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| 12/19/2004 12:00:00 AM

Ambiente a medias

La protección del medio ambiente en 2004 mejoró, pero todavía hay mucho trecho del dicho al hecho.

Durante 2003 el país retrocedió en el interés por el medio ambiente y en el manejo de sus problemas; retomar su tratamiento era ineludible. El año 2004 trajo cambios de rumbo en la gestión ambiental del gobierno. En vez de ignorar lo logrado en la última década y buscar modificar a toda costa el Sistema Nacional Ambiental (Sina), se adoptó una estrategia más inteligente. Se creó una atmósfera más amable y concordante con el carácter pluralista y participativo de lo ambiental. Para mejorar la calidad ambiental del país se escuchó más y se buscó aprovechar las fortalezas del sistema y corregir sus deficiencias, con la idea central de lograr resultados más objetivos.

El Ministerio, como coordinador del Sina, dejó de señalar a las corporaciones autónomas regionales (Cars) como entidades politizadas y corruptas, como si con esto se avanzara en la gestión ambiental, y se abandonó la iniciativa de modificar el sistema por la vía legal, que fracasó en el Congreso.

Como resultado del nuevo enfoque, las Cars pasaron de ser las cenicientas a ser el centro del discurso del Ministerio y de la gestión ambiental. Para ello se buscó mejorar su desempeño y disminuir su politización. El año se estrenó con directores elegidos con base en la meritocracia y se enfatizó en tener planes de acción concretos y con resultados medibles para los próximos tres años, en los que se incluyeron las Metas del Milenio establecidas en la Conferencia de Johannesburgo. Para aliviar la escasez de recursos, se buscó la articulación con otras entidades y solucionar problemas muy definidos y urgentes: agua potable, residuos sólidos, reforestación y tratamiento de aguas residuales, principalmente. También se llevó a cabo un adelgazamiento burocrático para reducir los gastos de funcionamiento, mediante la reestructuración de las Cars.

Sin embargo, estas iniciativas positivas no se han materializado en el grado que se desearía. En algunos casos los procesos meritocráticos dejaron de serlo y prevalecieron los vicios que pretendían eliminar. Además, si bien es cierto que la reestructuración de las Cars produjo ahorros, muchas perdieron gran parte de su capacidad operativa, con lo cual surgen dudas sobre el cumplimiento de las metas establecidas en sus planes de acción. Lograrlo será el reto del sistema y el balance final, al término del gobierno, girará en torno a este punto.

En lo que respecta al Ministerio, la meritocracia no se aplicó y ha seguido sufriendo una fuerte erosión de sus capacidades científicas y técnicas por la salida de funcionarios expertos y su reemplazo por personas que no cuentan ni con la formación ni con la capacidad requeridas. Los temores manifestados cuando se reformó y se le asignó la responsabilidad de los programas de vivienda social se cumplieron. La mezcla de funciones probó ser inconveniente puesto que por su magnitud, urgencia y potencial electoral, estos programas absorbieron la capacidad operativa del Ministerio, relegando el tema ambiental a un lugar muy secundario.

Un ejemplo de esto es cómo la firma de licencias ambientales, que es tal vez el acto administrativo más importante del Ministerio, pues demarca el camino hacia el desarrollo sostenible, se ha delegado en un técnico de nivel medio, mientras que el otorgamiento de subsidios se ha vuelto su acto más destacado. En sana lógica, estos subsidios deberían ser producto normal del proceso administrativo y no convertirse en elemento de campaña política.

Algunos guardábamos la esperanza de que el papel del Ministerio en materia de vivienda se centrara en la formulación de políticas y no en los aspectos operativos. Bien podría el Ministerio, por ejemplo, formular una política de asentamientos humanos para el país que tendría mucha más importancia e impacto que el otorgamiento de subsidios. Preguntas como si el crecimiento de Bogotá y la concentración de actividades en ella es compatible con una economía abierta y globalizada, o cómo frenar la degradación de la vida de la mayoría de los municipios colombianos, son cuestiones relativas al tema de población que trascienden la problemática de la vivienda y la determinan.

En lo que respecta a la participación internacional, la tradicional y muy reconocida posición de Colombia había prácticamente desaparecido en 2003. En 2004 se ha buscado recuperar este espacio esencial, pero aún falta mucho para volver al lugar que teníamos hace unos años.

El tema ambiental ha sido considerado de manera muy general en las negociaciones del TLC, pero aspectos sustanciales como la propiedad intelectual de especies y genes, el reconocimiento del valor del conocimiento tradicional o los mecanismos de aprovechamiento de la biodiversidad siguen sin precisarse.

En lo que respecta al presupuesto, los recursos provenientes del gobierno nacional han seguido disminuyendo y si no fuera porque el Sina cuenta con recursos propios, la gestión ambiental habría prácticamente desaparecido. Sin embargo, los recursos de las Cars están muy concentrados en unas pocas de ellas, y las encargadas de administrar los ecosistemas más valiosos y mejor conservados del país son entidades mendicantes. El gobierno está buscando mitigar la falta de recursos con créditos internacionales, lo cual es importante pero parcial e insostenible en el tiempo.

A pesar de las dificultades, los parques nacionales han sido la estrategia más exitosa para la conservación del patrimonio genético del país y de la oferta de agua y otros servicios ambientales que soportan la vida y la actividad en Colombia. Tal vez la parte del Sina que más ha sufrido en el último lustro ha sido esta. Los recursos presupuestales para el manejo y la operación de los parques han seguido descendiendo y eso conlleva menor capacidad de control y manejo. El número de guardaparques capacitados por hectárea es hoy en día uno de los más bajos del mundo, lo que naturalmente propicia su invasión, como en el caso de las obras portuarias construidas en un parque tan visible como la Isla de Salamanca, que se inició en el gobierno pasado, o que se conviertan en lugares con cultivos ilícitos y se proponga su fumigación, cosa que hasta ahora afortunadamente no se ha llevado a la práctica.

Dada la crisis fiscal se ha recurrido a la cooperación internacional para atender el presupuesto que requieren los parques, pero estos recursos se han utilizado desde 2000 en pagar costosos asesores que despachan en Bogotá y no en el control y manejo de las áreas protegidas. En un intento por corregir esta situación, el gobierno ha lanzado una política de ecoturismo que será desarrollada por el sector privado. Si se lleva a cabo con el respeto debido a la naturaleza, esta iniciativa puede contribuir a mitigar el problema financiero como sucede en otros países.

Para finalizar, un caso real ilustra la distancia entre las buenas ideas y su realización, que ha caracterizado a 2004. Como se sabe, la exportación de carbón puede producir impactos ambientales muy nocivos. El Presidente mismo ordenó el cierre del puerto carbonero en la bahía de Santa Marta, hasta que cumpliera con la normatividad. El Ministerio, después de algunos ajustes menores, permitió su reapertura poco después y envió una sofisticada estación de medición para controlar la calidad del aire. Excelente idea, pero hoy la estación se encuentra en el campus arbolado y verde de una universidad a varios kilómetros del puerto, que sigue sin control. Por último, aunque se acaba de aprobar un Conpes que asigna recursos para el saneamiento del río Bogotá, estos aún no son suficientes, y falta que pase mucha agua debajo del puente para saber qué pasará finalmente con el río Bogotá.

* Profesor y director de la fundación ambientalista Instituto Quinaxi
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