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| 1/29/2017 12:00:00 AM

El pasado no perdona: Uribe vs Cecilia Álvarez y Gina Parody

El expresidente arremete contra quienes fueron dos de sus más cercanas colaboradoras. ¿En qué consisten y qué tan serias son las acusaciones de corrupción que el Centro Democrático les hace a las exministras?

El Centro Democrático acaba de denunciar penalmente y con mucho bombo a las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody ante la Fiscalía General por tres delitos: celebración de contratos sin requisitos legales, interés indebido e inhabilidad legal.

Como se sabe, en 2009 Odebrecht se quedó con el contrato para construir el segundo tramo de la vía troncal Ruta del Sol, y en las últimas semanas se ha venido a conocer que la firma ganó la licitación gracias a una feria de coimas que, solo en Colombia, ascienden a 11,1 millones de dólares.

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Los uribistas, representados por el abogado Jaime Lombana, sostienen que a la troncal se le adicionó irregularmente el tramo Ocaña-Gamarra, de 72 kilómetros, y que con ello Álvarez favoreció a su pareja y compañera de gabinete, Gina Parody, pues la familia de esta exministra es socia de la empresa Sociedad Portuaria de Cartagena, la cual proyectaba construir un puerto en Gamarra, sobre el río Magdalena, que quedaría a 3 kilómetros del final de la carretera. Los denunciantes sostienen que en el asunto se presentaron varias irregularidades.

En primer lugar, señalan que hubo favorecimiento pues se trataba de un puerto aislado y que el tramo en cuestión lo conecta con la troncal. También dicen que el negocio se adjudicó a dedo a Odebrecht por más de 900.000 millones de pesos, por medio de un otrosí al contrato del eje vial. Según la denuncia, por tratarse de una obra independiente era necesario convocar a una nueva licitación pública. El Centro Democrático acusa a Álvarez, exministra de Transporte, de haber participado en las decisiones que desembocaron en el otrosí que habilitó la construcción de la carretera.

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La denuncia del Centro Democrático está soportada en una serie de artículos publicados en el portal digital Los Irreverentes y en los documentos oficiales que habilitaron la obra (Conpes, resoluciones y contratos).

¿Qué tan convincente es la defensa de las exministras? Lo primero que habría que decir es que la fecha de la decisión de construir el tramo adicionado demuestra que esta se había tomado antes de que ellas entraran en juego. Álvarez tiene lista una serie de pronunciamientos de Álvaro Uribe en los que el entonces presidente habla públicamente de la necesidad de sacar adelante el proyecto de la carretera Ocaña-Gamarra, y se refiere a esta como una vía de interés nacional indispensable para librar a esa zona del nororiente del país de la dependencia de Venezuela.

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Ya en el gobierno Santos existe una carta dirigida en 2012 por la Agencia Nacional de Infraestructura a Odebrecht en la cual la entidad le ofrece la posibilidad de construir la carretera Ocaña-Gamarra, que para entonces era apenas una trocha. Esa carta fue enviada cuando el ministro de Transporte era Miguel Peñaloza, el antecesor de Cecilia Álvarez en ese cargo. Y ella no firmó el otrosí al contrato el 10 de noviembre de 2014, con el que se concretó la obra, sino el director de la ANI, Luis Fernando Andrade. Ella sí participó en los trámites intermedios.

La exministra también alega que cuando se posesionó en el cargo, dada su relación con la familia Parody, se declaró impedida en todos los asuntos que tuvieran que ver con puertos. Esa iniciativa puede demostrar buena voluntad, pero jurídicamente no tiene mayor valor, pues el asunto en cuestión tiene que ver con una carretera y no con un puerto. La exministra se habría podido declarar impedida frente al proyecto de esa vía que conducía al puerto, con lo que hubiera aclarado el asunto.

Frente a esta omisión ella tiene dos argumentos. El primero es que en ese momento no existía el puerto y ella no sabía que se iba a construir. Además agrega que si lo hubiera sabido, tampoco estaría inhabilitada pues cuando una obra es de interés nacional no operan las inhabilidades. Para reforzar ese punto de vista acude al argumento del expresidente Uribe cuando lo acusaron de beneficiar una finca de su propiedad con un proyecto de distrito de riego, aprobado por su propio gobierno. Según ella, en ese momento el entonces mandatario puntualizó que sobre proyectos de interés nacional no proceden impedimentos. Agrega que “además los impedimentos afectan a hechos reales, cumplidos, y en ese momento no había ningún puerto, solo había terrenos y yo no sabía de proyectos de puertos allí”.

Y frente a por qué no se convocó a una licitación pública, la exministra argumenta que el negocio se hizo atendiendo conceptos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que darían luz verde a la fórmula del otrosí a adiciones como la del tramo Ocaña-Gamarra. El sustento sería que no se trataba de un proyecto aparte ni diferente al del eje central, por lo cual se podía adjudicar sin licitación.

También se ha hecho mucho ruido porque a la vía se le permitió instalar dos peajes. Para los voceros del Centro Democrático este sería un mecanismo irregular para ayudar financieramente a Odebrecht. Sin embargo, esta es una interpretación más política que jurídica, pues en la extensa denuncia que presentaron los parlamentarios uribistas no se menciona nada respecto a los peajes. Hay otras inconsistencias en la denuncia que no han sido explicadas. En esta se dice que el monto de la adición fue de 900.000 millones de pesos, mientras que en el otrosí la suma es de 676.000 millones.

Surge el interrogante de si una obra por 676.000 millones de pesos podía ser adjudicada a dedo o tenía que ser licitada. Funcionarios de la ANI, consultados por SEMANA, explican que la decisión se tomó por razones financieras. Dado que en ese momento Odebrecht ya estaba operando en la zona, extender esa operación costaba menos que el ingreso de una nueva firma. Por otro lado, si el tramo se hacía por licitación el gobierno habría tenido que asumir el costo total de la obra. Con la adjudicación a Odebrecht el Estado financiaba solo una parte y el resto entraba por cuenta del producido de los peajes.

Varias firmas constructoras con experiencia en Colombia están en desacuerdo con esa apreciación. Aunque reconocen que puede haber un importante ahorro en la adjudicación directa, consideran que ese no puede ser el criterio para decidirlo. Señalan que hay múltiples obras de infraestructura de mucho menos de 676.000 millones de pesos que para ser adjudicadas tuvieron que ser licitadas. También consideran debatible asumir que el tramo era una simple extensión de la carretera principal y no una vía independiente. El hecho de que haya un punto de intersección no significa automáticamente que una vía sea la extensión de otra. Frente a este punto hay argumentos razonables de lado y lado.

De todo lo anterior se puede concluir lo siguiente. 1) La decisión de construir la carretera se tomó antes de que Cecilia Álvarez llegara al ministerio. 2) Gran parte de este debate se hubiera evitado si la ministra se hubiera declarado impedida frente al proyecto específico. 3) La adjudicación directa sin licitación fue responsabilidad de la ANI y no de la ministra.

En cuanto a la modalidad como se adjudicó la obra, se está haciendo caso omiso del contexto de entonces. Antes del escándalo internacional, Odebrecht era considerada una de las multinacionales más respetables del mundo en obras públicas. Hoy en día es claro que en realidad era un huracán de corrupción de dimensiones insospechadas. En 2010, cuando la ANI le adjudicó el tramo, ese nombre era sinónimo de eficiencia y garantía de cumplimiento.

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No hay duda de que detrás de todo este escándalo hay mucho de política. Tanto el expresidente Uribe como los denunciantes fueron aliados políticos y amigos cercanos de Gina Parody y Cecilia Álvarez. La primera era su punta de lanza en el Congreso y la segunda su consejera en la Casa de Nariño. Las dos exministras eran consentidas del entonces presidente y amigas de la cúpula que lo rodeaba. Eso significa que las dos partes de este mano a mano saben que más que corrupción, en el fondo hay una cuenta de cobro. Gina Parody pasó de adorar a Uribe a abandonarlo con el argumento de que conoció unos nexos de él que la obligaron a tomar esa decisión. Cecilia Álvarez siempre mantuvo una buena relación con él, pero al convertirse en santista entró en la lista negra. 

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