Andrés Jaramillo, ¿el siguiente en el ‘carrusel’?

Hasta ahora el empresario Andrés Jaramillo López había pasado inadvertido como uno de los contratistas que, supuestamente, hicieron parte del ‘carrusel’ de contratos en Bogotá. Sin embargo, su nombre sonó duro durante la imputación de cargos que la Fiscalía le hizo al concejal José Juan Rodríguez.
 
Jaramillo, según fuentes de la Fiscalía consultadas por Semana.com, será también llamado a imputación de cargos en los próximos días. Según los fiscales que analizan su caso, estaría comprometido en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos como interviniente, peculado por apropiación a favor de terceros y fraude procesal.
 
¿Quién es? Se trata de un ingeniero y un reconocido hombre de negocios representante legal de la empresa constructora Conalvías, quien tuvo una porción de la construcción de la troncal de Transmilenio en la calle 26. Fue a él a quien los Nule le cedieron la obra que quedó a mitad de camino, en esa misma avenida. Quienes lo conocen aseguran que es muy cercano al concejal José Juan Rodríguez.
 
El empresario, según está anotado en expedientes, tuvo a su favor toda la influencia de Rodríguez desde su investidura para que se le adjudicaran los millonarios contratos en Bogotá.
 
Gracias al concejal, Jaramillo logró que le fuera adjudicado, el 26 de diciembre del 2007, el Contrato 138 de 2007 a nombre de la Promesa de Sociedad Futura e infraestructura Urbana S. A., integrada por Conalvías S. A., Infracon S. A., Patria S. A., César Jaramillo y Cía. Ltda., Édgar Jaramillo y Cía. Ltda., Agromezclas S. A. y Almacenes La 14 S. A., cuyo representante legal era Andrés Jaramillo López. El contrato era para desarrollar una parte del tramo de Transmilenio de la calle 26.
 
Acusa la Fiscalía
 
Según la Fiscalía, él y el concejal Rodríguez sabían cómo operaba el IDU y tenían la clave maestra de cómo ganárselo. Jaramillo habría recibido otros beneficios y logró que se le adicionaran contratos de obras de valorización por 35.000 millones de pesos, que, según el expediente, “ni técnicamente ni jurídicamente guardaban relación con las obras de Fase Transmilenio que construía”.
 
Durante la imputación al concejal Rodríguez el miércoles pasado, el fiscal delegado ante la Corte, Jaime Zetien, aseguró que los contratos de valorización entregados a Jaramillo “violaron los principios de selección objetiva, transparencia y responsabilidad”.

Para el ente acusador todo se encaminó a una adición del contrato de obra sin hacer un proceso público de contratación, como es lo normal en este tipo de trámites. La Fiscalía citó para el caso la construcción de la avenida José Celestino Mutis, un tramo de la avenida Ciudad de Cali y la realización de un puente en ese mismo sector de la ciudad.
 
Otro de los contratos obtenidos por Jaramillo al parecer de manera irregular, según indicaron fuentes de la Fiscalía, fue el que le cedieron a los Nule por 195.000 millones de pesos el 17 febrero del 2010, cuando se destapó el escándalo del ‘carrusel’ porque ese grupo empresarial no lo había ejecutado como estaba presupuestado..
 
La Fiscalía ha dicho que allí se habría presentado una irregularidad porque el IDU consintió la entrega de ese contrato a Jaramillo sin permitir que otras empresas pudieran concursar para obtenerlo. Así mismo, considera el ente acusador que en esta cesión se cambió el objeto contractual y se adicionó tiempo, se modificaron plazos y precios de manera irregular.
 
Jaramillo también se habría involucrado en la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Rehabilitación Vial, en la cual, al parecer, tuvo manejo de millonarios contratos.
 
La empresa con la que operó Jaramillo es Conalvías, considerada una de las tres constructoras más importantes del país y de la que hacen parte 14 empresas. Nació en Cali hace poco más de tres décadas. Años después amplió su campo de acción a toda Colombia y en la actualidad su alcance llega a varios países de la región como Perú, Panamá y Estados Unidos.
 
Hasta ahora a este empresario no le han probado ninguna irregularidad, pero la propia Fiscalía cree tener un arsenal de evidencias que lo relacionan con el ‘carrusel’. El ente acusador tiene la palabra.