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AMNISTIA EN EL CONGRESO Y BALAS EN EL PAIS

Mientras prosiguen trámites parlamentarios de la amnistía, se intensifica la violencia en el país.

29 de noviembre de 1982

Algo preocupante comienza a vislumbrarse en el proceso hacia la paz iniciada por BB. Se trata de un desface entre el ambiente que reina en los medios parlamentarios y gubernamentales y la realidad que se está viviendo en las selvas y otras zonas del país.
En el Senado de la República la semana anterior prosiguieron rutinariamente las etapas de la amnistía con los resultados previstos. La corporación aprobó por 78 votos afirmativos contra dos negativos el proyecto que anteriormente había pasado la prueba de fuego en las comisiones constitucionales de Senado y Cámara. Los dos votos en contra además de ser paritarios fueron más personales que políticos. Por el lado conservador, el ex-gobernador pastranista Héctor Polanía Sánchez justificó su oposición a la iniciativa alegando que mientras los secuestrados no sean liberados no podría él apoyar la amnistía por considerarla unilateral. Del lado liberal, el chocoano Aureliano Perea Aluma, en un arrebato de sinceridad y espontaneidad algo tropical, manifestó que rechazaba la iniciativa porque "sinceramente no entiendo para qué es esta amnistía".
En general, la opinión pública da la amnistía como un hecho cumplido. Y en consecuencia se ha perdido un poco el interés y la expectativa iniciales, que han sido reemplazados por un letargo que parece rayar en la indiferencia. Sin embargo, si bien la amnistía en términos políticos se está acercando, la paz en términos reales está lejos de estar al alcance de la mano. Evidencia de ésto es la intensificación de las acciones armadas que se registraron la semana pasada en diferentes puntos del país. El enviado especial de SEMANA recorrió durante varios días las zonas afectadas por la violencia en el Caquetá y pudo constatar que tienen validez las docenas de denuncias que a diario se formulan sobre todo tipo de atropellos contra la población campesina.
EN EL CAQUETA
En las últimas semanas han desaparecido cerca de 25 personas en Florencia, gran parte de ellos maestros, y los pobladores de esa ciudad se han acostumbrado a la aparición repentina de muertos en las calles.
Tan sólo en la última semana han desaparecido siete maestros lo cual ha provocado tal grado de pánico en el sector que en la Secretaría de Educación departamental se acumularon 200 renuncias y 150 solicitudes de licencia durante los últimos días.
Esta semana fue abaleado un taxista frente a la base militar de Florencia sin que hasta ahora se sepa por qué. Un habitante del sector explicaba: "es que ahora es peor que cuando había estado de sitio, porque entonces uno sabia qué podía hacer y qué no. Ahora primero disparan y si acaso después explican porqué".
Monseñor José Luis Serna obispo del Caquetá, ratifica la veracidad de todas las denuncias y cuenta que con frecuencia tiene que ir a rescatar ciudadanos que han sido apresados por los militares.
"En estos días" relataba "vinieron a mi despacho personas que vieron cuando dos hombres, vestidos de civil atraparon a la señora Gloria Amparo Patiño en plena plaza de mercado y la llevaron a la base militar de San José.
Allí negaron tenerla. Yo fui personalmente a averiguar el caso y en efecto la tenían y me la entregaron ".
Pero el pánico es aún peor en las zonas rurales en donde se repiten los atropellos a diario, muchos de los cuales no llegarán a conocerse porque sus protagonistas han sido asesinados.
Es lo que afirma el diputado por el Nuevo Liberalismo, Andrés Páez.
En zonas rurales de pueblos como San José del Fragua, Albania, Yuruaco o Curillo, los campesinos se quejan de que no los dejan circular libremente y de que con frecuencia patrullas militares apresan hombres y mujeres y los torturan, buscando información referente a la guerrilla. Les restringen las cantidades de artículos para el mercado y les prohíben introducir drogas a la zona.
El obispo Serna habla de decenas de denuncias que recibe a diario en su despacho y afirma que recientemente logró constatar el alcance del pánico que reina entre los habitantes campesinos del Caquetá, cuando una madre se presentó a su despacho a denunciar la pérdida de su marido y de uno de sus hijos, ocurrida cinco meses atrás.
Cuando el obispo le preguntó por qué hablaba hasta ahora, la mujer desesperada contestó: "me daba miedo porque tengo cinco hijos. Pero es que se llevaron ayer a dos de los cuatro que quedaban".
Los campesinos siguen huyendo de sus tierras. En la actualidad hay 3.500 familias --aproximadamente 15 mil personas--que huyeron del campo, hacinadas en un barrio de invasión al norte de Florencia.
El cese del hostigamiento, la desmilitarización y explicaciones concretas respecto a los casos de los desaparecidos son las principales demandas que plantean los habitantes del Caquetá al gobierno central. Y fueron entregadas en un documento suscrito por representantes de las asociaciones cívicas y de todas las fuerzas políticas del departamento, en una reunión celebrada el pasado sábado en Florencia.
EL ASALTO EN CHIA
La violencia, sin embargo, no estuvo circunscrita a las zonas guerrilleras tradicionales, ni estuvo protagonizada exclusivamente por el ejército. En las propias goteras de Bogotá, en el municipio sabanero de Chía, tuvo lugar una osada y audaz acción del clásico corte de comando guerrillero. El asalto a la población habría de dejar un saldo de cuatro muertos, tres de ellos jóvenes estudiantes universitarios, y el cuarto, un agente de la policía nacional, con 26 años de servicio a la institución. Al promediar la mañana del pasado viernes, cuarenta asaltantes, entre hombres y mujeres, se tomaron el cuartel de policía de la municipalidad y asaltaron simultáneamente las tres entidades financieras locales: El Banco de Colombia, el de Bogotá, y la Caja Agraria. Con banderas y brazaletes del M-19, así como con consignas alusivas al movimiento, los asaltantes vaciaron las arcas, y emprendieron la fuga. Un agente de la policía que intentó hacerles frente cayó abatido y sobre su cuerpo sin vida fue dejada una bandera del M-19. Se dio comienzo entonces a una persecución y balacera de características cinematográficas que habría de culminar con la muerte de tres asaltantes y la captura de seis más, en su mayoría estudiantes de la U.
Nacional. Aún cuando la acción de Chía revestía todas las características de las operaciones del M-19, al cierre de esta edición, el Movimiento no la había reivindicado.
Sea cual fuere el grupo autor del sangriento episodio, no habría duda de que tendria repercusiones negativas en el proceso hacia la paz. Un exministro conservador del gobierno anterior señaló a SEMANA que "estos actos demuestran que ni estos señores quieren realmente la amnistía, ni el país debe otorgársela". Por su parte, Andrés Almarales, miembro del comando superior del M-19 y cabeza visible del comando político en Bogotá, expresó: "si se continúa con esta política de hostigamiento contra campesinos e indígenas, así como el asesinato y desaparición de nuestros compañeros que salen de las cárceles, no habrá ni amnistía ni legalización del M-19". Agregó el dirigente del comando político que el M-19 estaba desilusionado con la evolución que está tomando el actual gobierno porque "parece que no logra pasar del terreno de las palabras, al terreno de los hechos ".
La hora de las definiciones ha llegado.
Pero una cosa es la aprobación de la amnistía y otra es la concretización de la paz. Sería ingenuo asumir que son simultáneas. -
BORRON Y CUENTA NUEVA
La amnistía tiene sus facetas insólitas. SEMANA se enteró de que en días pasados una delegación del M-19, grupo que se autoresponsabiliza de la muerte de José Raquel Mercado, se reunió con la dirección de la CTC, central de la que era dirigente el líder sindical muerto, para hacer las paces.
Manuel Felipe Hurtado, actual presidente de esa central obrera y quien fuera segundo de abordo en tiempos de Mercado, acogió con un abrazo a las figuras del M-19 y las invitó a "olvidar el pasado y empezar a pensar en el futuro". La propuesta concreta que les hizo fue que apoyaran un proyecto de reforma laboral que la CTC está impulsando.
A su vez, el M-19 obtuvo el consentimiento de la central para entrar en el proceso de diálogo nacional, en favor de una apertura democrática.
Así, el desarrollo de los acontecimientos del país termino reconciliando a víctimas y víctimarios.
A raíz de la muerte de Mercado, surgió una explicable brecha entre esa central y ese movimiento guerrillero, que perduró durante años. Para el M-19 Mercado siempre fue un traidor de los intereses obreros, razón que invocaron para su ajusticiamiento. Para la CTC, los del M-19 eran los asesinos de un dirigente popular. Pero hoy en día esos criterios se han modificado:
Si bien el grupo rebelde no se arrepiente de haber matado a Mercado porque encuentra que ese hecho tuvo en su momento una justificación política y militar, sí expresa que "es genuino deseo que casos como éste no tengan que volver a repetirse".
Por el otro lado, mucha agua ha corrido bajo los puentes de la CTC desde los días de la muerte de Mercado, y la central obrera ha ido variando su línea conservadora tradicional en varios aspectos. Su anterior orientación de rechazo a los procesos unitarios del sindicalismo fué cambiada por un tímido apoyo a éstos, al sumarse al proceso que se vive en Santander, donde las tres federaciones de la UTC, CTC y CSTC se han fundido en una sola federación departamental. Por otra parte, los dirigentes de la CTC, que de años atrás venían participando electoralmente en listas liberales o conservadoras, en los últimos comicios rompieron con esa costumbre y levantaron listas independientes, al frente de una de las cuales apareció el propio Hurtado.
La nueva actitud hacia el M-19 parece ser un gesto que encuadra dentro de esa evolución.
Extrañas vueltas las que da el destino. Aunque los jueces de la república no concedan la amnistía a los asesinos de Mercado, los propios compañeros de éste ya les han dado su absolución, en aras de la posibilidad de una trabajo conjunto en el futuro. -