Amnistía raja a Colombia en Derechos Humanos

La violación a los derechos humanos no da tregua. Aunque en Colombia mermó el impacto del conflicto armado en la población con la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, en el país persisten los actos de violencia. 

El asesinato de líderes sociales, el brote de grupos paramilitares o posdesmovilización y la desaparición forzada siguen siendo las preocupaciones de Amnistía Internacional (AI).

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En su informe anual, publicado este miércoles en París, AI recuerda que las bandas herederas de las Autodefensas "socavan constantemente los derechos humanos y la seguridad ciudadana, la administración de justicia y la construcción de paz, incluyendo la restitución de tierras".

"La desarticulación de grupos que mantienen control sobre tierras despojadas a través del uso de la violencia o las amenazas constituye un desafío permanente para la paz", agrega la ONG, al hacer suyas las palabras del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

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Aunque se observa una "notable reducción del impacto del conflicto sobre la población civil", Amnistía expresa su preocupación por las constantes violaciones a los derechos humanos y a quienes defienden los derechos ambientales relacionados con la explotación de los recursos. 

Los abusos vienen desde todos lados: tanto grupos al margen de la ley, así como persistirían hechos violatorios por parte de miembros de las fuerzas de seguridad.

Uno de los casos que soportan esta tesis es el asesinato del líder campesino Gilberto de Jesús Tarazá, que aunque en principio fue reportado como muerto en combate con el ELN, "varios testigos sostenían haber visto a los soldados intentar vestir el cadáver con uniforme militar de combate, y el ejérciton afirmó posteriormente que el homicidio había sido un error militar".

Según informa la organización, la Fiscalía investigaba, hasta junio del año pasado, 4.190 ejecuciones extrajudiciales, mientras que a finales del 2015 un total de 7.773 miembros de la fuerza pública estaban bajo la lupa por los también llamados "falsos positivos".

Las guerrillas también cometieron abusos, especialmente el ELN, entre los que destaca el secuestro de varios periodistas, mientras que aunque "los casos atribuibles a las FARC disminuyeron con el avance del proceso de paz", se registraron casos. 

Amnistía expresa, en resumen, su preocupación por prácticas abusivas y advierte sobre "connivencia entre algunos de estos grupos y agentes estatales", y resalta el acuerdo de paz alcanzado con las FARC, motivo por el que considera debe mantenerse la vigilancia.

AI recuerda que en el 2016 se produjeron 75 "asesinatos selectivos" de defensores, frente a 63 en el año anterior, así como un "gran número de amenazas" atribuidas a paramilitares.

Sólo la ONG Escuela Nacional Sindical registró en el 2016 un total de 17 homicidios entre sus integrantes, la mayoría a tiros.

Amnistía denuncia que "las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, particularmente las que habitan en zonas de interés para los sectores agroindustrial, minero y de infraestructuras, continúan haciendo frente a abusos y violaciones".

Cita algunos ejemplos, entre ellos las "más de 6.000 personas desplazadas a la fuerza en el departamento del Chocó a causa de enfrentamientos entre grupos armados".

En ese sentido, llama la atención sobre la denuncia de varias ONG relativa a la incursión "de un grupo armado conformado por unos 150 paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas en la comunidad afrodescendiente de Teguerré", en el Chocó.

Por siguiente año consecutivo, Colombia repite lugar en la "lista negra" de países donde aún persiste la violencia contra la población civil.