Aliados contra el crimen

Los estudiantes de una importante universidad, ubicada sobre la Vía Panamericana, vivieron segundos de terror el viernes 21 de mayo. Ese día fueron testigos de una infernal balacera desatada sobre las 6 de la tarde, la hora de mayor congestión. Los ocupantes de un Hyundai y un Chevrolet Corsa se disparaban con armas de largo alcance en medio de una persecución al mejor estilo de Hollywood. La mortal carrera terminó cuando una buseta intermunicipal se estrelló con los dos vehículos cuando estos irrumpieron en su carril. Murieron en el sitio dos hombres a quienes el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Mario Gutiérrez, identificó como sicarios del narcotráfico. La noche sangrienta sólo terminó cuando más tarde un comando de 10 hombres armados con fusiles ingresó en un conjunto residencial donde dieron muerte a cuatro de los sobrevivientes.

Para el comandante de la Metropolitana este no es un hecho aislado pues forma parte de la cadena de asesinatos selectivos y masacres que tienen azotada a Cali desde octubre del año pasado y que han disparado los índices de muertes violentas a un promedio mensual de 198 asesinatos. "El rompimiento entre dos antiguos socios del cartel del norte del Valle del Cauca, Diego Montoya y Wilber Varela, inició una guerra infame por el poder dentro de la organización que afecta las cifras de Cali y su área metropolitana", asegura el alto oficial. Presionados por esta coyuntura, los organismos de control explican la génesis de la violencia actual acudiendo a la historia. Para el general Antonio Ladrón de Guevara, comandante de la tercera división del Ejército, "Cali lleva una década en que el promedio de muertes violentas anual se sitúa por encima de los 2.000 homicidios, y revertir esa tendencia es un reto enorme que estamos asumiendo", puntualizó.

Las cifras de abril y mayo confirman que las medidas impuestas desde marzo por el alcalde Apolinar Salcedo para frenar esta racha de violencia, como el toque de queda para menores, la ley seca en 21 barrios, las motos sin parrillero y la restricción al porte de armas, se han quedado cortas. La preocupación trascendió el ámbito local y el propio presidente Uribe participó en tres consejos de seguridad. "Al Presidente se le envía un reporte diario con los casos que registramos", confirmó el comandante de Policía.

Algunos analistas del fenómeno de la violencia en Cali como María Isabel Gutiérrez, directora del Instituto de Investigación en Violencia, Cisalva, son fuertes críticos de las medidas adoptadas por el municipio. "Los alcaldes de los últimos 10 años no han sostenido una política de seguridad clara e integrada con los organismos de control, no hay trabajo en conjunto y cada vez que las muertes superan cierto número aparecen las medidas para apagar el incendio", señaló la investigadora. Según su análisis, lo más preocupante es que mientras esto sucede nadie hace nada por detener las causas estructurales de la violencia como son la pobreza y marginalidad de un amplio sector de la población, además de la cultura del sicariato y de las pandillas que hace carrera entre los jóvenes caleños como proyecto de vida.

Mientras se pone en marcha la anhelada política pública de seguridad del alcalde Salcedo y el presidente Uribe presiona desde Bogotá por resultados, en los cuatro primeros días de junio se registraban 15 homicidios en Cali, 10 menos que el año pasado, pero 15 muertos al fin y al cabo.