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La legalización de la marihuana es una de las propuestas de la carta dirigida a los presidentes que asisten a la cumbre

INICIATIVA

Algunas ONG ofrecen propuestas para la discusión sobre drogas en la Cumbre

Sectores de la sociedad civil organizada de siete países del continente apoyan la opción de despenalizar la tenencia de marihuana, reducir el despliegue represivo y tratar a los consumidores como un problema de salud pública. Quieren hacer llegar sus propuestas a la Cumbre de las Américas.

Karem Racines
11 de abril de 2012

Representantes de organizaciones no gubernamentales de siete países de América emitieron una carta abierta dirigida a los presidentes que participan en la VI Cumbre de las Américas, con el fin de ofrecer sus propuestas para que el tema de las drogas se aborde desde perspectivas distintas a como se ha hecho hasta ahora. Alegan que las políticas gubernamentales no han reducido el narcotráfico sino que han multiplicado y diversificado el crimen organizado. 
 
"Es tiempo de que la agenda de política de drogas de los gobiernos cambie su sentido y centre el esfuerzo en respuestas alternativas, innovadoras y concertadas que permitan un abordaje integral de los problemas asociados a las drogas", apunta el comunicado firmado por Acción Andina - Colombia; Acción Andina - Bolivia; Centro de Investigación "Drogas y Derechos Humanos" Perú; Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas A. C., México; DeJusticia - Colombia; Intercambios A. C., Argentina; Transnational Institute, Países Bajos, y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) Estados Unidos.
 
Entre las acciones que proponen los remitentes se destaca separar el uso de drogas de los campos penal y de seguridad. Es decir que no se catalogue a los consumidores como delincuentes, de tal manera que los esfuerzos de las agencias de seguridad se orienten hacia la lucha contra el mercado ilegal y no se disperse hacia los usuarios de las sustancias prohibidas. También sugieren que los delitos vinculados con las drogas sean penados de forma proporcional, con la intención de descongestionar las cárceles y los sistemas de justicia que están repletos de infractores que incurren en consumo, venta al menudeo o campesinos cultivadores.
 
Otra de las propuestas que apuntan los miembros de estas organizaciones civiles es que se regule el mercado del cannabis (marihuana), así como despenalizar la tenencia y el cultivo para consumo personal, puesto que esto ha resultado costoso, inefectivo y contraproducente.
 
"El extendido uso de la planta y su enorme disponibilidad, aunados a la facilidad para ser producida en casi cualquier latitud y condición, hacen necesarios cambios en su regulación que garanticen una fiscalización estricta del Estado sobre producción, disponibilidad y consumo fuera del mercado abierto; de forma tal que además se fortalezca el esfuerzo de la autoridad en aquellas actividades que, como la violencia y el narcotráfico, son mucho más lesivas para el tejido social", dice la nota.
 
La carta abierta dirigida a los presidentes que se reúnen este fin de semana en Cartagena describe que lograr el consenso para estas reformas requiere "generar un debate hemisférico" que tenga en cuenta las lecciones aprendidas del pasado y las llamadas batallas perdidas en la guerra contra las drogas. Proponen que el debate esté liderado por un grupo de expertos de la región que se concentren en delinear políticas basadas en la paz, la justicia, el respeto a los derechos humanos y la salud.
 
Las ONG responsables del comunicado también consideran que es necesario incorporar un abanico completo y diverso de respuestas de salud pública, un enfoque integral de desarrollo alternativo frente a los cultivos de uso ilícito, y reconocer los usos tradicionales de las plantas ancestrales como la hoja de coca.
 
Finalmente, proponen reducir el despliegue represivo y poner énfasis en la persecución del crimen organizado, a través de acciones de inteligencia y castigo contra conductas dolosas de tipo financiero, lavado de dinero, corrupción de las fuerzas represivas y la convivencia del crimen organizado con distintos sectores del Estado y las estructuras gubernamentales regionales y locales.