Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2004/04/25 00:00

¡Alto o disparo!

Una persona por mes ha sido abaleada en promedio este año por retenes instalados por la Fuerza Pública.

¡Alto o disparo!

El pasado viernes 16 de abril Javier Narváez iba conduciendo su camioneta por una polvorienta carretera veredal cerca de Sincelejo, Sucre. Varios miembros de la infantería de marina que se encontraban en patrullajes rutinarios por el lugar habían sido alertados de que un vehículo sospechoso posiblemente iba a pasar por la zona cercana al sitio en donde se encontraban. Según las versiones oficiales se trataba de una camioneta con las características de la de Narváez, la cual era buscada ya que había estado involucrada en un choque simple y había huido del lugar del accidente.

Cuando fueron informados de la situación los infantes de marina decidieron acercarse hasta la carretera y dividirse en dos grupos, distanciados por unos cuantos metros para detener la camioneta. Cuando ésta apareció en la estrecha vía varios de los uniformados del primer grupo se instalaron a un lado del camino y, según su versión, le hicieron señas al conductor para que se detuviera, pero éste pasó de largo. Cuando el segundo grupo de infantes vio que el vehículo no obedeció las indicaciones dispararon sus fusiles. La camioneta quedó estacionada con múltiples impactos de bala en el vidrio panorámico. Narváez cayó muerto por las balas.

Cuando los miembros de la Fiscalía llegaron al lugar para hacer el levantamiento del cadáver fueron informados por los infantes de marina que habían disparado porque Narváez se había "volado" el retén que ellos tenían instalado. Cuando los investigadores comenzaron a valorar la escena les preguntaron a los uniformados por la forma cómo habían instalado el retén y por los objetos mínimos que éste debía tener, como señales, conos o letreros que indicaran que había un retén militar. Los uniformados señalaron que simplemente hicieron señales de alto con las manos ya que no disponían de ningún otro elemento. No se sabe entonces si Narváez no se detuvo por miedo a que se tratara de delincuentes. El hecho está siendo investigado por la Fiscalía.

Narváez fue la más reciente víctima en morir en un retén de la Fuerza Pública. Uno de los útlimos casos ocurrió el pasado 14 de marzo en el Valle.

Ese día los esposos Luis Fernando Valencia y Claudia Patricia Morales regresaban de una fiesta en Renault 4 por la vía que conduce del corregimiento de Potrerillo a Palmira. En el camino vieron a varios hombres con uniformes camuflados que les hicieron señales para que se detuvieran. Creyendo que se podía tratar de guerrilleros, Valencia no acató la orden de pare y aceleró la marcha. Los uniformados, que eran miembros del Ejército, dispararon contra el vehículo pensando que se podía tratar de delincuentes que trataban de escapar. Claudia murió como consecuencia de los siete disparos de fusil que recibió. Su esposo quedó herido.

El caso del matrimonio Valencia ocurrió menos de un mes después de la muerte de David Durán, un hecho que causó gran indignación en la sociedad del Valle. En la noche del 5 de marzo el estudiante de 23 años pasó al frente de la base Marco Fidel Suárez de la Fuerza Aérea, en donde sólo había unos conos sobre la vía. En el momento en que el joven cruzaba por el lugar en su vehículo recibió un disparo de fusil en la cabeza desde una de las garitas de vigilancia del complejo militar.

Estos son tan sólo los más recientes episodios en los que personas inocentes resultan muertas o heridas en este tipo de controles oficiales (ver recuadro). El tema ha cobrado una especial relevancia en las últimas semanas ya que el pasado 24 de marzo el Tribunal Superior de Cundinamarca condenó al Ministerio de Defensa a pagar una indemnización de 1.200 millones de pesos a los familiares de las personas que murieron en 1998 en un presunto retén cerca al municipio de Villeta en Cundinamarca. La justicia determinó que los miembros del Ejército involucrados en ese caso, en el que mataron a cinco personas, nunca instalaron algún tipo de señal que les permitiera saber a los civiles que transitaban la vía que había un retén militar.

Este fallo así como el incremento de víctimas en lo que va corrido de este año ha puesto de nuevo sobre el tapete el debate sobre la forma como se efectúan los retenes de las autoridades en el país. En algunos casos el factor que ha desencadenado este tipo de tragedias es la desconfianza. La compleja situación de orden público y de inseguridad ha llevado a los conductores a temer que los retenes sean de la guerrilla o delincuentes y no de las autoridades. Estas por su parte han asumido que quienes tratan de evadir los controles son delincuentes o terroristas. Gran parte de lo que ha motivado esa desconfianza mutua tiene que ver con fallas reiteradas en la instalación de los retenes en la mayoría de los lugares del país.

Si bien es cierto que en algunos sectores de las principales ciudades se instalan puestos de control que cuentan con los elementos básicos que permiten identificar un retén legal, como un número mínimo de ocho uniformados, conos, letreros y carteles de identificación, la realidad es que la mayoría de este tipo de retenes son bastante precarios ya que en muchos casos los policías o los militares no tienen las herramientas de señalización elementales. Esta situación genera incertidumbre en la ciudadanía, que no sabe diferenciar entre autoridad y delincuentes, y ha hecho que los miembros de la Fuerza Pública no encuentren otra opción que disparar sus armas para detener los vehículos, con las consecuencias que esto acarrea.

Para los especialistas en seguridad lo absurdo del caso es que en el mercado están disponibles artículos que bien podrían solucionar y evitar los graves problemas que se vienen presentando con estos puestos de control. "Instalar, por ejemplo, un dispositivo que pincha las llantas de los carros les permite a las autoridades contar con una herramienta efectiva que les garantiza detener el carro con seguridad y sin necesidad de tener que disparar. Si la comunidad, por su parte, sabe que estos dispositivos son utilizados van a perder el temor a pasar un retén porque saben que la opción de abrir fuego para detener el vehículo no es necesaria", dijo a SEMANA un experto en temas de seguridad.

Equipar un retén con todos los elementos de seguridad necesarios, tanto para los ciudadanos como para los miembros de la Fuerza Pública, puede tener un costo que oscila entre ocho y 10 millones de pesos. Sin embargo, cuando el tema ha sido planteado por los especialistas a las autoridades es rechazado con el argumento del alto costo que representaría dotar las unidades de los diferentes organismos del Estado encargadas de efectuar puestos de control en vías públicas. Lo paradójico es que, aparte de la irremediable pérdida de vidas de civiles, el Estado enfrenta multimillonarias condenas, como la del caso de Villeta, que se podrían evitar con un poco de voluntad política y decisión de solucionar un problema que, como lo demuestran las cifras de víctimas, cada vez es mas crítico.

Los casos

1.Abril de 2003. Un policía disparó en un retén de las afueras de Bogotá contra el auto en el que viajaban la periodista Clara Inés Rueda y su novio. La joven falleció.

2. Agosto de 2003. Dos jóvenes de Manizales resultaron heridos cuando no obedecieron la orden de pare de un grupo de soldados. El carro en el que viajaban recibió 20 disparos de militares, en un retén cerca de las termales de la Gruta, en el Parque de los Nevados.

3.Septiembre de 2003. Marcela Forero, de 15 años, fue herida en la espalda por un disparo de fusil cuando el conductor de una moto en la que viajaba como parrillera desobedeció una señal de pare en un retén en Facatativá, Cundinamarca.

4.Diciembre de 2003. El indígena Olmedo Ul Secue murió baleado cuando se movilizaba en moto por su resguardo en el Cauca, donde tropas de la Brigada Móvil 6 hacían control.

5.Marzo de 2004. El estudiante David Durán murió por un disparo en la cabeza hecho por un centinela de la base aérea en Cali cuando regresaba de una discoteca.

6.Febrero de 2004. Yenny Ellis Syogreen murió en la isla de San Andrés cuando no se detuvo en un retén militar. En el hecho quedó herido Rafael Gordon García, que conducía la moto en la que la pareja se movilizaba.

7.Marzo de 2004. Claudia Patricia Morales murió de siete impactos de bala y su esposo Juan Fernando Valencia quedó herido cuando, al no atender la orden de alto, soldados del Ejército les dispararon cerca de Palmira, en el Valle.

8.Marzo de 2004. En el municipio de Saravena, Arauca, murió Luis Enrique Suárez cuando el vehículo que conducía recibió varios disparos de fusil al no obedecer la orden de alto de miembros de la Policía.

9.Abril de 2004. Javier Narváez no atendió las indicaciones de pare de un grupo de infantes de marina en una carretera cercana al municipio de Sincelejo, Sucre. Los uniformados dispararon contra el vehículo y Narváez murió.

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