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| 9/9/2014 12:00:00 AM

¡Ni se le ocurra infartarse en una ambulancia!

El Ministerio de Salud suprimió la obligación de dotar esos carros con equipos para atender dichas emergencias. ¿Por qué?

Desde ahora Colombia será el único país del mundo donde, por directriz oficial, las ambulancias de atención básica no requieren ser dotadas con desfibriladores, es decir, aquellos aparatos vitales para reanimar a pacientes con arritmias cardíacas.

Así quedó evidenciado en el articulado de la Resolución 2003 de mayo de 2014, en el que desaparece el numeral donde justamente se habla de los desfibriladores externos automáticos, DEA, como dotación indispensable para el funcionamiento de las ambulancias de atención básica, ATB.

Eso quiere decir que en adelante esos vehículos de transporte prehospitalario no están obligados a llevar los desfibriladores cuando socorren pacientes que sufrieron algún accidente o emergencia de salud.

Lo absurdo de la nueva norma que tumbó esa obligación es que fue expedida justo un año después de que entrara en vigencia otra Resolución, la 1441 de 2013, que sí exigía ese requisito en las ambulancias ATB.

Irónicamente una vez promulgada la nueva Resolución, José Fernando Arias, director de Prestación de Servicios y Atención Primaria del Ministerio, destacó mediante un comunicado que “el principal beneficio de la norma es la seguridad del paciente”. 

En el gremio del transporte hospitalario existen dos clases de ambulancias: las de atención básica y las de atención medicalizada. Las primeras son aquellas que acuden al llamado de emergencias urbanas como accidentes de tránsito, entre otros y su función es prestarle al paciente una atención primaria básica mientras es llevado a un centro asistencial.

Mientras que las ambulancias medicalizadas se encargan de las remisiones de pacientes enfermos entre clínicas y hospitales de otras ciudades. La dotación de estos vehículos es más especializada y sí cuentan con los polémicos desfibriladores que por cierto no requieren de profesionales para su manejo.

Desde varios sectores no entienden que sea el propio Ministerio de Salud el que suprima la obligatoriedad de esos aparatos vitales para atender emergencias y de paso convierta al país “en el único en el mundo que ha sacado el desfibrilador de la reanimación básica en Colombia”, dijo Ricardo Navarro, presidente de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, durante una entrevista a Noticias Uno.

Una posición similar tiene Luis Fernando Tique, presidente de la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria, Emergencias y Desastres (Acotaph) al argumentar que sale mucho más costoso para el sistema de salud responder por la muerte de un paciente que dotar con desfibriladores las ambulancias y evitar su deceso.

“De hecho nosotros tenemos dos proyectos que presentaremos al Congreso donde, por un lado, regularizamos la profesión de paramédico y, por otro, busca que se dote con desfibriladores todos aquellos sitios de afluencia masiva de público. Es increíble que una persona se muera en una estación de Transmilenio porque no hay a mano un DEA”, recalcó el señor Tique.

Una encuesta publicada en la página web de Acotaph revela que solo el 28 % de los encuestados aplicaba a cabalidad la Resolución 1441 derogada y que obligaba a dotar las ambulancias con desfibriladores. 

Ambos directivos coinciden al afirmar que la razón a la vista para suprimir esa obligatoriedad de las ambulancias, “es simplemente económica, porque los dueños consideran que es costoso cumplir esa norma”, argumentaron.

Frente a ese señalamiento, Jaime Arias, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), entidad que agremia a las EPS y aseguradoras del país, negó que hayan intervenido en ese debate y por el contrario hizo un llamado a la necesidad de contar con desfibriladores en todas las ambulancias.

Una tesis apoyada por Mauricio Álvarez, director de servicios de salud de Acemi quien criticó que el Ministerio tomara esa decisión justo ahora que en varios países se hace todo lo contrario, “en EE. UU. todos los supermercados y en cada piso de los edificios los están dotando con desfibriladores portables más conocidos como DEA”.

Alegó que es indiscutible el beneficio de tener un aparato de esos en sitios de afluencia masiva de público o las mismas ambulancias, porque “brinda más oportunidad de vida a un paciente que sufre una arritmia cardíaca”.

Semana.com quiso hablar con algún funcionario del Ministerio de Salud y contactó a su oficina de comunicaciones, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta. Lo que sí aclararon en esa dependencia es que la decisión de suprimir el numeral de los desfibriladores se hizo con criterio técnico basados en que es mejor tenerlos en sitios masivos, que en las ambulancias de atención básica.

Sin embargo, ese argumento se cae de su peso al contrastarlo con un derecho de petición que el Ministerio le respondió en agosto pasado al ciudadano Rafael Monsalve, donde él pide explicaciones del por qué suprimieron la obligación de dotar las ambulancias con desfibriladores.

La carta tiene revelaciones sorprendentes. Por un lado, admite que la supresión de dicha norma se tomó debido a las “observaciones” de los operadores del servicio de salud, con relación a las inversiones que debían hacer para cumplir esos estándares de dotación de equipos en sus ambulancias. 

Por el otro reconoce que es “posible que con nuevas evidencias se considere su reincorporación en el estándar” (vea la respuesta al derecho de petición).

Según cifras oficiales, en Colombia existen solo 800 ambulancias, de las cuales las tres cuartas partes son de atención básica y las restantes medicalizadas.

Al hacer cuentas alegres y teniendo como referencia que el costo promedio de un desfibrilador oscila en cuatro millones de pesos. Eso quiere decir que dotar las 600 ambulancias costaría algo así como 2.400 millones de pesos. Una cifra baja para el presupuesto que maneja el sector salud en el país, e incuestionable si recordamos que con ese dinero se salvan vidas.
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