Amigos, amigos...

Como los grandes compadres que son, el ex ministro Andrés Felipe Arias y el ministro de Agricultura, Andrés Fernández, salieron rebosantes de alegría del debate en el Congreso en el que la aplanadora uribista sepultó la moción de censura contra este último. Con su cabeza, la oposición buscaba cobrarle al gobierno por las irregularidades en el sonado escándalo por la entrega de subsidios de Agro Ingreso Seguro (AIS) denunciado por la revista Cambio. Su actitud de júbilo por la victoria política contrastaba con la indignación que despertó en muchos sectores el que grandes hacendados cercanos al gobierno recibieran cuantiosos subsidios, algunos de manera irregular.

Curiosamente, la algarabía por el tema de los subsidios surgió de otro gran escándalo de 2009, el de las notarías. Las primeras inquietudes sobre AIS surgieron cuando el congresista conservador Alirio Villamizar trató de explicar el origen de cerca de 1.000 millones de pesos en efectivo encontrados en un allanamiento en su residencia. Dijo que una parte era dinero de un subsidio aprobado a su hijo.

Esa declaración levantaba suspicacias, pero en ese momento lo que la Corte Suprema, que ordenó el allanamiento, lo que esperaba comprobar era si Villamizar cobraba una parte de los salarios de quienes recomendaba en puestos públicos, y un porcentaje de los ingresos de una notaria de su ciudad.

Las pistas sobre esto último habían aparecido en las declaraciones del ex superintendente de Notariado y Registro Manuel Cuello Baute sobre la entrega de más de 30 notarías a cambio de apoyo para la primera reelección.

Este caso de las notarías también resultó ligado con otro tema que trajo dolores de cabeza al alto gobierno: los negocios de Tomás y Jerónimo Uribe. Los hijos del Presidente hicieron millones de pesos en un polémico negocio al beneficiarse de la valorización de un proyecto de zona franca por las importantes exenciones tributarias de esa figura.

Lo sucedido tuvo gran impacto en la opinión pública, que durante meses recibió la información que los medios fueron descubriendo a cuentagotas. Esa creciente inconformidad por lo que muchos vieron como una serie de favorecimientos a personas cercanas al gobierno, muy seguramente fue uno de los factores que afectó la percepción sobre la corrupción en Colombia. Incluso llevó al país del puesto 70 al 75 en el índice de la ONG Transparencia Internacional.

Pese a lo anterior, en lo político el Presidente se recuperó muy pronto de los rasguños recibidos por estos escándalos, como lo demuestran los últimos sondeos de favorabilidad. El que sí salió golpeado fue el candidato Andrés Felipe Arias cuya imagen, a pesar de mantenerse en la intención de voto de los colombianos, ha caído fuertemente.

Al terminar el año se supo que la Corte ya hizo un llamamiento a juicio por el caso de las notarías, que la Fiscalía pidió versión de una treintena de personas por el caso del AIS y la Procuraduría hizo lo mismo con funcionarios, incluidos el Ministro y el ex ministro.

Pero lo más inquietante es que, al bajar la espuma de los cuestionamientos, nada de fondo pasó. De hecho, lo revelado este año parecería ser apenas los primeros capítulos de lo que algunos llegaron a llamar la era de la 'favor-política'.