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| 1/28/2012 12:00:00 AM

Alta tensión

El último incidente entre Santos y Uribe es menos grave de lo que parece. Pero la relación se ha deteriorado tanto que ya no hay cómo tramitar ni siquiera las diferencias menores.

La última pelea entre el presidente Juan Manuel Santos y su antecesor, Álvaro Uribe, tuvo características que la hicieron parecer definitiva y sin retorno. Uribe, en carta pública, le pidió a Santos “hacer algo” para evitar “la venganza criminal contra su gobierno” de la cual responsabilizó al ministro del Interior, Germán Vargas Lleras. La furia de Uribe, esta vez, estaba alimentada por la inminente audiencia programada por la Fiscalía para imputarle cargos al excomisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, por las irregularidades ocurridas en la desmovilización del frente guerrillero Cacica La Gaitana, en marzo de 2006.

Apenas unas horas después se supo que el gobierno de Santos decidió constituirse formalmente como víctima en el proceso. Esta condición le permite acceso al expediente y lo pone de contraparte de quienes llevaron a cabo la desmovilización, entre los cuales, además de Restrepo, están quienes estaban a la cabeza de otras entidades del gobierno, co-
mo Acción Social –que giró el dinero para los desmovilizados– y el propio Ejército –que intervino en la logística–. Formalmente, los gobiernos de Santos y de Uribe quedaron, de esta forma, enfrentados en forma directa en los estrados judiciales.

Para empeorar las cosas, el caso de Luis Carlos Restrepo tiene connotaciones políticas que lo convierten, para el uribismo, en el gran punto de honor en su guerra fría contra el santismo. Restrepo fue la mano derecha del presidente Uribe nada menos que en la controvertida política de diálogo y desmovilización con los grupos paramilitares. Ya el propio excomisionado, el 20 de diciembre pasado, había mostrado lo que su posible carcelazo significaba para su grupo político cuando la Fiscalía anunció su decisión de acusarlo. Restrepo puso en marcha una intensa campaña mediática en la que, con una vehemencia que no se le había visto hasta el momento, atacó a la Fiscalía, al gobierno y a todo el mundo.

La pelea Uribe-Santos tuvo visos hasta ahora inéditos. Para los miembros del anterior gobierno es inconcebible que el actual enfile baterías contra ellos, como si Juan Manuel Santos no hubiera sido ministro de Defensa de Uribe ni hubiera apoyado la política de desmovilización de los grupos paramilitares. Con su actitud de declararse víctima, el santismo no solo fue considerado traidor y desleal en el círculo cercano al expresidente,  sino que asumió  una actitud hostil.

Por eso esta vez, en lugar de trinos con mensajes indirectos y medio cifrados de 140 caracteres, Uribe le envió a Santos una carta formal y varios de sus seguidores al unísono la emprendieron con todo contra el gobierno. El tono subido y la sensibilidad reflejada dejó la sensación de que se estaban quemando las naves de la difícil relación entre el actual mandatario y su antecesor y que se estaba agotando el esquema en el que los jefes se ‘hacían pasito’ y los colaboradores de segundo nivel se daban con todo, pero debajo de la mesa.

La actitud del gobierno, sin embargo, tuvo motivaciones jurídicas y no políticas, según sus principales voceros: el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, y Cristina Pardo, secretaria jurídica de la Presidencia. Según ellos, las tres entidades del Estado que se constituyeron como víctimas –los ministerios de Justicia, Defensa y del Interior, más la Presidencia de la República– no hicieron otra cosa que responder a un llamado de la Fiscalía. Esto había ocurrido el 9 de diciembre pasado: el fiscal que lleva el caso citó a las tres entidades como víctimas a una audiencia de restablecimiento del derecho, en el curso de la cual la Fiscalía presentó ante el juez de control de garantías una solicitud para que ordenara la suspensión de los pagos, y beneficios en general, a los falsos desmovilizados del bloque Cacica La Gaitana. El 16 de enero las tres entidades le dieron poder a Camilo Burbano Cifuentes para que las represente en el proceso.

El argumento de que el gobierno actuó más por razones procesales que políticas no es absurdo. El nuevo derecho penal, después de varias reformas y de la introducción del sistema acusatorio, le da una gran importancia a las víctimas. Si un particular es llamado por la Fiscalía para actuar en tal condición tiene la potestad de aceptar o no la convocatoria. El dilema pertenece a su fuero personal. Pero cuando se trata de organismos estatales la situación cambia, sobre todo en los casos en los que hay detrimento patrimonial. Cuando hay recursos del Estado en juego, un eventual fallo en contra del Estado puede afectar incluso el patrimonio de los funcionarios responsables.

Y eso es lo que ocurre en el caso de la desmovilización del frente Cacica La Gaitana. La semana pasada la contralora general, Sandra Morelli, anunció apertura de procesos contra varios exfuncionarios de Acción Social, de la Consejería de Paz y del Ejército. Según Morelli, está investigando el caso de 33 desmovilizados falsos a quienes se les pagaron mesadas y en cuya desmovilización el Estado incurrió en otros gastos. Esa perspectiva se limita a unos casos y obedece a la naturaleza institucional de la Contraloría, que vigila la manera como se gastan los fondos públicos. Pero en las indagaciones de la Fiscalía y en denuncias de prensa hay más  irregularidades, y de mayor gravedad.

La posición de los uribistas, expresada por el abogado Jaime Granados, es que el gobierno ha debido esperar al menos hasta que el proceso llegue a la etapa de acusación formal y que el actual “no es el momento procesal adecuado”. Sobre eso hay contraargumentos jurídicos defendidos por Cristina Pardo, quien sostiene que el gobierno no tenía una opción distinta a hacerlo ahora. El hecho es que, aun si se asume que el punto es controversial, no es de fondo sino de forma: no es tanto sobre si se debe hacer o no, sino cuándo.

Hay otros puntos más complejos. Los antiuribistas han criticado la expresión “haga algo”, utilizada por Uribe en su misiva al presidente porque, según ellos, asume que Santos podría meterle la mano a los procesos judiciales contra exfuncionarios de la administración anterior, lo cual es ilegal y viola un principio constitucional esencial: la separación de poderes. Eso no cabe, ni siquiera, dentro de las funciones de un jefe de Estado que debe velar por el cumplimento de la justicia. Y tampoco tiene piso la idea de que la posición del gobierno significa prejuzgar la culpabilidad de Restrepo, porque ese dictamen no le corresponde al Ejecutivo.

Pero más allá de lo que dicen los códigos, el hecho es que la queja uribista es que el gobierno de Santos dejó abandonado a Uribe ante una especie de linchamiento colectivo de los medios y del poder judicial. En una durísima columna publicada en El Colombiano, el exvicepresidente Francisco Santos acusó al gobierno actual de “deslealtad, puñalada trapera y traición”. Semejantes términos dan la medida del punto de ruptura y confrontación al que llegaron las relaciones entre el uribismo y el actual gobierno.

Lo que demuestra el episodio de Luis Carlos Restrepo, de hecho, es que la falta de comunicación, las heridas abiertas y la pugnacidad han agotado las posibilidades de tramitar los temas espinosos. En otras condiciones habría bastado una llamada de Santos a Uribe para explicarle las razones jurídicas de la declaratoria de víctimas por parte del Estado. Pero, como se sabe, Uribe no responde el teléfono. La distancia entre los dos cada día es más grande y ese es el peor escenario imaginable para la cascada de decisiones que se avecinan, por parte de la Justicia, contra exfuncionarios del gobierno anterior.
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