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| Foto: Archivo SEMANA

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¿Podría perder Uribe su curul en el Congreso?

La redacción de un artículo de la reforma al equilibrio de poderes lo podría dejar expuesto a jueces de países contradictores, como Venezuela.

25 de mayo de 2015

Álvaro Uribe, como presidente, expresidente y senador, ha sido uno de los dirigentes colombianos más críticos de gobiernos vecinos que representan una ideología diferente a la suya, por ejemplo, Venezuela. Al gobierno de ese país, en público y en privado, lo ha señalado de dar refugio al terrorismo y el narcotráfico de las FARC. De hecho, su gobierno denunció públicamente la presencia de campamentos que cabecillas de la guerrilla tenían instalados en ese país.

A cambio, los dirigentes de Venezuela, en cabeza del presidente Nicolás Maduro, han contraatacado a Uribe responsabilizando de un presunto complot para desestabilizar el Gobierno, y en ocasiones hasta lo han señalado de estar detrás de protestas ciudadanas.

Pero ahora, ese tipo de declaraciones bien podrían ser peligrosas para el propio Uribe. Y lo paradójico, el peligro viene de la reforma al equilibrio de poderes que está a un solo debate de ser aprobada por el Congreso.

Y es que la redacción de uno de los artículos de la reforma, que precisamente tiene el propósito de sancionar a dirigentes corruptos y extender la sanción de la silla vacía a otros delitos, como los relacionados con delitos de  administración pública, dejaría expuestos a los congresistas a este tipo de sanciones incluso si un juez fuera de Colombia decide abrir investigación o acusar a un parlamentario colombiano.

Esto quiere decir que, por ejemplo, si un juez de Venezuela decide abrirle una investigación a Uribe, incluso hasta por injuria, este podría perder la curul desde el mismo momento en que se le vinculara a una investigación formal.

¿Se trata de un mico para poner en aprietos a Uribe? Los ponentes del proyecto lo han negado, pero entienden que la redacción del artículo tiene que ser ajustada para evitar cualquier tipo de interpretación, y menos que esta pueda ser un factor desestabilizador de las instituciones colombianas.

El representante Rodrigo Lara (Cambio Radical) considera que la interpretación del proyecto podría permitirle a un gobierno contradictor a Colombia, que tiene varios en la región, valerse de un “juez de bolsillo” para imputar cargos a parlamentarios colombianos.

Quizá los más preocupados con esta redacción sean los congresistas del Centro Democrático, pues aunque las normas no deban tener nombre propio, si esta es aprobada quien más quedaría expuesto sería el expresidente Uribe. “Podría ser una estrategia política para afectar a un partido”, señala Edward Rodríguez.

Tanto el Gobierno como los ponentes están enterados de esta situación y esta semana, cuando definan el texto de la reforma para último debate, deberán ajustar algunas palabras para evitar que los congresistas, que en Colombia son observador por la Corte Suprema, el Consejo de Estado, la Procuraduría, ahora tengan vigilancia de jueces internacionales.