¿Tiene salvación el proceso de paz?

La derrota del Sí ha despertado en los colombianos de todas las orillas la necesidad de tomarse las calles y las plazas de las grandes ciudades para defender el proceso de paz y exigir un pronto acuerdo entre las partes. En las últimas semanas, el país ha presenciado movilizaciones ciudadanas sin antecedentes lideradas por estudiantes,  víctimas, indígenas, académicos, artistas, paisas, caleños,  costeños, incluso un campamento de jóvenes que se ha tomado la plaza de Bolívar hasta que el gobierno anuncie una salida para avanzar en el acuerdo. Esto ha dejado claro que en Colombia hay un consenso alrededor de la necesidad de la paz.

Pero no hay consenso sobre lo que significan esas manifestaciones. Los partidarios del No las consideran un llamado a renegociar los acuerdos. Los del Sí, una defensa de lo logrado en los diálogos de La Habana. Las dos partes tienen algo de razón.

El principal problema de este proceso de paz es que hay contradicciones entre la realidad política y la realidad jurídica. Políticamente, cuando una elección se gana, aunque sea por un solo voto, se gana del todo. Para muchos del No eso significa que el acuerdo deja de existir y hay que barajar de nuevo. Sin embargo, bajo la normatividad jurídica vigente, el presidente tiene muchos instrumentos legales para seguir navegando con el acuerdo original que habría sido derrotado en las urnas. Esa contradicción no tiene mucha lógica, pero es el resultado del tire y afloje jurídico en las diferentes etapas del proceso.

En este momento la crisis en que se encuentra el proceso tiene dos posibles vías de solución: la primera depende del Congreso y la segunda de la Corte Constitucional. Ninguna es perfecta, como se dice ahora, pero las dos permiten visualizar una luz al final del túnel.

El papel del Congreso

Cuando la Corte Constitucional estudió el Acto Legislativo para la Paz dejó varias cosas claras. La primera es que el resultado del plebiscito es vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento. Eso significaría que para implementar los acuerdos era indispensable que ganara el Sí. Sin embargo, en ese mismo fallo la corte también planteaba un posible escenario para el triunfo del No. Este consistía en que el único que quedaba inhabilitado para implementar los acuerdos sería el presidente. No obstante, la sentencia también aclara que, como él es responsable del orden público, conserva la facultad de buscar un acuerdo distinto cuya aprobación e implementación quedaría en manos del Congreso.
La dificultad es que la implementación de los acuerdos es muy difícil sin los mecanismos que el Acto Legislativo para la Paz le había otorgado al presidente. Particularmente en lo referente a lo que se ha denominado el fast track. Esta fórmula agilizaría los requisitos jurídicos para llevar a cabo en forma expedita las más de 50 reformas necesarias para volver realidad lo negociado en La Habana.

En circunstancias normales, reformas de esta naturaleza requieren ocho debates si son constitucionales y cuatro si son legales. Igualmente, cuando se tramita una reforma, el Congreso tiene la facultad de debatir la forma y el contenido de cada uno de sus artículos. Tramitar el proceso de paz en esos términos sería engorroso e interminable.
El fast track obviaba esos dos obstáculos. Reducía el número de debates, y por lo tanto bajaba el tiempo a la mitad. Por otro lado, se exigía que la votación fuera en bloque y con la única posibilidad de aprobar o rechazar lo presentado por el gobierno. De esta forma se evitarían los debates infinitos que tendrían lugar si cada uno de los cerca de 300 congresistas pudieran pronunciarse sobre los puntos. Esas dos gabelas dependían de que triunfara el Sí, pero como esto no sucedió, el proceso de implementar los acuerdos sin esas ventajas se volvería inmanejable.

El papel de la corte

Ante esa aparente sinsalida sucede algo irónico y paradójico. Múltiples demandas se han interpuesto contra el plebiscito, la mayoría de estas por parte del uribismo cuando este estaba seguro de que perdería el plebiscito. La más importante de estas fue elaborada por Iván Duque y presentada por la plana mayor del Centro Democrático. El propósito era demostrar que las gabelas que se le daban al presidente eran inconstitucionales. Duque montó una argumentación sustentada y seria contra esos generosos mecanismos transitorios. Hoy la Corte Constitucional está estudiando su demanda, y si le da la razón, no solo podría resucitar el fast track, sino también tumbar todo el plebiscito.

Pero esa es solo una de las demandas contra los acuerdos de La Habana. La corte también está revisando otra presentada por Eduardo Montealegre. El exfiscal considera que los acuerdos de paz son acuerdos especiales en el marco de los Convenios de Ginebra del derecho internacional humanitario. Eso quiere decir que equivaldrían a un tratado internacional, y por lo tanto no necesitarían ser sometidos a plebiscito. Como Santos se la había jugado por el plebiscito aunque no fuera obligatorio, el entonces fiscal interpuso esa demanda cuando se consideró traicionado y pasó a ser enemigo del presidente.

Por lo anterior, las demandas de los enemigos del gobierno acabaron por convertirse en los salvavidas de este después de la derrota. Invocando los argumentos de los uribistas o de Montealegre, la Corte Constitucional podría tumbar el acto legislativo que le daba obligatorio cumplimiento al plebiscito. Eso significaría que Santos podría seguir adelante con el acuerdo de paz original, aun después de haber sido derrotado en las urnas.

Hay dos artículos relevantes del acto legislativo que si se caen por decisión de la corte cambiarían de un tajo el tablero de juego como está hoy. Uno es el quinto, según el cual “el acto legislativo rige a partir de la refrendación popular del Acuerdo Final”. Eso significaría que la refrendación deja de ser vinculante, y por tanto los mecanismos diseñados para agilizar la implementación volverían a ser viables. Eso les gustaría al gobierno y a los partidarios del Sí.

El otro artículo clave es el cuarto, y su caída le daría gusto no solo al uribismo, sino a todos los triunfadores del No. Según este, las 297 páginas de los acuerdos de La Habana entrarían a ser parte de la Constitución colombiana en la figura conocida como “bloque de constitucionalidad”. Eso ha indignado no solo a la oposición sino a muchos partidarios del Sí, quienes consideran un exceso que un texto negociado con la guerrilla, y más largo y farragoso que la misma Constitución, entre automáticamente a formar parte de esta. Las Farc seguramente recibirían una decisión de esta naturaleza como un baldado de agua fría. Pero al tratarse de una decisión de la Rama Judicial y no del Ejecutivo no podrían reversarla ni echarle la culpa al gobierno. Además, el gobierno suizo acaba de insinuar que al no haber ganado el Sí el plebiscito, no se puede automáticamente elevar el acuerdo a la condición de acuerdo especial.

El papel del presidente

Sin embargo, hay muchas otras consideraciones en juego. El gobierno considera que el clamor de los colombianos en las calles exige una solución a corto plazo. Después de contactos preliminares con cada uno de los promotores del No, ha llegado a la conclusión de que esto sería imposible. La sola discusión sobre la supuesta ideología de género lleva ya una semana sin solución definitiva. Por otra parte, un líder evangélico, en su reunión con el presidente, puso una Biblia en la mesa y presionándola con la mano exclamó: “Este es el libro de Dios, y no entendemos cómo Dios no está mencionado en el acuerdo”.

Si temas como los de la comunidad LGBTI y la religión, que poco tienen que ver directamente con el fin del conflicto, están sobre el tapete antes del inicio de unas conversaciones más formales, qué será de la negociación individual con cada uno de los promotores del No sobre cada una de sus inquietudes. Los temas gruesos, como el de la justicia transicional o el de tierras, requerirían meses. Y llegar a un acuerdo final con todas las partes, en esas circunstancias, podría tomar otros cuatro años.

Ante esa posibilidad, las declaraciones iniciales del gobierno dejan la impresión de que está dispuesto a hacer ajustes a lo acordado, preferiblemente interpretando los textos originales pero tratando de respetar al máximo la esencia de lo pactado en La Habana. Ahí entra el debate sobre qué es un retoque, qué es un ajuste y qué es una reforma de fondo. El gobierno insiste en que los cambios sustanciales no dependen tanto de su voluntad como de la de las Farc. El jueves pasado el presidente extendió el cese al fuego bilateral hasta el 31 de diciembre y aclaró que esperaba una solución definitiva antes de esa fecha.

Ese raciocinio, sin embargo, no convence del todo a la oposición. Para el Centro Democrático, el expresidente Andrés Pastrana, Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez, los evangélicos, Jaime Castro y otros, el gobierno está intentando hacerle el quite al resultado de las urnas con cambios cosméticos y no de fondo. Solucionar unos pocos puntos, como el bloque de constitucionalidad por cuenta de una decisión de la corte, es solo una parte de las preocupaciones de los del No. Tienen muchas otras reservas, como se desprende del memorial de agravios que han presentado los representantes de esos grupos.

La oposición ve los posibles fallos de la corte, que pueden llegar a ser el sustento para destrabar el proceso, como un truco para invalidar la hazaña electoral que logró el 2 de octubre. Y en el caso del Centro Democrático, sus protestas enfrentan el problema de que esos fallos estarían basados en darles la razón a las demandas que ellos mismos interpusieron ante la Corte Constitucional. Aun así, voceros de esa colectividad, como Paloma Valencia y otros, consideran que los argumentos contenidos en esas demandas, originalmente destinados a defender las garantías del No en las urnas, están siendo acomodados ahora para ponerles conejo.

Mientras se define qué pasa en el Congreso o en la corte, el presidente sigue escuchando a cada una de las partes. Santos insiste en la improbable fórmula de construir un acuerdo político entre quienes apoyaron el Sí y el No y que posteriormente la guerrilla de las Farc lo acepte, con el argumento de que las realidades políticas creadas por el triunfo del No obligan a hacer modificaciones al acuerdo firmado en Cartagena. Ante la premura del tiempo sería imposible una negociación del gobierno con todos los sectores y punto por punto. El presidente intentará recoger las observaciones que considere pertinentes y elaborar con ellas un documento para llevar a La Habana.

Santos espera cerrar este asunto antes del final de año. Teniendo en cuenta que cada una de las partes –en este caso, los del No y las Farc– tiene líneas rojas, habrá que ver si llegan a un acuerdo. Lo único seguro es que nadie va a quedar completamente satisfecho. Esa es tal vez la definición de un pacto equilibrado. Si al final de este año no se ha llegado a una fórmula en este sentido, en 2017 el tema será el de la Constituyente.