De regreso a la libertad 52 guerrilleros de las FARC

Con el paz y salvo y limpios de cualquier proceso penal salieron este viernes 52 miembros de las FARC de las cárceles del país. Después de cuatro meses desde cuando fue sancionada la Ley de Amnistía, los primeros miembros de la guerrilla recuperaron su libertad.

Se empieza a desenredar la marea de solicitudes que llegaron a los despachos judiciales después de que entró en vigencia la norma que otorga el indulto definitivo a los desmovilizados.

"Desde que entró en vigencia el decreto (...) que regula la aplicación de la amnistía como resultado del proceso de paz con las FARC, la Fiscalía ha recibido 278 solicitudes", dijo el ente investigador.

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Pero no todas tenían que ver con las FARC. Según los diferentes fiscales cuatro tenían que ver con miembros del ELN y otras 82 aún están por establecer pues se desconoce el grupo a la que estos individuos pertenecerían.

En ese sentido, la Fiscalía anunció que de los 192 restantes, cerca de 94 están en trámite y 52 recuperaron su libertad inmediatamente, 22 están "pendientes de decisión" y 24 más fueron negadas porque las personas no aparecían en los listados de miembros de las FARC de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz o porque sus delitos eran "no amnistiables", entre otras razones.

Para el ente investigador el gobierno entregó "información de 1.364 personas acreditadas como integrantes de las FARC para que les sea aplicada" esa ley.

La ley de amnistía para las FARC, aprobada en diciembre pasado, establece que los guerrilleros de esta organización que pueden ser objeto de amnistía son aquellos acusados únicamente de rebelión o delitos conexos y excluye a quienes estén vinculados a crímenes de sangre.

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A paso lento avanza la implementación del acuerdo de paz. Mientras unos 7.000 miembros de las FARC se encuentran concentrados en 26 puntos del país, miles más esperan ansiosos en las cárceles del país recuperar prontamente su libertad. Y es que para agilizar más el trámite falta que se cumpla una promesa: que el Gobierno y el Consejo Superior de la Judicatura adicionen al presupuesto general la suma de 5.000 millones de pesos con destinación a los centros de servicios de los juzgados de ejecución de penas del país.