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| 10/25/2012 12:00:00 AM

"Ampliación de fuero militar garantizaría la impunidad": HRW

Como un retroceso para el estado de derecho calificó el Director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, la reforma constitucional que ampliaría el fuero militar.

El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, le envió una extensa y dura carta al presidente Juan Manuel Santos en la que le expresa su preocupación por la ampliación del fuero militar en la reforma constitucional que plantea el Gobierno. Para Vivanco "su sanción prácticamente garantizaría la impunidad de atrocidades cometidas por militares".

Dentro de las atrocidades Vivanco incluye "ejecuciones extrajudiciales, torturas y violencia sexual" que al ser "investigadas y juzgadas por la justicia penal militar, contravendrían de manera flagrante la jurisprudencia de los más altos tribunales de Colombia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

En la misiva, Vivanco, califica como injustificada la reforma y asegura que los argumentos esgrimidos por el Gobierno no son pertinentes y se basan en "el mito de la inseguridad jurídica". Para HRW no existen razones que justifiquen la inseguridad de los militares, que dicen sentirse desprotegidos luego del acuerdo entre el ministerio de defensa y al Fiscalía del 2006 que pretendía evitar que se repitieran casos de ejecuciones extrajudiciales, denominados como 'falsos positivos'.

Para HRW si bien el acuerdo plantea que "los fiscales de la justicia ordinaria inician investigaciones preliminares para verificar las muertes que se registran como bajas de combatientes ocurridas legalmente en enfrentamientos", también es cierto que solamente pueden vincular a un militar a una investigación penal "si tienen pruebas suficientes de que se ha producido una ejecución extrajudicial y no una muerte lícita de un combatiente", por lo que no hay razón para que los militares teman a las investigaciones.

Para reafirmarlo, Vivanco, señala que el acuerdo al que se refieren los militares ya no aplica, pues este año se creó el Sistema de Asistencia de Investigación Criminal a las Fuerzas Militares, que asigna a la DIJIN la responsabilidad de hacer las inspecciones en sitios donde se hayan producido muertes presuntamente en combate y remitir los casos a los fiscales de la justicia ordinaria.

Esto, dice la carta, preocupa al organismo internacional pues los miembros de la DIJIN encargados de esas inspecciones pertenecen al Ministerio de Defensa y residen en las instalaciones militares, lo que compromete su independencia.

Vivanco señala también que "no hay pruebas de que las condenas dictadas no hayan sido debidamente fundadas. De hecho, en más del 40 por ciento de las condenas dictadas en estos casos, los imputados aceptaron los cargos. Toda la evidencia demuestra que militares colombianos no están siendo investigados ni juzgados en relación con muertes lícitas de guerrilleros ocurridas durante enfrentamientos, sino que están respondiendo ante la justicia por haber asesinado a civiles".

Finalmente, en la dura carta Vivanco le advierte que si los militares temen ser juzgados por haber causado bajas legítimas de combatientes durante enfrentamientos "entonces el Ministerio de Defensa debería revisar los programas de entrenamiento y formación para corregir esta percepción infundada".
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