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| 3/2/2015 9:15:00 PM

“Soy pesimista en el caso Pretelt y en los demás procesos”

La representante a la Cámara Angélica Lozano, de la Comisión de Acusaciones, vaticina que no pasará mucho en la denuncia contra el magistrado Jorge Pretelt.

El viernes, mientras la Corte Suprema de Justicia sentenciaba que durante el gobierno de Álvaro Uribe el DAS espió a magistrados de la Corte, periodistas, y dirigentes de oposición, como se desprende de la condena a María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno, un escándalo sin antecedentes estallaba al interior de la Corte Constitucional.
 
El magistrado Mauricio González Cuervo denunció a su colega Jorge Pretelt por supuestamente haber pedido dinero a cambio de un fallo de tutela. La denuncia contra el actual presidente de la Constitucional mencionaba 500 millones de pesos para favorecer con una decisión a la firma Fidupetrol.
 
Aunque los dos episodios parecen aislados, tienen varios elementos en común. Ambos estremecieron a la opinión pública. En el caso de las chuzadas, se reclamó la necesidad de saber quién fue el responsable de las chuzadas en el gobierno Uribe. Quién fue el encargado de impartir la orden y si las informaciones de inteligencia, recaudadas de forma ilegal, fueron conocidas por el propio mandatario. De hecho, el fiscal Eduardo Montealegre, en una entrevista al diario El País de Cali, aseguró: “el país debe saber quién fue el gran artífice de los seguimientos”.

En el caso del presidente de la Corte el asunto puede ser más bochornoso. De hecho generó indignación en el gobierno, en los dirigentes políticos, y en la propia opinión pública que reclama si una persona que ostenta la dignidad de magistrado, que debería ser inmaculado, pidió o no dinero a cambio de una decisión.

Las respuestas que se reclaman en estos dos escándalos las debe entregar el Congreso de la República. En concreto, la Comisión de Acusaciones. Y aunque pocos son optimistas de que esta -que ha sido llamada por su ineficacia como la ‘comisión de absoluciones’- entregue respuestas, el escepticismo es mayor con el hecho de que esta comisión, si se llega a aprobar la reforma al equilibrio de poderes, será eliminada.
 
Como todo está previsto, el próximo mes de julio la célula judicial del Congreso dejaría de existir, y a cambio sería creado un tribunal de aforados que en adelante se encargará de investigar a las más altas dignidades del Estado.  
 
Este martes el presidente de la Comisión, representante Julián Bedoya, citó a una conferencia de prensa en la que -todo apunta- anunciará la apertura de una investigación contra el magistrado Pretelt derivada de la denuncia del magistrado González.
 
No será la primera vez que la Comisión anuncie este tipo de investigaciones. Pero ahora supondrá un reto mayúsculo entregar resultados, sobre todo cuando en julio podría ser eliminada.
 
En el actual periodo legislativo la Comisión ha brillado por su poca eficacia. Desde el pasado 20 de julio ha tenido dos presidentes, Yahir Acuña lo fue por 72 horas. En seis meses han adelantado un inventario de procesos que aún se desconoce y se dio reparto de las investigaciones que hasta el momento arrojan muy pocos avances.
 
De hecho la investigación contra Uribe por el episodio de las chuzadas lleva más de cuatro años en etapa preliminar, y lo único que se ha adelantado es la versión libre que el expresidente rindió ante su investigador Acuña.
 
Edward Rodríguez, del Centro Democrático y miembro de la Comisión de Acusaciones, dice que la obligación es actuar de forma contundente. Asegura que hay una renovación en la actual comisión, y han sido varios los representantes que han pedido que se designe cuanto antes a los investigadores en el caso Pretelt. “Esta es una oportunidad histórica y servirá para definir si vale la pena mantener la Comisión o inexorablemente hay que eliminarla”.
 
Rodríguez además considera que en el caso de la Corte Constitucional no solo debe ser investigado el magistrado Pretelt, sino también los otros ocho magistrados, pues según la denuncia allí se habla de que fueron más los magistrados que conocieron esa presunta conducta.  “Hay que investigar por qué los magistrados conocieron hace tiempo esta situación y no lo pusieron de presente ante las autoridades. ¿Por qué se presentó esta omisión? ”.
 
Angélica Lozano, de Alianza Verde y quien también pertenece a la Comisión, es muy pesimista con esta investigación y las demás que se adelantan en el Congreso. “El proceso que adelanta la Comisión es político y no penal, y tras un largo y tedioso proceso solo concluirá en un juicio de indignidad política y no de consecuencias penales. El problema no está en las personas, es estructural. En este caso, así me toque asumir la investigación, no va a pasar nada. Para lo único que servirá es para comprobar que en los procesos contra los altos dignatarios hay un elevado nivel de impunidad. Soy pesimista en este caso y en los demás casos”.
 
La incertidumbre que existe en torno a las investigaciones que adelanta el Congreso contra los altos funcionarios del Estado es que no hay claridad sobre el futuro de los procesos que adelantaba la comisión, si serán traslados al nuevo tribunal de aforados que cree la reforma al equilibrio de poderes, o si esta seguirá un tiempo más adelantando los casos que han llegado y llegarán antes del próximo mes de julio.
 
En todo caso, las respuestas a los interrogantes que reclama hoy la opinión pública respecto a estos dos episodios que enlodan al anterior gobierno y a la actual Corte Constitucional estarán en manos de la Comisión de Acusaciones, que históricamente se ha caracterizado por no resolver este tipo de inquietudes.
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