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| 1/21/2017 12:48:00 PM

Arranca la puja por las presidencias de las Altas Cortes

En la Corte Suprema se vive una intensa puja pues ese cargo es esencial para definir quienes serán los miembros de la terna para dos cupos en la Corte Constitucional. Se avecinan semanas definitivas para el futuro de la Justicia.

La pelea por la presidencia de las Altas Cortes suele desencadenar las más profundas tensiones al interior del Palacio de Justicia. En el pasado, esa selección, aparentemente inofensiva, ha creado rencillas irreconciliables entre los magistrados que terminan por afectar las decisiones más importantes que se toman en esos organismos. 

Si bien el nombramiento en este cargo no tiene una incidencia directa en los procesos, sí otorga otras funciones que pueden llegar a determinar algunas decisiones. Los presidentes eligen el orden del día, firman los comunicados de prensa y designan el procedimiento de los nombramientos en los que tienen alguna intervención (Fiscal General, Procurador General, Magistrados de la Corte Constitucional y sus propios reemplazos en la Corte Suprema y el Consejo de Estado).  Por otro lado, los presidentes también tienen la vocería en posturas claves que se discuten a puerta cerrada lo cual les otorga un poder adicional y una figuración en medios de comunicación única, pues de todos los magistrados, solo ellos pueden dar entrevistas. 

Sin muchas sorpresas, pero sí con importantes efectos, en las próximas semanas se conocerán quienes serán los Presidentes y Vicepresidentes de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. En los altos tribunales, que tienen la implementación del proceso con las Farc de primera en la agenda del año, la expectativa se centrará en cómo quedará la repartición de competencias con la nueva Jurisdicción para la Paz. 

La renovación de la Corte Constitucional

El cambio de cinco de los nueve magistrados de la Corte Constitucional tiene en alta tensión a la justicia. Y para enfrentar esta transición la Corte elegirá en la Presidencia al magistrado Luis Guillermo Guerrero. Es Javeriano, al igual que el Fiscal, el Procurador, el Defensor y el Registrador.

Guerrero es un constitucionalista riguroso y férreo en sus posiciones, al punto que no es extraño verlo votando solo en contra del resto de la Sala Plena de nueve magistrados. Si bien su postura es conservadora, díficilmente habrá cambios en la tendencia liberal de la Corte, pues la mayoría de la Corporación tiene esa posición desde hace varios años, la cual se consolodaría cuando se posesione Antonio José Lizarazo, quien ganó en diciembre pasado en el Senado. Además este mismo año se elegirán dos magistrados de ternas del Presidente y dos más de la Corte Suprema de Justicia. Se anticipa que en ambos escenarios serán ternados magistrados con tendencia progresista. 

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Aunque Guerrero no es un elemento unificador no hay duda de que su voz suena duro, al punto de que sus salvamentos de voto permiten a ciertos sectores mantener la confianza en un Alto Tribunal que viene de crisis difíciles. Y logra esto sin alejar del todo a los sectores más liberales y progresistas, ya que es uno de los magistrados más sólidos jurídicamente.

Lleva más de 20 años en la Corte Constitucional, fue magistrado auxiliar y con 57 votos en el Senado fue elegido para reemplazar a Juan Carlos Henao. Fue asesor del exconstituyente Juan Carlos Esguerra y magistrado auxiliar de Hernando Yepes en la Judicatura.

Guerrero fue quien abrió la puerta a la adopción de parejas del mismo sexo en Colombia, siempre y cuando se tratara del hijo biológico de alguno de los solicitantes. Meses después, argumentando desacuerdos jurídicos, se opuso al estudio que hicieron sus compañeros frente al matrimonio y la adopción sin restricciones para este tipo de uniones. 

El magistrado nariñense ganó el premio Justicia y Convencionalidad del Instituto Interamericano de Derechos Humanos por la sentencia que en el 2014 ordenó al Congreso la creación una doble instancia para todas las sentencias condenatorias. En Colombia los casos de aforados en la Corte Suprema de Justicia son de única instancia. En defensa de ese derecho Guerrero, por ejemplo,  propuso revisar y tumbar las sentencias que condenaron a Sabas Pretelt, Diego Palacio y Alberto Velásquez por la Yidispolítica; postura a la que se opuso la mayoría de la sala. 

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Su posición frente a la Ley de Equilibrio de Poderes que creó un Consejo de Gobierno Judicial fue clave para tumbar una porción importante de esta reforma constitucional. En fallos como el del Fast Track y el Plebiscito, Guerrero se apartó del resto de la Corte.

Para muchos, Guerrero es el ejemplo de lo que debería ser la Corte Constitucional cuando se invoca la necesidad de que sus integrantes tengan una alta formación jurídica y posturas ideológicas diversas. Esto reviste al máximo tribunal de lo constitucional de credibilidad frente a los fallos que emite.

La Suprema otra vez bloqueada

Si hay una presidencia que incide en poder pasar la página en momentos críticos es la de la Corte Suprema de Justicia. El año pasado, fue la elección de Margarita Cabello Blanco en la vocería para poder superar una parálisis de meses por cuenta de la falta de 6 de sus 23 magistrados. El mismo día que eligieron a Presidente y Vicepresidente se pudieron elegir los reemplazos de las vacantes que amenazaban con bloquear definitivamente el quórum. Una vez la Corte estuvo completa se destrabó la elección de Fiscal General.

El episodio se repite este año. La Corte está en deuda de enviar dos ternas al Congreso para elegir  quiénes serán los próximos magistrados a la Corte Constitucional. Aunque el año pasado, fueron varias sesiones en las que se intentó llegar a un acuerdo, las apuestas estaban aún lejos de llegar a las mayorías. Los consensos quedaron golpeados por la división que generó el proceso de paz con las FARC y porque solo la Sala Penal fue llamada a integrar el comité de elección de magistrados a la jurisdicción de paz.

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En esa coyuntura, los rumores comenzaron a circular acerca del nuevo bloque y el cambio de Presidencia sería el aire que la Corte necesita para una rotación de poderes y nuevos contrapesos. Por ello, se espera que este jueves 26 de enero, en Sala Plena, los magistrados elijan al próximo presidente que, según primeros conteos, sería el magistrado de la Sala Laboral Rigoberto Echeverri.

Echeverri, abogado de la Universidad de Caldas, desplazó con mayoría de votos en el 2016 en su aspiración por la Vicepresidencia a Mauricio Burgos. Este último contaría con al menos tres votos para iniciar una competencia este año por la carrera a la Presidencia.

La importancia de quien asuma la vocería del alto tribunal este 2017 radica en dos circunstancias: primero, que de esto depende cómo se den los equilibrios para la elección de las ternas que serán enviadas al Congreso de donde saldrán dos magistrados de la Corte Constitucional, y que asuma, de otro lado, una vocería representativa en los temas de paz, reto nada fácil teniendo en cuenta que este tribunal está tan polarizado como el resto del país alrededor del tema.

En este contexto también se dará la puja por la Vicepresidencia, que le corresponde este año a un magistrado de la Sala Penal de la Corte. A este lugar aspiraría el magistrado José Luis Barceló, quien el año pasado como presidente en encargo logró conciliar las diferencias para superar la crisis y el magistrado Gustavo Malo, quien no genera mayores resistencias de los sectores de la Corte.  

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Expectativa en el Consejo de Estado

El 31 de enero y como primer punto del orden del día, la Sala Plena del Consejo de Estado votará por su Presidente y Vicepresidente. En el caso del primero está casi definido. Para asumir la vocería de esta corporación se postulará el magistrado Jorge Octavio Ramírez, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y exmagistrado durante 25 años del Tribunal Administrativo de Antioquia.

Ante el impedimento de Danilo Rojas como Presidente, Jorge Octavio Ramírez fue el encargado el año pasado de asumir las riendas de las sesiones en las que el Consejo de Estado logró tomar una decisión definitiva en el caso del exprocurador Alejandro Ordóñez; decisión que tardó al menos tres años en este tribunal. También negó la suspensión del proceso de venta de Isagén, cuando a través de una medida cautelar, se buscó frenar la venta.

La Vicepresidencia en este alto tribunal, en cambio, está más peleada: los magistrados Lucy Jeanette Bermúdez, de la Sección Quinta; Germán Bula, de la Sala de Consulta, y Carlos Alberto Zambrano, de la sección tercera, aspiran a llegar a esta posición.

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Estas elecciones se dan en el momento en que procesos como el del exalcalde Gustavo Petro y el exministro Fernando Londoño entran en su recta final. Sin embargo, la máxima atención de este alto tribunal está alrededor de la paz. El año pasado en reiteradas ocasiones el Presidente Danilo Rojas le pidió al Gobierno tener en cuenta los comentarios sobre varios vacíos en relación a la acción de tutela, la cosa juzgada y la reparación de víctimas.

Sobre este último punto aseguró que no es claro que el acuerdo garantice una reparación que obedezca a los estándares nacionales e internacionales que han exigido la búsqueda de la reparación integral. De manera, que la tensión se centra en cómo los afectará en sus competencias el acuerdo de paz con las FARC, teniendo en cuenta que se creó una Jurisdicción de Paz que asume el estudio de todos los casos en el marco del conflicto armado.  

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