Animalistas se sienten traicionados por Santos

Desde cuando el presidente Juan Manuel Santos ganó su reelección en una apretada segunda vuelta, muchos se han atribuido el factor decisivo del triunfo. Si se les pregunta a los congresistas de la Costa, ellos levantan la mano reclamando su protagonismo en la victoria. O los dirigentes de izquierda, que pese a haber hecho oposición a su primer gobierno, algunos decidieron sumarse a la reelección.

Ahora, los animalistas, que cada vez se sienten fortalecidos, son los que levantan la mano para reivindicar su aporte y, cómo no, para exigirle al Gobierno cumplir sus compromisos. Y lo hacen luego de una semana adversa para sus intereses. Una semana en la que han recibido dos decisiones del Gobierno en contra de dos de las iniciativas que hacen parte de su particular agenda.

Un concepto negativo

El representante liberal Juan Carlos Lozada, quien lidera la llamada bancada animalista en el Congreso, lleva varios meses impulsando un proyecto de ley que no sólo pretende que los animales sean declarados “seres sintientes” dentro del ordenamiento jurídico, sino elevar sanciones al maltrato animal, tipificando esta conducta como un delito dentro del Código Penal.

El proyecto, entre otras, propone multas de entre cinco y 50 salarios mínimos ($10.000 y $250.000) y penas de de entre 12 y 26 meses de prisión para quienes maltraten animales, cometan actos sexuales con animales, o tengan conductas violentas contra animales en frente de menores.

El proyecto está ad portas de su tercer debate, y para esa discusión, el Consejo Superior de Política Criminal, presidido por el Ministerio de Justicia, envió un concepto que puede ser contrario al proyecto.

“(…) Este Consejo reconoce como un aporte importante la consideración de los animales como seres sintientes que deben ser objeto de consideración para proteger su bienestar. (…) El consejo superior de política criminal considera que en la forma de criminalización planteada no se encuentran razones suficientes para trasladar de un ámbito del derecho sancionador al derecho penal determinadas conductas de maltrato a los animales”, dice apartes del Concepto conocido por Semana.com.

En dicho documento, el Consejo de Política Criminal considera que el maltrato contra los animales debe seguir siendo una contravención y no un delito. Entre otras, porque ante la crisis carcelaria, sería contraproducente seguir creando nuevos tipos penales.

“El Consejo Superior de Política Criminal recomienda continuar por la línea que mantiene el carácter contravencional de las conductas y de procurar reformas que, en primer lugar, fortalezcan y hagan efectivos los mecanismos del derecho administrativo sancionador, antes de remitir el asunto al derecho penal”, concluye.

No significa que esta sea la postura definitiva del gobierno, pero sí apunta a la línea que probablemente defenderá el Ministerio de Justicia.

Sin plata para la consulta

Otra de las prioridades de los animalistas es la consulta antitaurina aprobada por el Concejo de Bogotá y el Tribunal de Cundinamarca. Con ella pretenden que la mayoría de los ciudadanos se pronuncien sobre si quieren o no corridas de toros en la ciudad.

Y aunque la consulta es inocua para este propósito, pues las corridas son una ley de la república y este mecanismo no tumba leyes, los animalistas pretenden demostrar con ello que en Bogotá no hay tradición taurina.

El martes pasado, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, sentenció que el Gobierno no desembolsará los casi $40.000 millones que, según la Registraduría, cuesta realizar esa consulta. Entre otras, según el ministro, porque el Gobierno no tiene ese presupuesto y porque el país tiene otras prioridades. Con esa postura, la consulta antitaurina probablemente no se realizará el próximo 25 de octubre.

Que cumpla su palabra

Estos dos episodios tienen molestos a los animalistas, pues aseguran que el Gobierno les prometió apoyo a sus causas en la pasada campaña política, y que en la práctica no se consolidan. En diálogo con Semana.com, el congresista Lozada le pidió al presidente Santos cumplir su palabra.

“Si el presidente Santos, en una de sus promesas de campaña en segunda vuelta para obtener el apoyo animalista prometió que los animales iban a ser tenidos en cuenta y que sancionaría una ley que penalice el maltrato animal, esperamos que el presidente Santos cumpla esa promesa que le hizo a los miles de animalistas del país que salieron a respaldarlo en segunda vuelta”, dice el representante.

Lozada también cuestiona la decisión del Gobierno frente a la consulta antitaurina, y entre otras asegura que esta, si se realiza el 25 de octubre, no costaría los $40.000 millones que dice la Registraduría, sino que se reduciría a $2.000 millones.

“El presidente Santos fue quien sancionó la ley de participación ciudadana, entonces a las primeras de cambio, cuando se va a estrenar la ley, el Gobierno la está embolatando. No hay argumento para cercenar la participación ciudadana”, concluye.

Por eso ahora los animalistas sacan a relucir su apoyo a la reelección y exigen una posición del Gobierno en favor de sus causas. Esperan que en las próximas semanas el gobierno  impulse el proyecto de ley y que gire los recursos para realizar la consulta antitaurina en la capital.