¿Cómo es trabajar por las víctimas en medio del ELN, los 'paras' y las Farc?

Los grupos guerrilleros y las autodefensas dejaron a su paso por San Carlos por lo menos 33 masacres, 156 desapariciones forzadas y 78 personas víctimas de las minas antipersona. Además ocasionaron que cerca del 80 por ciento de la población se desplazara hacia el casco urbano y otros municipios como Medellín, Envigado y Puerto Nare entre 1986 y 2010, la época más cruenta del conflicto.

En este municipio de 700 kilómetros cuadrados, conocido como la Costa Dulce de Antioquia por su riqueza hídrica, ha hecho presencia el bloque José María Córdoba de las Farc, el frente Carlos Alirio Buitrago del ELN y las autodefensas de Carlos Castaño.

Ángela Moreno ha trabajado con víctimas para que se haga efectivo su restablecimiento de derechos, es una fiel defensora de una atención psicosocial pensada desde el territorio, con profesionales preparados que aporten a la reconstrucción del tejido familiar y social destruido por la violencia. Aspira a ser concejal del municipio para aportar desde allí a todos los procesos con víctimas y a la resignificación de los espacios que en años anteriores fueron sede de los grupos armados.

Después de la desmovilización de las autodefensas en 2006, alrededor de 30 excombatientes decidieron quedarse en el pueblo y reconstruir su vida allí, al mismo tiempo que ayudaban para la identificación de fosas y la exhumación de quienes, hasta ese momento, estaban desaparecidos. Como militante activa desde 2011 y coordinadora encargada del Care (Centro de Acercamiento para la Reparación y Reconciliación de las Víctimas), Ángela ha trabajado en este proceso que hoy describe orgullosa y que considera de gran valor para la comunidad.

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Desde el Care acompañan todo el proceso desde que se recibe la denuncia por parte de las familias de los desaparecidos, la identificación de las fosas donde se presume que están las cuerpos, la realización de los informes ante personería y todo lo necesario para llegar a las inhumaciones; que son entierros simbólicos de los restos finalmente encontrados.

Desde 2006, cuando se creó el Care, en compañía de 30 desmovilizados de las autodefensas y diez desmovilizados de las Farc, se han registrado 210 personas como desaparecidas y se han logrado 60 inhumaciones. Sin embargo, se estima que son más de 600 personas desaparecidas.

En la actualidad, gracias a la información de las familias, vecinos y desmovilizados de la comunidad, el Care tiene identificadas 20 fosas, lo que para Ángela representa la credibilidad que ha ganado el centro. “Tienen confianza en un proceso que hemos adelantado y en el acompañamiento que le hemos hecho a la población”, dice.


Un drama familiar

“A mí el conflicto me arrebató cuatro hermanos”, recuerda Ángela con voz pausada aunque evidentemente afectada por una realidad que ha fragmentado a su familia y de la cual su madre, dice, todavía no se recupera.

A su primer hermano lo perdió en 1990 mientras toda su familia, a la 1:30 de la mañana estaba en el velorio de su abuela. “Mi hermano salió, le preguntaron por un amigo de él, en medio de su dolor por haber perdido a la abuela, respondió feo y se lo llevaron. Le dieron un disparo en la cabeza”, relata y habla de la tristeza de la muerte de un “muchacho trabajador”.

El segundo, continúa, lo encontraron muerto después de estar 15 días desaparecido; murió junto a otras 17 personas en un bus escalera a manos de las AUC, en el año 2000 después de salir de una vereda con fuerte presencia guerrillera en aquel entonces.

Ángela se internó junto con otras tres mujeres a buscarlo a él y a otros 12 desaparecidos “los hombres no salían porque los cuidábamos hasta más no poder”, aclara y narra parte de la búsqueda de sus cuerpos “En mi casa me decían ‘usted que es la más guapa, lo tiene que encontrar’. Nosotras salíamos a las cinco o seis de la mañana a buscarlos y llegábamos en la noche en medio del desespero de las familias pensando que nos habían matado”. Los desaparecidos fueron finalmente encontrados en una fosa en límites con San Rafael, un municipio vecino del oriente de Antioquia.

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Entre 2001 y 2002 la familia de Ángela perdió a otros dos hermanos a manos de las autodefensas y la guerrilla de las Farc. “En menos de dos años mataron tres hermanos y yo decía ‘cómo va a vivir mi mamá’”, recuerda esta líder de 47 años y añade que hasta ahora su familia no ha participado en ningún proceso de restablecimiento de derechos ni ha recibido atención psicosocial.

Lo que impulsa a esta mujer, madre de dos hijas, para emprender su trabajo diariamente es reconocer que detrás de cada víctima y victimario hay una familia que no tiene la culpa de lo que su padre o madre han hecho o de lo que su familia ha padecido por causa de la violencia.

“Hicieron daño, pero igual son personas y todos nos equivocamos, tenemos derecho a rehacer nuestra vida y nuestro proyecto de vida, desde ahí lo vi yo y estoy enamorada de mi trabajo, independientemente de que resulte beneficiada o no”, dice esto último en un tono resignado, a sabiendas que en ocasiones los trámites estatales para el reconocimiento y atención de las víctimas resultan engorrosos y burocráticos para las comunidades. Y esa es precisamente la razón por la que el proceso de reparación de su familia aún está pendiente, mientras ella impulsa el de otras familias que también buscan recuperarse de un pasado marcado por la guerra.

Por Yenifer Aristizábal

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