Aló... Presidente

Yo prohibi que el gobierno dé declaraciones imprudentes", dijo el presidente Alvaro Uribe el pasado 22 de febrero en el consejo comunitario de Riohacha en respuesta a unos comentarios del ministro del Interior y Justicia, Fernando Londoño, sobre el gobierno de Venezuela. Parecía el punto final a una serie de desafortunadas salidas en falso de altos funcionarios del Estado sobre temas tan diversos como los abstencionistas del referendo, las relaciones internacionales y los aranceles.

Sin embargo pasó tan sólo una semana de la perentoria orden presidencial cuando Marta Lucía Ramírez, ministra de Defensa, se enzarzó en una polémica de titulares con el general Héctor Fabio Velasco sobre la donación de ocho aviones Mirage por el gobierno de España. A pesar del comunicado del general Velasco el daño estaba hecho. La encargada de las relaciones entre el poder civil y los comandantes militares evidenció públicamente que algo no andaba bien en dichas relaciones tan clave en la lucha contra el terrorismo. Semejante descoordinación lanza mensajes ambiguos a la opinión pública.

Las dudas sobre la política de comunicaciones de la administración Uribe no se hicieron esperar. En especial porque el mismo primer mandatario había marcado desde su campaña presidencial una pauta de prudencia y reserva en el manejo de los temas prioritarios de su agenda como la seguridad democrática. Muchos analistas elogiaron la claridad y coherencia de sus mensajes de campaña, que indudablemente le ayudaron a ganar las elecciones por tan amplio margen. Además esta postura se distanciaba de los gobiernos afectos a la aparición constante en los medios y a la 'videopolítica'.

No obstante una cosa es el control férreo del candidato Uribe sobre su equipo de campaña y otra, muy distinta, el manejo de un gabinete y de la jerarquía castrense con la cantidad de temas que deben tratar diariamente. De una manera progresiva la descoordinación afloró y las contradicciones, los regaños y los bochornosos enfrentamientos comenzaron a desdibujar el propósito inicial del presidente Uribe de un trato mesurado y discrecional de la agenda de gobierno.



¿Que esta pasando?

Es evidente que en los casos de los ministros Fernando Londoño y Marta Lucía Ramírez, así como en las declaraciones del vicepresidente, Francisco Santos, sobre los abstencionistas, no se respetaron ni los canales de comunicación ni las competencias. Es decir, qué hace el jefe de la cartera de Interior opinando sobre política exterior. Como lo afirma Samuel Salazar, encargado de la prensa durante la administración Pastrana, "debe haber ciertas personas autorizadas para tratar ciertos temas dentro del gobierno. No todos pueden hablar de defensa o de paz".

A lo anterior se suma la fama que tiene el presidente Uribe de dominar una amplia gama de asuntos, que van desde agricultura hasta ingeniería. Por ende, el primer mandatario actúa como Presidente, ministro, consejero y asesor. La ventaja de esta política de comunicación es que proyecta un líder omnipresente, preocupado de lo más mínimo, con margen de maniobra en todos los niveles de la administración pública y con una claridad diáfana en sus objetivos. El lunar es que el que mucho abarca poco aprieta: tanto control deja vacíos que son llenados por las intervenciones de los demás funcionarios.

En las últimas semanas se ha revitalizado la discusión sobre la necesidad de que el gobierno tenga un vocero, o spokesperson, de uso común en la democracia estadounidense. Este funcionario estaría encargado de manejar la prensa y sería la única voz autorizada para hablar por el primer mandatario. Así se evitarían los inconvenientes y el ruido que causan las declaraciones de ministros y generales. Además ayudaría a unificar el discurso público.

Sin embargo la experiencia en Colombia no ha sido exitosa. Varias veces se ha intentado institucionalizar la figura infructuosamente porque ni los medios de comunicación ni los altos funcionarios están listos para una relación de ese estilo. Un tratamiento centralizado y monopólico del discurso acabaría con los contactos personales, las 'chivas' y las filtraciones a las que ambas partes están acostumbrados.



Mas cerca de la gente

A pesar de eso la administración Uribe ha logrado consolidar los consejos comunales como la expresión máxima de esa política de manejo personalista de la agenda de gobierno. Estos encuentros son una revolución en el tema de la comunicación política en Colombia. Acercan a los ministros a las personas y los temas locales así como a funcionarios regionales y compromete tanto al Estado como al ente territorial a cumplir acuerdos.

"Sin duda son impactantes en la opinión pública pero corren el peligro de desgastarse al volverse reiterativos. Después de los consejos se debe evaluar y cumplir para que no se quede en escuchar a la gente", afirma Jorge Iván Bonilla, director de la maestría de comunicación de la Universidad Javeriana.

La prueba de fuego para los consejos vendrá este año cuando el equipo de gobierno regrese a las ciudades para evaluar los avances, como ya lo hizo en Riohacha hace dos semanas. Además los funcionarios han tomado atenta nota en un software de los compromisos a los que llegan, no sólo el Estado sino los ciudadanos y los gobiernos locales. Por ahora, que la gente sienta cerca a la plana mayor de la administración nacional y que a su vez los altos funcionarios se sensibilicen y conozcan el país palmo a palmo es un enorme avance.

Con altos y bajos la estrategia de comunicación del gobierno ha perdido cohesión interna pero ha mantenido el rumbo. A raíz del lío causado por las declaraciones el presidente Uribe expidió una directiva presidencial para que los funcionarios manejen con mesura sus comentarios a los periodistas. Fuentes cercanas a Palacio confirmaron a SEMANA que el Presidente ha instado a los ministros a que "lo importante es hablar poco y mostrar resultados". Sin embargo, "es tan peligroso para la democracia el secretismo de Palacio como la orgía del micrófono", dice Germán Rey, experto en medios.

No es buen momento para que los mensajes del gobierno tengan interferencias. En medio de la política de seguridad, el combate al terrorismo, la campaña por el referendo y la búsqueda de la reactivación económica lo peor que podría pasar sería que la administración perdiera la alta credibilidad de que goza entre los colombianos por excesos verbales. En especial cuando los objetivos están claros y son compartidos por el equipo de ministros.