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| 11/24/2012 12:00:00 AM

Ampliación del fuero militar: entre la espada y la pared

La ampliación del fuero militar entra en su recta final en el Congreso, en medio de una de las más álgidas discusiones de los últimos tiempos.

Esta semana entra en su penúltimo y decisivo debate en el Congreso la ampliación del fuero militar, una de las propuestas de reforma constitucional más polémicas y complejas de los últimos tiempos, que ha puesto al gobierno en un dilema entre darle seguridad jurídica a sus propias fuerzas armadas y honrar sus compromisos con el mundo institucional de los derechos humanos, dentro y fuera de Colombia.

El intento ha tenido un accidentado trámite. Después de que el ministro de Defensa le colgó a la reforma a la justicia un infortunado 'articulito' que dejaba en primera instancia en manos de la justicia penal militar los delitos cometidos por los uniformados, se armó una tormenta. El gobierno se vio obligado a retirar el artículo y conformó una comisión encabezada por Manuel José Cepeda, que en febrero pasado produjo el actual proyecto. Este, en su tránsito en la Cámara, sufrió importantes cambios. Y ahora entra al séptimo de sus ocho debates, en la Comisión Primera de Senado, donde ya tiene ponencia que introduce nuevos elementos.

Cuatro cambios

En su forma actual, el proyecto reforma tres artículos de la Constitución: el 116, sobre los máximos órganos de justicia; el 152, que regula de qué se ocupan las leyes estatutarias, y el 221, sobre fuero militar, heredado hasta hoy de la Carta de 1886. Los cambios fundamentales son cuatro.

El más importante es que en manos de la justicia penal militar quedan todas "las infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por miembros de la Fuerza Pública", con excepción de una lista de delitos que ha sido objeto del más encendido debate. Originalmente, la comisión y el gobierno propusieron nueve. La cámara los 'peluqueó' a tres: crímenes de lesa humanidad, genocidio y desaparición forzada. Ahora, los ponentes en la Comisión Primera volvieron a incluir otros cuatro: ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado. Si se aprueba el proyecto, con excepción de estos siete crímenes, todas las demás violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidas por militares, serán vistas por la justicia penal militar.

El segundo cambio de fondo es que, en adelante, toda conducta de la fuerza pública relacionada con un conflicto armado será investigada y juzgada a la luz del derecho internacional humanitario. Con esto, se busca armonizar estas reglas de juego internacionales con la legislación penal colombiana y que los militares, cuando su conducta sea parte del conflicto armado, no sean juzgados, como ocurre hoy a menudo, a la luz de los criterios de derechos humanos sino de las leyes de la guerra.

Se crea un Tribunal de Garantías con ocho magistrados, la mitad de los cuales serán miembros en retiro de la fuerza pública, que supervisarán los procesos de los militares, y una comisión, también mixta, que dirimirá en primera instancia los casos en que haya dudas de si un delito es competencia de la justicia militar o la ordinaria. El Tribunal de Garantías -y no el Consejo Superior de la Judicatura, como quería la Cámara- será la instancia donde finalmente se diriman estos conflictos de competencia.

Por último, se sientan las bases para fortalecer la justicia penal militar y crear una justicia policial. Se determina que los uniformados condenados deberán pagar sus penas en establecimientos de reclusión especiales o en sus unidades y se crea un fondo para financiar el sistema de defensa pública para los uniformados.

Una ley estatutaria deberá 'bajar a tierra' estas disposiciones constitucionales, armonizar el DIH y la legislación penal colombiana, determinar la estructura de la justicia penal militar, la composición del Tribunal y la comisión. Su discusión se anuncia tan álgida como la de la que deberá regular el Marco Jurídico para la Paz, con el cual, la reforma al fuero militar tiene relación, pues aquel contempla que la justicia transicional puede aplicarse a agentes del Estado, entre ellos los militares y policías.

Debate enconado

El proyecto ha provocado la oposición frontal de las organizaciones de derechos humanos y pronunciamientos internacionales. José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, ha enviado al presidente Santos tres cartas, en las que señala el peligro de que estos cambios favorezcan la impunidad e incumplan las condiciones de derechos humanos de la asistencia de Estados Unidos. Vivanco critica lo que llama "el mito" de la inseguridad jurídica de los militares, pues, sostiene, salvo los casos de falsos positivos, que son una clara violación al DIH, son escasos los procesos judiciales contra militares por bajas legítimas en combate (de casi 2.000 de esas bajas desde 2009, solo 22 son objeto de investigación como presuntos falsos positivos). Unas 150 organizaciones de derechos humanos colombianas y extranjeras pidieron recientemente al gobierno retirar el proyecto. En un inusual pronunciamiento, once relatores de Naciones Unidas dijeron que la reforma "enviaría un mensaje equivocado a la fuerza pública" al dejar fuera de la justicia ordinaria delitos como detenciones arbitrarias o violaciones de derechos humanos contra la población civil.

Los defensores del proyecto, por su parte, argumentan la lentitud y la falta de especialización de la justicia ordinaria, señalan la necesidad de una legislación especializada, de fortalecer la justicia militar y armonizar la legislación colombiana con el DIH, e insisten en que es real el temor de los militares de ser procesados por violaciones al DIH cuando generan bajas legítimas en combate.

El gran promotor del proyecto, el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, ha defendido la necesidad de estos cambios para ofrecer seguridad jurídica y un sistema especializado a más de 430.000 uniformados que adelantan su labor en medio de las especiales condiciones del conflicto armado y para que cuenten con reglas de juego claras en el futuro. El ministro ha insistido en que el gobierno está dialogando con los críticos, incluidos los relatores de Naciones Unidas, y que un equipo del ministerio viaja en estos días a Washington a explicar cómo queda el proyecto. Y dice que la justicia penal militar será objeto de una inversión de 26.000 millones de pesos para estar a la altura de la tarea que se le viene.

Manuel José Cepeda, el jurista que encabezó la comisión que propuso el proyecto, resalta el hecho de que los civiles en el Congreso estén discutiendo y definiendo el marco jurídico para juzgar a los militares, y que se mantienen controles civiles sobre la justicia militar: la Corte Suprema de Justicia sigue siendo la última instancia y el Tribunal de Garantías estará en la justicia ordinaria. El experto en estos temas Alfredo Rangel ha dicho, además, que Colombia sería uno de los pocos países del mundo con un conflicto armado sin legislación especial para los militares.

Lo álgido del debate se explica por dos razones. Una es de fondo. Las múltiples violaciones a los derechos humanos y al DIH por parte de los militares, en especial los más de 1.200 casos de falsos positivos registrados en años recientes, generan toda clase de susceptibilidades a la hora de considerar una legislación especial para ellos. La falta de independencia y la inoperancia de la justicia penal militar añaden las alarmas de que cualquier cambio puede favorecer la impunidad, no la justicia. La otra razón es coyuntural: si algo incitó el debate, fue la 'peluqueada' que sufrió en la Cámara la lista de delitos que serían competencia de la justicia ordinaria. El retiro de crímenes como tortura, violencia sexual y, sobre todo, ejecuciones extrajudiciales (figura bajo la cual caen los falsos positivos) acrecentó la percepción de que los defensores de los militares aspiraban a dejar en la justicia ordinaria el mínimo posible de casos.

En la nueva ponencia la lista de delitos excluidos de la justicia militar se amplía otra vez y, con toda probabilidad, así se aprobará el proyecto de reforma constitucional. Por lo visto, en el dilema de hacer frente a las críticas de los defensores de derechos humanos o dar un claro espaldarazo jurídico a la fuerza pública, el gobierno y su maquinaria legislativa se la juegan sin vacilar por lo segundo. Sin embargo, varias de las discusiones de fondo entre los defensores de derechos humanos y el gobierno persisten y se trasladarán al trámite de la Ley estatutaria. El duro debate que ha acompañado al proyecto de acto legislativo volverá a estallar al reglamentar en el Congreso estos cambios constitucionales de fondo. El diablo, como dicen, está en los detalles.
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