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| 11/14/2017 12:51:00 PM

La respuesta del uribismo a José Miguel Vivanco

El director de la ONG Human Right Watch escribió en Semana.com que hubo directrices durante los gobiernos del expresidente que incentivaron las ejecuciones extrajudiciales. El exmandatario lo desmiente.

Este fin de semana el director de la ONG, Human Right Watch, José Miguel Vivanco, publicó un artículo en SEMANA en el que denunció la existencia de una directiva militar que confirmaría incentivos para reportar resultados en combates que dieron pie a la práctica de ejecuciones extrajudiciales. Según Vivanco, los llamados falsos positivos superaron los 3.000 casos durante el Gobierno de Uribe.

Vivanco habla en su texto de un documento del general Martín Orlando Carreño, condenado por falsos positivos, quien estuvo al mando del Ejército Nacional entre 2003 y 2004, que sería la hoja de ruta con la que los soldados y altos mandos militares habrían recibido una condecoración por los servicios en combate.

Según el director de Human Right Watch, para recibir este ‘premio‘ los comandantes de brigadas debían reportar al menos 150 combatientes enemigos muertos y otros 500 capturados. El general Mario Montoya, según Vivanco, habría pedido incendiar dicho documento, con base en la declaración de un general del Ejército.

Puede leer: Los incentivos perversos detrás de los “falsos positivos” 

La respuesta de Uribe no se hizo esperar y fue contundente en redes sociales. “Vivanco: derechos humanos al servicio del terrorismo”, escribió en su Twitter.

También este martes su oficina de prensa hizo llegar una carta a SEMANA en la que asegura que la Política de Seguridad Democrática adelantada entre 2002-2010 fue de protección a los Derechos Humanos y centrada en el ejercicio constitucional sin dejar de lado el respeto por la dignidad humana y el Estado de derecho. “Ordenaba que todas las operaciones militares y operativos policiales se realizaran con estricto apego a la Constitución y a las normas internacionales de DIH y DDHH aplicables al uso de la fuerza por parte de los Estados”, explica en la carta.

Este es el documento completo: 

"La Política de Seguridad Democrática, formulada e implementada durante el Gobierno de Álvaro Uribe, fue una política de protección a los DDHH, fundamentada en el ejercicio constitucional y legítimo de la autoridad y basada en el respeto a la dignidad humana y la vigencia plena del Estado de derecho. La Política de Seguridad Democrática ordenaba que todas las operaciones militares y operativos policiales se realizaran con estricto apego a la Constitución y a las normas internacionales de DIH y DDHH aplicables al uso de la fuerza por parte de los Estados.

En concordancia con esto, la política de su Gobierno frente a posibles violaciones de DDHH fue de cero tolerancia, dentro de las cuales se incluyen los mal llamados falsos positivos.

Es por eso que le queremos recordar al señor Vivanco que en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez cualquier violación de los derechos humanos, en lugar de taparse, se estimulaba para que saliera a discusión de la opinión pública, permitiendo a la ciudadanía y a la comunidad internacional hacer seguimiento a las investigaciones y sanciones que por estos hechos debían aplicarse. Esto, como una medida indispensable para evitar su repetición o que fueran cubiertos por la impunidad. Casos como Guaitarilla en Nariño y Jamundí en Valle de Cauca, que fueron infortunados enfrentamientos entre Policía y Ejército en medio de operaciones contra el narcotráfico, así lo evidencian. En el caso de Cajamarca, el entonces presidente de la república acudió al lugar de los hechos y los militares mintieron: dijeron que habían atacado a las Farc, cuando en realidad asesinaron a inocentes; están en la cárcel.

En 2003, cuando la Seguridad Democrática comenzaba a dar sus frutos, algunos voceros del terrorismo escudándose en un discurso de DDHH, comenzaron a atacar a dicha política señalando que los guerrilleros muertos en combates legítimos eran realmente campesinos. Ante eso, y con el fin de garantizar la aplicación efectiva de la justicia, su Gobierno impartió instrucciones para que toda muerte en combate que se reportara por parte de la fuerza pública fuera atendida directamente y en primera instancia por la Fiscalía General de la Nación a través del CTI.

En 2006, cuando hubo el infortunado enfrentamiento en Jamundí, el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina, hizo un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación para que esta institución hiciera la evaluación inicial en estos casos, todo en aras de la transparencia. Infortunadamente, la Fiscalía hizo de un alto porcentaje de las averiguaciones una imputación a integrantes de las Fuerzas Armadas. Así se hizo con rigurosidad, incluso algunos llegaron a afirmar que era la derogatoria del fuero penal militar, debido a excesos, en algunos casos, de la Fiscalía General de la Nación que afectaron los derechos a la libertad de militares y policías.

En cumplimiento de sus instrucciones, el Comando General de las Fuerzas Militares expidió la Directiva 300-28 de 2007 por medio de la cual se adoptaron criterios para la medición de los resultados operacionales. Mediante estas instrucciones se privilegiaron las desmovilizaciones sobre las capturas y éstas sobre las muertes en combate. Esto reiteró lo que se dijo desde el principio del Gobierno cuando se lanzó la política de Seguridad Democrática y el programa de reintegración.

Como presidente de la república, Álvaro Uribe Vélez tomó decisiones administrativas de retiro de personal militar en ejercicio de la facultad discrecional, en casos en donde existían quejas por el actuar de la fuerza pública y aun sin que existieran fallos penales o disciplinarios en firme. Estas decisiones fueron adoptadas como medida preventiva para evitar la repetición. El caso del retiro en 2008 de 27 militares, incluidos 3 Oficiales en el grado de General, así lo demuestra.

Adicionalmente, y como medida de prevención, el entonces Presidente Uribe anunció el 17 de noviembre de 2008, 15 medidas contra el Homicidio en Persona Protegida que fueron implementadas por el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando General de las Fuerzas Militares. Dichas medidas fueron reconocidas por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los DDHH como un instrumento adecuado para la prevención de este tipo de casos. Toda la Política de Prevención de los llamados falsos positivos fue discutida y acompañada por parte de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los DDHH.

Así mismo, el presidente Uribe ha reclamado en varias oportunidades que el tema de los llamados falsos positivos también ha servido para encubrir falsas e injustas acusaciones contra algunos miembros de las Fuerzas Armadas inocentes. Además, se ha hecho caso omiso de que el tema, en muchos casos, obedeció a acciones del narcotráfico, que infortunadamente, con participación aislada de miembros de las Fuerzas Armadas, buscaba su impunidad y presentaba la apariencia de que el asesinato de ciudadanos inocentes se producía para combatir el narcotráfico, lo cual no era cierto. Así lo denunció el presidente Uribe el 25 de marzo de 2010, en la oficina de Naciones Unidas en Bogotá al escuchar un testigo protegido.

La posición del expresidente Uribe en este tema siempre ha sido la misma: Cero tolerancia frente a graves violaciones a los DDHH, investigación y sanción ejemplar frente a quienes perpetran tales violaciones y, en ningún caso, los llamados falsos positivos fueron una política institucional o una práctica tolerada en su Gobierno.

Atentamente,

Oficina de Comunicaciones y Prensa
Álvaro Uribe Vélez". 

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