Trancón del agro en la altillanura

Uno de los grandes interrogantes surgidos en los últimos meses en materia económica y política es cómo destrabar el desarrollo agroindustrial de la Orinoquia. La explotacion de lo que se considera la despensa alimentaria del futuro del país es un proyecto que el gobierno Santos incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo con la idea de replicar en esta zona el modelo que convirtió a Brasil en una potencia agrícola mundial. 

Concretamente, se refiere a la llamada altillanura, un extensión de casi 7 millones de hectáreas, de las cuales 4 se podrían utilizar para la agricultura, lo que significaría duplicar la tierra que actualmente está destinada a  producir alimentos en Colombia.

La iniciativa despertó tanto interés entre los inversionistas nacionales y extranjeros que comenzaron a aparecer grandes y cuantiosos proyectos para la zona, también considerada la última frontera agrícola que le quedaba al país. Se estima que al menos unos 1.000 millones de dólares estaban presupuestados para los próximos años.

Sin embargo, tristemente hoy todo está parado. Algunos proyectos apenas comenzaron, otros se quedaron a medio camino y otros más sencillamente se engavetaron.

El frenazo se debe a que no se ha resuelto para la zona el tema de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), la máxima cantidad de tierra que se considera vital para la sobrevivencia digna de una familia. La Ley 160 de 1994 impide que los inversionistas que quieran comprar terrenos que fueron baldíos –adjudicados a particulares– puedan adquirir más de una UAF. 

En la Orinoquia, donde se concentra la mayor cantidad de baldíos, el asunto es crítico. Dadas las características de la tierra, para comenzar un proyecto se necesitan inversiones en maquinaria o tratamiento de suelos que pueden acercarse a los 10 millones de pesos por hectárea. Teniendo en cuenta que una UAF en esa zona es de alrededor de 1.000 hectáreas, es obvio que ninguna familia campesina tradicional podría tener los 10.000 millones de pesos que se requerirían para desarrollar la máxima unidad que permite actualmente la ley.

Es entendible que, ante la mala calidad de la tierra de esa región del país, la punta de lanza del desarrollo en la altillanura son los grandes proyectos, que requieren inyecciones de capital de millones de dólares que solo grandes empresarios pueden invertir.  Esa agroindustria tendrá que encontrar fórmulas para interpretar las realidades locales, saber leer a las comunidades, incluir a los campesinos, buscar propuestas de inclusión social, etcétera.

Previendo esto el gobierno, en la Ley del Plan de Desarrollo, hizo un cambio en el manejo de las UAF que permitía a los pequeños adjudicatarios de tierras del antiguo Incora (hoy Incoder) comercializar sus parcelas y crear empresas asociativas con los grandes inversionistas para solucionar ese cuello de botella. Pero la Corte Constitucional tumbó esto hace más de un año y los macroproyectos que se habían adelantado a la espera de esa legalización se convirtieron en una controversia política este año. Con lo cual todo se fue al congelador.

El entonces ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, presentó en noviembre del año pasado un proyecto de ley al Congreso para regular la inversión extranjera en tierras y, en general, en el sector agropecuario del país. Uno de los propósitos que perseguía con esa iniciativa era fomentar los proyectos asociativos para permitir el desarrollo de la Orinoquia y resolver el impasse que generó la decisión de la Corte. Este proyecto fue aprobado en la Comisión Quinta del Senado y está pendiente de que se tramite en la plenaria. 

Sin embargo el nuevo ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, tiene listo otro proyecto de ley con el que espera resolver el lío que se ha armado con los baldíos, tema que se agitó en las últimas semanas a raíz de las denuncias presentadas por el Incoder contra algunas grandes empresas que los acumularon.

Lizarralde piensa presentar en las próximas dos semanas un proyecto con el que se permitiría acumular las UAF bajo ciertas condiciones. La idea es que cuando el sector privado inversionista, ya sea nacional o extranjero,  explote más de una UAF, tendrá la obligación de destinar un 20 por ciento de la superficie total de las mismas a proyectos para pequeños y medianos propietarios.

La intención no deja de ser loable, pero desde ya algunos dicen que despertará una gran polémica sobre el sustento jurídico de esa fórmula.

El proyecto propondrá también para las nuevas adjudicaciones de baldíos que los campesinos que cumplan los requisitos para ser adjudicatarios tengan la tierra por un periodo de siete años –una especie de concesión– y si al cabo de este tiempo demuestran que la explotaron debidamente, se les titulará. Esto con el objeto de que las titularizaciones no se conviertan en una especie de intermediación para la venta.

Frente al interrogante de si ese proyecto de ley resolverá el lío en el que se encuentran los empresarios que acumularon baldíos, el ministro Lizarralde señala que será la Justicia la que establezca si esas inversiones se hicieron bien o no.

Lo que tendrán que determinar los jueces es si dichas adquisiciones fueron realizadas dentro de los términos contenidos en el artículo 72 de la Ley 160 de 1994 y en consecuencia son válidos o si por el contrario son nulos.

Lo más grave de todo es que, como dice el presidente de la SAC, Rafael Mejía, la incertidumbre jurídica no solo está en la altillanura. “Nadie está invirtiendo ni un peso en el campo porque no hay reglas del juego”. Y el asunto es que al proyecto de ley que el ministro de Agricultura llevará al Congreso –que pretende destrabar el tema– le espera un gran debate. Para muchos expertos la propuesta funciona bastante bien en el papel, pero en la práctica se ve más como una utopía.