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| 10/7/2014 12:00:00 AM

“Álvaro Uribe tenía interés de saber lo que pasaba en la Corte”

La Fiscalía aseguró que Bernardo Moreno conformó una empresa criminal para realizar seguimientos ilegales.

En su segundo día de intervención ante la Corte Suprema de Justicia en el proceso contra el exsecretario de la Presidencia Bernardo Moreno y la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado por el tema de las ‘chuzadas’, la fiscal María Victoria Parra lanzó una dura sentencia: "Se gestó una empresa criminal".
 
La representante del ente acusador reprochó fuertemente las calidades humanas y profesionales de los servidores públicos quienes sabían que con sus acciones infringían la ley. "Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado tenían los conocimientos y la experiencia para conocer de la ilicitud de su comportamiento conformando una empresa criminal", dijo la funcionaria al tiempo que recordó que Moreno seguía órdenes por parte de la Presidencia.
 
"Bernardo Moreno transmitió la orden a María del Pilar Hurtado de interceptar las comunicaciones de los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia porque el presidente Álvaro Uribe tenía interés de conocer lo que se debatía allí", prosiguió la fiscal.
 
Según los argumentos revelados por la Fiscalía, en su última intervención ante los magistrados, no deja duda que Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado, abusando de sus cargos, ordenaron actividades ilegales de seguimiento a políticos, periodistas y dirigentes de oposición. La idea como se ha dicho una y otra vez a lo largo del juicio era, entre otras cosas, desprestigiar a la exsenadora Piedad Córdoba, al entonces senador Gustavo Petro y al periodista Daniel Coronell.
 
Finalmente la Fiscalía terminó su intervención, que se prolongó durante seis horas, con una reflexión lapidaria: "Frente a un abuso del poder Ejecutivo que se atribuyó competencia que correspondía al poder judicial para afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos, la Fiscalía solicita que haya una ejemplar sanción. No hay personas fuera de la Constitución".
 
La Fiscalía aseguró que las pruebas recaudadas por el ente acusador muestran ‘claramente’ la responsabilidad de los exfuncionarios en los delitos de concierto para delinquir, abuso de función pública, peculado por apropiación, falsedad ideológica y violación ilícita de comunicaciones, los cuales según la ley les darían una pena superior a los 20 años de cárcel.
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