Alguien tiene que ceder

El presidente Álvaro Uribe venía mandándoles a las Farc el mensaje de que la decisión de su gobierno era "derrotar al terrorismo a las buenas o las malas". Se empeñaba en exigir el cese de hostilidades para poder negociar y decía que "no me van a hacer bailar al ritmo de las Farc". Insistía en que quienes se desmovilizaran de los grupos ilegales serían tratados con generosidad y benevolencia.

Lo que pocos saben es que el gobierno mantiene en secreto unos contactos directos con las Farc, paralelos a la misión de la Iglesia. Ya se conocen por lo menos cuatro importantes concesiones que el gobierno ya le hizo al grupo guerrillero para posibilitar el intercambio de prisioneros.

La primera tiene que ver con el cese de hostilidades. Como candidato, en las primeras semanas de gobierno y hasta hace sólo cinco meses, Uribe dijo que el acuerdo humanitario debe ir de la mano de un acuerdo de paz: "Para que haya acuerdo humanitario debe haber reanudación de diálogos, y esa reanudación de diálogos se tiene que dar sobre la base de un cese de hostilidades". Según fuentes allegadas al proceso esas exigencias se han flexibilizado. También se descartó su posición de que en un eventual intercambio humanitario los guerrilleros liberados por el Estado tendrían que salir de Colombia y reubicarse en un país extranjero. El gobierno accedió además a la firma de un documento en que cada guerrillero liberado se comprometa a no volver a las filas del movimiento insurgente. Y el comisionado Luis Carlos Restrepo será el negociador directo con los jefes de las Farc.

Lo irónico es que en debates públicos, muy pocos de los que conocen los intríngulis de la posición del gobierno le han reconocido que haya declinado sus exigencias iniciales como una muestra de voluntad de acercamiento y por el contrario le reclaman "indiferencia" frente al dolor que padecen las víctimas del secuestro desde hace más de siete años.

El último round contra Uribe fue en la mañana del miércoles pasado. El escenario fue el Concejo de Bogotá, que decidió apoyar un debate sobre el acuerdo humanitario. En el foro, convocado por su presidente Bruno Díaz y por la ONG 'Vivamos Humanos', se vivió más un ambiente de indignación que de resignación. En medio del dolor, las esposas e hijos de los más de 1.000 soldados, policías, congresistas y políticos secuestrados le reclamaron al presidente Uribe su actitud y en un tono enérgico dijeron: "No estamos desde aquí solicitándole al Presidente que se apiade de nuestros familiares. Venimos a exigirle que realice las gestiones tendientes a aplicar el principio humanitario plasmado en tratados internacionales. Es una obligación".

El recinto estaba lleno. Provenientes de todas las ciudades del país y del exterior, las víctimas del secuestro, ex presidentes, políticos y defensores internacionales del Derecho Internacional Humanitario plasmaron su posición frente a las herramientas del DIH y la obligación del Estado de devolverles la libertad a los cautivos.

Una de las intervenciones más conmovedoras fue la de Jaime Felipe, el hijo del ex senador Jaime Lozada. El joven, liberado junto con su hermano hace tres semanas, recordó los tres años que padecieron en poder de las Farc y la difícil y dolorosa situación que soportaron cuando los separaron de su madre Gloria Polanco, quien aún continúa en manos de las Farc. Con la voz entrecortada dijo: "Presidente, no quiero que me traigan a mi mamá en un cajón. Quiero que vuelva a abrazar a mi papá". Un silencio se apoderó del recinto. Después intervino Yolanda Pinto de Gaviria, la viuda del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, asesinado por las Farc. "A mí me dieron un cadáver libre en vez de darme un ciudadano. Haga una demostración de grandeza Presidente para resolver la libertad de los secuestrados, la que yo no pude alcanzar con mi esposo".

En este mismo debate participaron el ex presidente de Costa Rica Rodrigo Carazo y los ex presidentes Ernesto Samper Pizano y Alfonso López Michelsen. Este último propuso reemplazar el término 'acuerdo humanitario' por el de 'principio humanitario', que obliga al gobierno a devolverles la libertad a los secuestrados. "Acuerdo es una palabreja de uso diferente según quienes comparten la política de diálogo con los alzados en armas o quienes la condenan -sostuvo López Michelsen, quien además se comprometió a sacar adelante el proyecto de ley sobre alternatividad penal, y en especial uno de sus artículos que pretende darle al Presidente de la República los instrumentos legales para hacer un acuerdo humanitario- . Estamos dispuestos a facilitar las herramientas legislativas para llegar al anhelo de ver en libertad a los retenidos".

Asimismo el senador José Renán Trujillo, impulsor del artículo del acuerdo humanitario, afirmó que en el Congreso hay un muy buen ambiente para la aprobación del artículo y que el presidente Uribe respalda este proyecto de ley. "Esta es una herramienta absolutamente necesaria porque hoy el Presidente no tiene, ni por Derecho Internacional Humanitario, ni por Constitución, ni por ley vigente, la facultad de hacer una solicitud a la rama jurisdiccional del poder público para tal fin", dijo Trujillo. Igualmente afirmó que le ha pedido al gobierno nacional una comisión para avanzar en el tema del 'canje'.

Por su parte, el senador uribista Rafael Pardo explicó que un "acuerdo humanitario no significa una ventaja militar para las Farc, sino una ventaja para el Estado y se traduce en moral para la tropa, debido a que se dan cuenta de que estamos con ella".

Durante el foro, el ex presidente Ernesto Samper divulgó una encuesta que realizó el Centro Nacional de Consultoría en la que revela que el 70 por ciento de los colombianos apoya el principio humanitario, por encima incluso de la reelección. El 60 por ciento dice que en el país se viviría mejor si se pudiera hacer el intercambio humanitario y el 74 por ciento considera como un acto de grandeza si el presidente Uribe celebra el principio humanitario y logra la libertad de los secuestrados. "Estamos todavía a tiempo de que el presidente Uribe haga un acto de contrición sobre estos dos años, y llevado de este reconocimiento que le están haciendo los colombianos, podamos pensar en que el acuerdo funcione rápida y adecuadamente", sostuvo Samper.

Pero quizá lo que más alentó al auditorio doliente fueron los cinco puntos que propuso el ex presidente para destrabar el acuerdo humanitario: el primero consiste en invitar a las Farc para que como muestra de buena voluntad liberen a aquellos secuestrados que sufren problemas de salud y que hagan llegar pruebas de supervivencia recientes. Segundo, que públicamente se designe al comisionado Luis Carlos Restrepo como negociador con las Farc . Tercero, que se preparen las listas por parte de la guerrilla y del gobierno de las personas que podrían ser canjeables. Cuarto, que la Fiscalía y la Procuraduría revisen los procesos o las condenas de los presos por delitos de rebelión y sedición que no han sido señalados por delitos de lesa humanidad y quinto, que se convoque al Consejo Nacional de Paz en forma permanente.

Lo más probable es que el gobierno haga caso omiso a las propuestas del ex presidente para no caer en confrontaciones verbales como las ocurridas en los últimos días por cuenta del propio comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, a quien le cayeron rayos y centellas después de asegurar que sus antecesores "se iban a tomar 'whisky' con los guerrilleros y los embajadores se entusiasmaban hasta el delirio por ir a tomarse un foto con un hombre de camuflado y con fusil. Aquí se ha creído que adelantar una negociación es llevar razoncitas, es tratar bien a los delincuentes, así sean delincuentes políticos".

La conducta y el vocabulario del 'doctor Ternura', como le dicen familiarmente algunos en Palacio al comisionado Restrepo, fue fuertemente criticada. Pero a pesar de la reacción negativa, el gobierno confía en que estas declaraciones no le hayan hecho daño a un posible acercamiento con las Farc. "Yo creo que esta discusión está alimentada por animadversiones políticas. Pero estoy seguro de que si las Farc le hacen un guiño al Presidente, no vacilaría en escucharlos. Él ha reiterado que las puertas de los procesos de paz no están cerradas, pero nadie ha logrado un verdadero acercamiento", le dijo a SEMANA una fuente del Palacio de Nariño.

Resulta muy diciente que el gobierno se haya mantenido al margen de una discusión tan acalorada, y que haya preferido pasar de agache ante ataques de los que podría defenderse con sólo revelar su nueva postura ante el tema. Todo eso parece indicar que los contactos van por buen camino en la medida en que se mantengan en el más absoluto secreto y que las noticias sobre el tema podrían estallar en cualquier momento.