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| 12/16/2013 12:00:00 AM

La propuesta de Angelino contra los fallos del procurador

Garzón dice que hubo una equivocación en no establecer una segunda instancia para fallos disciplinarios.

A propósito de la polémica generada por la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por parte del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, el vicepresidente Angelino Garzón terció en el debate sobre los excesivos poderes que la Constitución del 91 le otorgó a la Procuraduría.

Más allá de reconocer que quienes diseñaron la Constitución probablemente se excedieron en las facultades y competencias otorgadas al jefe del Ministerio Público, que incluso tiene la potestad de destituir a funcionarios elegidos mediante voto popular, el vicepresidente considera que el error de los constituyentes fue no establecer una segunda instancia autónoma para fallos administrativos o disciplinarios.

Su pronunciamiento obedece a que el alcalde Gustavo Petro, quien la semana pasada fue destituido e inhabilitado por 15 años por el procurador, Alejandro Ordóñez, tiene la posibilidad de presentar un recurso de reposición ante esa decisión, pero lo debe tramitar ante el mismo funcionario que lo sancionó, en este caso ante el procurador Ordóñez, circunstancia que hace prever que la decisión será ratificada en segunda instancia.

Ante este escenario, Angelino, en calidad de exconstituyente consideró que todos los integrantes de la Asamblea Constituyente “nos equivocamos” al no crear una segunda instancia que revisara de manera autónoma los recursos a que tienen derecho los servidores públicos frente a las decisiones administrativas y disciplinarias que toman los diversos entes administrativos y de control del Estado a nivel nacional, regional o local.

“De buena fe en la Asamblea Nacional Constituyente aprobamos una Constitución Política Nacional donde le dimos plenos poderes a los diversos organismos administrativos y de control del Estado. Incluso, por encima de los poderes soberanos del constituyente primario que es el pueblo, olvidando que los servidores públicos dentro de una política de derechos humanos tienen el pleno derecho a que todas las decisiones, administrativas y disciplinarias que les afecta, sean revisadas por una segunda instancia autónoma, a fin de garantizarles el derecho a la legítima defensa y al debido proceso”, aseguró Angelino.

Por eso el vicepresidente le propuso al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, el del Interior, y al propio Congreso de la República, reformar la Constitución para crear un organismo autónomo, diferente a la primera instancia, en aras de conservar completa independencia en la revisión de las decisiones.

La propuesta de Angelino se produce una semana después de que el procurador Ordóñez inhabilitó a Petro para ejercer cargos públicos, una decisión que aún no está en firme, pues falta que se resuelva el recurso de reposición que deberá analizar el propio jefe del Ministerio Público.

Angelino no se pronunció frente a la propuesta del ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, quien tras conocer la noticia de la destitución de Petro abrió el debate para modificar la facultad de la Procuraduría de destituir a funcionarios elegidos por voto popular.

Probablemente la propuesta de Angelino no tenga efectos sobre la suerte disciplinaria de Gustavo Petro, pero a futuro pretende corregir los errores que juicio del vicepresidente se configuraron en la carta política del 91.
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