Domingo, 22 de enero de 2017

| 2008/02/09 00:00

Alta tensión

A toda costa el gobierno buscará este lunes vender tres electrificadoras en un proceso rodeado de dudas por su transparencia y por el valor al que se ofrecieron.

Decinco eléctrificadoras que el gobierno ofreció en venta el pasado diciembre, sólo serán vendidas tres esta semana. Las otras están con medidas cautelares tras una seguidilla de demandas por supuestas irregularidades

Con gran esfuerzo y mu- cha prisa el gobierno busca este lunes coronar una de las ventas de activos públicos que más tropiezos ha enfrentado. Se trata de buscarle comprador a su participación en tres electrificadoras, la de Santander (Essa), Centrales Eléctricas de Norte de Santander (Cens) y la Empresa de Energía de Cundinamarca (EEC), que hacen parte de un paquete de cinco compañías de este tipo que salió a vender al terminar el año pasado. Ese proceso quedó enredado tras varias controversias que dejaron inquietudes sobre posibles irregularidades en la negociación. En ese momento se esperaba que la venta le dejara al menos un billón de pesos a la Nación.

Las objeciones vinieron de distintos frentes. Sindicatos y oposición señalaron que el gobierno no cumplió con la ley al dejar por fuera, según ellos, la posibilidad de que trabajadores, pensionados o cooperativas compraran grandes paquetes accionarios. A esto se sumó el reclamo de algunos minoritarios que alegan no se les respetó su derecho de compra preferencial. Luego vinieron cuestionamientos según los cuales se estaban feriando las empresas al ofrecerlas a un precio menor a su valor real, lo que llevó a un control de advertencia por parte de la Contraloría General. Los reclamos desembocaron en una seguidilla de acciones populares que frenaron la venta en Norte de Santander y de la Empresa de Energía de Boyacá (Ebsa) y la Empresa de Energía del Meta (Emsa). Para superar el escollo se suspendió el proceso y buscaron opciones sobre cómo retomar la venta, hasta ahora.

El gobierno asegura que no hay espacio a las dudas planteadas por minoritarios y el sector solidario pues, dice, se ha actuado según la ley. Pese a esto hay varias demandas que están siguiendo su camino en los estrados judiciales. Según el viceministro de Minas y Energía, Manuel Maiguashca, quien ha estado al frente del proceso, "es mucha la presión en algunas regiones por parte de sectores políticos que tienen fuerte arraigo en estas empresas". Esto puede ser cierto, no es extraño que empresas de este tipo puedan ser parte del fortín burocrático de algún político que además saca dividendos de sus contrataciones. Maiguashca reconoce que hubo "reparos juiciosos" que se tuvieron en cuenta como el hecho por la Contraloría, de ahí que se hicieron varios ajustes. El más importante de ellos fue el cambio del precio mínimo de venta luego de que se revisaron las proyecciones de la rentabilidad de las empresas. Con este cambio se incrementó en promedio el precio base de venta en 23 por ciento. Para el caso de las tres electrificadoras que se ofrecen el lunes, eso significa que pasaron de valorarse en 618.000 millones de pesos a 762.000 millones de pesos, un aumento nada despreciable, e inexplicable que no hubiera sido tenido en cuenta antes.

Con este cambio el gobierno considera que se superan los reparos incluso en el caso de la empresa de Santander que tiene sobre sí una decisión judicial a espera de revisión en segunda instancia. Queda pendiente la venta de las empresas de Boyacá y Meta, que están sujetas a medidas cautelares.

Para el ejecutivo esta negociación es de gran importancia. En conjunto es el activo de mayor valor que le queda por vender lo que lo acerca a la meta de este gobierno de salir de todas las actividades que 'distraen' su atención para concentrarse en otras como fortalecer su labor de regulación. Además, está previsto que el dinero recaudado, ya incluido en el presupuesto de este año, se destine para cumplir con inversiones en los departamentos de donde son las electrificadoras. También se busca que haya una mejoría en la prestación del servicio. Hay ocho firmas precalificadas que pueden participar en la negociación: Codensa, Enertolima, EPM, Electrificadora del Nordeste, Distrienergía, AEI Colombia Distribución, Norein y Comercializar S. A., varias de ellas más allá del entusiasmo de un buen negocio, tienen altos intereses estratégicos, por lo que pueden consolidar los servicios que prestan en grandes regiones del país. De ahí que se la puja del lunes será de alquilar balcón.

Los cuestionamientos que ha tenido este proceso no han sido despreciables, de ahí que efectivamente se hicieron ajustes. Lo que espera la ciudadanía con una transacción con tanto ruido alrededor es que no haya más cuestionamientos sobre su transparencia, y que se logre obtener de ella la mayor cantidad de recursos posible para beneficiar a los colombianos.

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