Aló, ¿San Vicente?

La semana pasada se cumplieron 10 años de la votación de la Séptima Papeleta, que hizo posible la Constitución de 1991. Los estudiantes de aquel entonces convocaron a un encuentro el jueves pasado, cuyo objetivo era llamar la atención del país sobre lo que el gobierno va a negociar con las Farc. El sitio escogido era simbólico: el auditorio de la Universidad de la Salle en Bogotá, donde hace 10 años una reunión de más de 1.200 estudiantes de todo el país le dio inicio al proceso de la Séptima Papeleta, el cual cambió la historia del país.

Los ex estudiantes crearon un correo electrónico para informar sobre el evento y enviaron boletines de prensa a los medios. El tema fue tratado por los noticieros, tema del día en varias emisoras y objeto de un editorial de El Tiempo. Sin embargo, la respuesta no fue la esperada. En contraste con los 1.200 participantes de hace 10 años, se hicieron presentes cerca de 80 personas. Y, a pesar de llevarse a cabo en una universidad, brillaron por su ausencia los estudiantes de hoy. No obstante los organizadores no perdieron el ánimo. Como dijo uno de ellos: “Somos pocos pero esperamos ser muchos”.

¿Por qué esta reacción del estudiantado cuando lo que se está discutiendo es tan importante? En palabras de Catalina Botero, ex líder estudiantil y actual magistrada auxiliar de la Corte Constitucional “la apatía de los estudiantes de hoy es increíble. Están derrotados sin haber dado la pelea. Son individualistas, no tienen sueños colectivos ni utopías”.

Pero, más allá de esta situación, lo cierto es que el debate de los ex estudiantes es vital y está muy bien fundamentado. Son básicamente tres argumentos. El primero es una preocupación, el segundo una propuesta y el tercero una advertencia.

La preocupación es muy simple: como dijo Claudia López, hoy directora de Acción Comunal del Distrito, “si el costo de un nuevo proceso es una nueva reforma a la Constitución, no hay problema. Pero que no se echen para atrás las conquistas que se lograron”. En otras palabras, que la negociación no se convierta en una contrarreforma que eche para atrás los logros de la nueva Carta, como los derechos fundamentales y los mecanismos de participación ciudadana. Además la reforma debe ser legítima y democrática. Según Oscar Guardiola Rivera, otro ex líder estudiantil y profesor de la Javeriana, “esta paz no puede ser una negociación cerrada entre élites y cúpulas”.

La propuesta también es clara. La Constitución del 91 se quedó corta en materia de participación. Ni las leyes por iniciativa popular (hoy se necesitan 25 veces los votos que obtuvo el senador Luis Guillermo Vélez para aprobar una), ni la revocatoria del mandato (van dos generaciones de alcaldes y ni a uno solo se le ha podido revocar el mandato), ni referéndums, plebiscitos o consultas populares han funcionado del todo. Según los estudiantes del 91 la clase política se encargó de reglamentar estos mecanismos de tal forma que se volvieron letra muerta.

Y finalmente la recomendación también es muy directa. Según Alejandra Barrios, que hoy trabaja en el Parlamento Andino, “si algo aprendimos es que no se puede cambiar el país político con una reforma constitucional. Reformando el librito no se logran cambios de comportamiento”. Y agrega, “de lo que se está haciendo en el Caguán tienen que salir cambios de mentalidad”.

Pero la pregunta subsiste. Si las ideas son tan claras y coherentes, ¿por qué la indiferencia del público? Tal vez la respuesta sea que los colombianos le están dando un compás de espera al gobierno, que interpretó los 10 millones de votos del Mandato por la Paz como una orden de hacerla a toda costa. Cabe entonces recordar una frase que también estaba de moda hace 10 años: Amanecerá y veremos.