados o no, que se cometen.

El referendo y la intervención de la Procuraduría en los comicios de hace tres años no han sido los únicos campanazos. En las modificaciones que ha hecho la Registraduría recientemente para mejorar la transparencia electoral han salido a la luz fraudes e incorrecciones que antes posiblemente existían pero no se conocían.

El panorama es muy complejo. En esta materia intervienen varias entidades que no tienen un consenso sólido sobre lo que se debe hacer y sobre lo que es factible en los 11 meses que faltan para la serie de elecciones que se realizarán en 2006: las de Congreso, la consulta popular del Partido Liberal y las presidenciales. En el tema tienen voz, además de la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral (CNE), encargado de la supervisión y vigilancia; la Procuraduría, que ha insistido en la necesidad de reformas prontas y radicales, y el Consejo de Estado, en cuyas manos está la demanda impuesta por Maya. Por su parte, el Congreso tiene en su agenda un proyecto clave para modificar el obsoleto código electoral, de 1983. Y aunque el gobierno no es protagonista principal, tiene que proveer los recursos presupuestales para la organización de las elecciones, las innovaciones tecnológicas de la Registraduría y la elaboración de las cédulas. El coro es diverso, y no existe un libreto para ajustar las diversas tonalidades.

Las fallas

La extensa investigación que hizo la Procuraduría sobre las elecciones de Senado de 2003, sirvió para detectar algunos mecanismos de fraude. En especial, la 'suplantación de votantes'. Consiste en que los jurados llenan los espacios de electores que no acuden a la mesa, fenómeno que se asocia con otra irregularidad: los jurados que están conformados por 'socios' de una misma fuerza política, o reemplazan a última hora a personas autorizadas que no aparecen el día de la elección.

Otras grietas se deben a la complejidad del escrutinio. Demasiados pasos, que comienzan con el preconteo que hace la Registraduría el mismo día de la elección, el transporte de los tarjetones para su contabilización por el CNE en las semanas siguientes y las frágiles condiciones en que se llevan a cabo estas tareas, que van desde problemas de transporte en lejanas regiones hasta precarios medios con que se manipulan las papeletas. Por ejemplo, "las famosas urnas triclaves -que se usan para llevar los votos de los municipios a las capitales- ni son urnas ni son triclaves", según la registradora Almabeatriz Rengifo. El trámite es largo y complejo, e intervienen demasiadas manos capaces de introducir errores, con intención o sin ella.

Y hay otras dificultades: la escasa eficiencia con que se dan de baja las cédulas de los ciudadanos fallecidos y las falencias del censo electoral, en el que figuran personas sin derecho a sufragar. La Registraduría ha depurado el censo en magnitudes superiores a épocas pasadas: 700.000 cédulas que podían participar en las elecciones de 2002 han sido dadas de baja. Y tiene planes para mejorar el entrenamiento a jurados con mayor anticipación, entregar las cédulas expedidas y facilitar la inscripción de votantes.

Lo anterior, sin embargo, no son más que paños de agua tibia si se tienen en cuenta otros problemas estructurales que sin cambios normativos y tecnológicos de fondo no pueden solucionarse: las leyes que regulan el sistema electoral se redactaron antes de que se introdujeran en los últimos 15 años innovaciones como el tarjetón, la elección popular de gobernadores, la circunscripción nacional del Senado, el voto preferente y la cifra repartidora, entre otras.

Todo lo anterior demuestra que se necesitan medidas de fondo. Y hay varias planteadas en distintos escenarios. Una ley estableció hace dos años que las elecciones en Colombia deben hacerse con voto electrónico. En diciembre pasado el Conpes le dio por fin luz verde a un proyecto para cambiar las cédulas de todos los ciudadanos. Y el Congreso, en la comisión primera del Senado, aprobó un nuevo texto de código electoral. No obstante, lo más probable es que ninguna de estas tres iniciativas culmine en los próximos 11 meses.

Voto trabado

El cambio de los mecanismos de votación para adoptar sistemas electrónicos como los que se usan en el mundo desarrollado tiene muchas ventajas. Al unificar en un mismo acto la votación con el escrutinio, se obtienen evidentes ganancias en velocidad y transparencia. Cambiar manos humanas por máquinas cierra algunos espacios para los errores y, sobre todo, para la manipulación deliberada.

Sin embargo, en la práctica la alternativa del voto electrónico no es una panacea. La registradora, Alma Beatriz Rengifo, considera que ya no hay tiempo suficiente para hacer los arreglos necesarios. Aunque hay entidades que ofrecen el arrendamiento de máquinas y sistemas, se necesitaría hacer traducciones al español de estos últimos, capacitar jurados y adaptar las leyes sobre escrutinio. Además hay muy diversas opciones de marcas, sistemas y tecnologías, y no todas ofrecen las mismas garantías. En consecuencia, se necesitaría un análisis amplio de las ofertas que existen en el mercado. La registradora considera que ya no hay tiempo para hacer todas estas modificaciones y optó por aplazar el cambio hasta después de las elecciones de 2006.

Rengifo estima además que las máquinas no tienen capacidad de resolver los problemas generados por las deficiencias del actual sistema de identificación, en el que hay tres tipos distintos de cédulas, muchas de ellas elaboradas con métodos artesanales y cuyos archivos están en papel. Aunque tanto la presidenta del CNE, Nidia Restrepo, como el procurador Maya consideran que se debería implementar este mecanismo de inmediato, la Registraduría ya decidió concentrarse en perfeccionar los métodos actuales.

Cédulas, para 2007

En cambio, la registradora ha puesto todas sus apuestas en la elaboración de nuevas cédulas. Después de varios meses de lobby ante el gobierno, logró la apropiación de 120 millones de dólares, desembolsados el miércoles pasado, para financiar el reemplazo de los documentos de identidad. La nueva cédula tendrá información sistematizada que permite comprobar si quien posee la tarjeta laminada es su auténtico dueño.

Sin embargo, el proceso está demorado. Aunque los fondos para financiar el programa ya están disponibles, el Conpes estableció que se debe abrir un proceso de licitación para contratar la firma encargada. Un fallo salomónico entre la registradora -que abogaba por continuar con la firma francesa Sagem, que ya ha elaborado 6,5 millones de cédulas con las especificaciones requeridas- y un sector del gobierno -encabezado por el vicepresidente Francisco Santos- partidario de enganchar una compañía diferente. En el momento, la Registraduría está elaborando los términos de la convocatoria y con las etapas que involucra, la cedulación sólo podrá hacerse después de las elecciones.

Código en veremos

La otra modificación de fondo es la reforma del Código Electoral, que ya superó parte del trámite. Se trata de un complejo mamotreto de 180 artículos, aprobado sin mucho análisis en primer debate con la expectativa de que la discusión de fondo se lleve a cabo en la plenaria del Senado y en las dos votaciones de la Cámara de Representantes.

La ley tiene elementos importantes. Replantea la manera como se lleva a cabo el escrutinio, mediante la disminución de instancias y etapas y, sobre todo, el reemplazo de jurados por personas que no son representantes de los partidos sino técnicos electorales. Este concepto -que la Registraduría no comparte- se extiende a la organización electoral y llega incluso al CNE. De otra parte, la ley clarifica las funciones y fronteras entre este Consejo y la Registraduría. Ante todo actualiza conceptos y armoniza normas con toda la legislación promulgada desde 1983.

Por tratarse de una ley estatutaria -trata de asuntos que afectan derechos esenciales-, su aprobación requiere mayorías calificadas, tiene control automático de la Corte Constitucional y debe culminar en esta legislatura. Es decir, antes del 20 de junio. Lo que es poco probable para un asunto de tanta sensibilidad entre los parlamentarios. Además hay puntos de profundo desacuerdo: el Partido Conservador, por ejemplo, aboga por la continuidad de la representatividad partidista en el CNE. Y no hay que olvidar que se trata de un período parlamentario corto, y concentrado en iniciativas clave y difíciles como la ley de justicia y paz, la reglamentación de la reelección y la reforma pensional. Aunque el senador Rafael Pardo radicará su ponencia esta semana y el procurador Maya le solicitará al gobierno un mensaje de urgencia, el tránsito del mamotreto en sólo dos meses y medio resulta poco probable.

El panorama, en síntesis, no invita al optimismo. Hay diferencias entre la Registraduría, la Procuraduría y el Consejo Electoral, sobre aspectos fundamentales como el voto electrónico y la disminución del número de formularios involucrados en los escrutinios. El gobierno -aunque la organización electoral es autónoma e independiente- tiene por costumbre asignar los dineros a última hora, antes de los comicios, además de las limitantes para aportar recursos para hacer pruebas piloto con el sistema de voto electrónico. La registradora dice que la entidad a su cargo es "paupérrima todo el tiempo y millonaria en vísperas electorales", lo que dificulta la eficacia del gasto. Y en el Congreso, el código electoral no es una prioridad.

El cuadro es grave: la mezcla de una cultura de fraude con un sistema frágil no puede producir nada distinto a un veneno contra la credibilidad de las elecciones. Peor si llega a presentarse una competencia reñida, de esas que se definen por una ventaja menor al 'margen de error' de los fraudes y errores con los que hasta ahora ha sobrevivido el sistema electoral.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1829

PORTADA

Gran encuesta presidencial

Vargas Lleras arranca fuerte, Petro está estancado, Fajardo tiene cómo crecer y los partidos tradicionales andan rezagados. Entre los uribistas, Ramos se ve fuerte. Y Santos tiene 35 por ciento de aceptación. Gran encuesta de Invamer para Caracol Televisión, Blu Radio y SEMANA.