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| 6/18/2011 12:00:00 AM

Alguien miente

La retractación del testigo clave en el caso que condenó a treinta años de cárcel al coronel Alfonso Plazas Vega por los desaparecidos de la toma del Palacio de Justicia está generando un revuelo jurídico y político en el país.

Hace un año, el coronel Alfonso Plazas Vega fue condenado a treinta años de cárcel por la desaparición de 11 personas en 1985, en la operación para recuperar el Palacio de Justicia durante la toma del M-19. En su momento, el fallo fue muy controvertido, no solo por las amenazas y presiones que sufrieron la fiscal y la juez del caso, sino porque muchos consideraron injusta una condena tan dura por un episodio de guerra sobre el cual no ha habido y probablemente nunca habrá claridad total sobre qué pasó. A esto se suma que la Procuraduría tomó la decisión de apelar el fallo en segunda instancia.

No obstante, la semana anterior el caso parecía haber dado un giro inesperado. Édgar Villamizar Espinel, un testigo que había incriminado a Plazas y que se había literalmente esfumado, reapareció para denunciar ante la Procuraduría que había sido suplantado, que la declaración suya que reposa en el expediente nunca existió y que, en consecuencia, alguien fabricó el testimonio. De inmediato, el Ministerio Público pidió revocar la condena "por considerar que existe nueva prueba en el proceso".

Según el expediente, el primero de agosto de 2007 Villamizar rindió un testimonio ante Ángela María Buitrago, fiscal delegada ante la Corte Suprema, y el procurador asignado para el caso, Henry Bustos. En presencia, además, de tres funcionarios de la Fiscalía, el testigo afirmó que cuando se dio la toma del Palacio de Justicia hacía parte de una unidad militar que se trasladó desde Meta para apoyar a la Brigada XIII. Aseguró que en esas circunstancias estaba presente cuando el 7 de noviembre un subordinado le preguntó a Plazas qué debían hacer con los sospechosos que el Ejército sacó del Palacio en llamas, y este dijo: "Cuelguen a esos hijueputas", orden que explicaría el trágico destino de los empleados de la cafetería, desaparecidos desde entonces.

Villamizar narró además escenas de tortura ocurridas en la Escuela de Caballería de la Brigada XIII. La declaración se rindió justamente en ese lugar, y todo quedó consignado en un acta de cuatro folios que firmaron los presentes.

La defensa de Plazas Vega alegó reiteradamente que el testimonio no podía ser tenido en cuenta en el juicio por múltiples inconsistencias. Entre estas, que en el acta quedó registrado el nombre de Édgar Villarreal y no Édgar Villamizar, que esta no precisa la fecha de la diligencia y que no hubo posibilidad de que la defensa de Plazas contrainterrogara al testigo. Plazas, incluso, formuló una denuncia contra la fiscal Buitrago para acusarla de fabricar pruebas.

Pero la declaración fue admitida por la juez María Stella Jara. La jurista dijo que si bien es cierto que la obtención y recaudo de la prueba "muestra defectos, como un error en la digitación del nombre del declarante, y en razón a que se practicó sin la participación de la defensa, esos vicios procesales no tienen la capacidad de menoscabar el debido proceso". Fue así como la declaración de Villamizar se consideró válida para el juicio, como una pieza importante, aunque no determinante, dentro del fallo que concluyó que Plazas es "coautor mediato de la conducta de desaparición forzada agravada". Esto significa, en castellano raso, que el coronel habría utilizado su poder de mando para que sus subordinados ejecutaran el crimen.

Por eso, cuando el pasado 23 de mayo quien dice ser Édgar Villamizar Espinel -acreditó su identidad enseñando la cédula nueva y la antigua- se presentó ante la Procuraduría para pedir protección y sostener bajo juramento que nunca antes había declarado en el caso del Palacio de Justicia y que su firma fue falsificada, quedó en el aire la sensación de que se había cometido una enorme injusticia con Plazas.

"Quiero dejar bien claro, y estando libre de presión alguna, y encontrándome en buen estado físico, mental y psicológico, que nunca estuve en ningún operativo en la retoma del Palacio de Justicia. No he tenido nunca trato personal y directo con el señor coronel Alfonso Plazas Vega, tan solo lo conozco a través de la televisión y la prensa, y nunca estuve rindiendo ninguna declaración en la Escuela de Caballería", dijo Villamizar ese día.
 
La Procuraduría consideró este testimonio como una nueva prueba y la remitió al Tribunal Superior de Bogotá a pesar de que durante la fase de apelación en segunda instancia -y la posterior y eventual revisión de la Corte Suprema de Justicia- no se pueden allegar nuevas pruebas. Aun así, dada la contundencia del testimonio, la Procuraduría, "teniendo claro que no es este el más ortodoxo camino procesal para intervenir", lo envió al Tribunal Superior de Bogotá para que sea "adjuntado" al proceso.
El procurador Alejandro Ordóñez también le envió copia a la fiscal general Viviane Morales, quien anunció que revisará la investigación que se le siguió por dos años a la entonces fiscal delegada ante la Corte Suprema, Ángela María Buitrago, por la supuesta fabricación de pruebas y que fue archivada por falta de méritos, dado que se encontró que el testimonio que Villamizar rindió en la Escuela de Caballería fue auténtico.

Efectivamente, hay muchos registros oficiales que demuestran que la fiscal no se inventó esa prueba. En otras palabras, que un testigo de nombre Édgar Villamizar rindió declaración en los términos consignados en el acta. Esto queda claro por el hecho de que el 23 de julio de 2007, un agente del CTI contactó a otro investigador para decirle que tenía un testigo para el caso del Palacio. Ese investigador, con dos agentes más, tuvo un encuentro con Villamizar y, al darse cuenta de que poseía información relevante, le pidió que rindiera una declaración ante la Fiscalía, y este dijo que lo pensaría porque le preocupaba su seguridad. Todos estos hechos quedaron registrados en informes oficiales del CTI.

Una semana después, mientras que la fiscal Buitrago, su fiscal auxiliar, el procurador Bustos y varios agentes del CTI realizaban una de las tantas inspecciones en la Escuela de Caballería, el testigo contactó nuevamente a los investigadores del CTI para entregar su declaración. Estos lo trajeron ante la fiscal y lo ingresaron a la guarnición militar en un vehículo autorizado, lo que explica por qué no quedó registro de su entrada. Una vez estuvo ante la fiscal se identificó como Édgar Villamizar Espinel, para lo cual enseñó su cédula. Dijo haber trabajado en el Ejército y en el CTI. Y sobre los hechos del Palacio, rindió la declaración imputadora que ha sido objeto de controversia.

Luego de esto, el testigo aseguró saber el lugar de la Escuela de Caballería donde estaban los restos de los desaparecidos. Condujo hasta allí a la comisión judicial, señaló el punto y dijo que si cavaban, encontrarían una losa de cemento y bajo esta, algunos de los cuerpos.

Con todos estos elementos, terminada la diligencia, la fiscal Buitrago dispuso una serie de misiones para "verificar si las cosas que nos decía Villamizar eran ciertas". Lo primero era establecer si el personaje era auténtico. Para ello se estudió su hoja de vida en el Ministerio de Defensa, en la que se encontró que el currículo de Villamizar coincidía con nombres, fechas y lugares descritos en su declaración. También quedó documentado que efectivamente había trabajado en el CTI de la Fiscalía entre junio de 2001 y abril de 2003. Y en cuanto al punto más delicado, el de la ubicación de los cadáveres, se hicieron excavaciones en el punto señalado por él en la Escuela de Caballería, en donde apareció la placa de cemento, pero no los cuerpos. Esto demostraba que tenía un conocimiento del terreno que no podía ser inventado, pero que había inconsistencias de peso en su declaración. En todo caso, con sus más y sus menos, las autoridades no lo descartaron.

Posteriormente, la Fiscalía intentó que Villamizar ampliara su declaración, como consta en varios registros de los años 2007 y 2008. Estos dan cuenta de que el testigo les manifestaba a los agentes del CTI que no lo hacía porque se sentía atemorizado y acosado. Según él, camionetas polarizadas rondaban su domicilio y alguien había entrado a su casa y se llevó hasta su ropa. Por todo ello, había manifestado en 2008 que "estaba pensando en retractarse de su declaración". Luego, simplemente se esfumó.

Han transcurrido casi cuatro años desde eso, por lo que ha caído como una bomba la noticia de que un hombre que dice llamarse Édgar Villamizar asegura que fue suplantado. La confusión de nombres con la que quedó registrada en el acta (Villarreal en lugar de Villamizar) para los investigadores no es más que un error de digitación, pues todos los otros documentos del proceso en esos años tienen el nombre de Villamizar correcto. A la Procuraduría, la semana pasada, esa persona llegó de la mano de Ricardo Puentes, un personaje dedicado a la defensa mediática de los militares. Puentes contactó al procurador Alejandro Ordóñez para hablarle de Villamizar y su interés por pedir protección y declarar que nunca antes había testificado sobre los hechos del Palacio de Justicia.

Por eso, la primera tarea de la justicia es establecer si este Villamizar y el que declaró hace cuatro años son la misma persona. Esto sucederá en pocos días, cuando los investigadores confronten al personaje de hoy. De cualquier forma, lo que sí parece quedar claro es que en este caso hay versiones contradictorias. Y tanto los argumentos en contra de la suplantación del testigo como los argumentos a favor de esta tienen vacíos que se deberían aclarar. Por ahora, lo único que hay es una duda razonable. Lo cual es muy grave, si se tiene en cuenta que ya hubo condena.
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