Ánimo de lucro no hará parte de la reforma a la ley 30 de educación superior

Uno de los puntos más polémicos de la reforma a la Ley 30 de educación superior quedó excluido del articulado que la próxima semana radicará el Gobierno en el Congreso de la República. El artículo que proponía crear instituciones de educación con ánimo de lucro, que provocó el rechazo de las universidades, no se incluirá en la propuesta.

La decisión se anunció este martes al término de la reunión del presidente Santos con los representantes de la Mesa de Unidad Nacional (que conforman los partidos de la U, Conservador, Liberal y Partido Verde), quienes le recomendaron retirarlo puesto que no “estaba consensuado”. Tampoco se incluirá la propuesta que planteaba la inversión de la empresa privada en la universidad pública.

“Tal vez no es el momento de introducirlo. Nosotros nos habíamos comprometido a que ese proyecto lo presentaríamos cuando estuviera totalmente consensuado, y ese es el único punto donde no existe un consenso con las comunidades académicas ni con los rectores de las universidades”, señaló el mandatario.

La propuesta fue polémica desde el momento en que se conoció. En múltiples escenarios la ministra de Educación, María Fernanda Campo, defendió este modelo que considera importante para aumentar la cobertura de la educación superior, que en la actualidad es del 37 por ciento.

En su momento, el rechazo por parte de la academia fue rotundo. José Fernando Isaza, presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, aseguró en varias oportunidades que el modelo era “perverso”.

Tanto Isaza como el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, advirtieron que en los países donde se adoptó este modelo, como Brasil y Estados Unidos, se sacrificó la calidad y la pertinencia de la educación.

Al conocer la decisión del Gobierno, Wasserman aseguró "es conveniente y que la academia la acepta". Dijo que la propuesta de incluir el ánimo de lucro en la reforma era "exagerado y no correspondía a la realidad”.

Eran varios los temores de los rectores, todos relacionados con la calidad. Para la academia, permitir el ingreso de instituciones de educación superior con ánimo de lucro “distorsionaba” el sistema, puesto que se corría el riesgo de impartir programas que solo fueran lucrativos y con gran demanda, aunque no respondieran a las necesidades de la región en donde tuviera sede la institución.

“Por ejemplo, todo lo que es la investigación básica, como en las carreras de ciencias, representa una rentabilidad pública y no privada. Esto no sería del interés de las universidades con ánimo de lucro”, le afirmó hace algunos meses el rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano a Semana.com.

Según Isaza, en Estados Unidos "este esquema se convirtió en un instrumento para capturar los recursos del subsidio de la matrícula, pero al final, por la baja calidad de los programas, la deserción en estos establecimientos alcanzó el 70 por ciento, más alta que la colombiana, que está en el 50 por ciento”.

Aunque la ministra y su equipo plantearon límites en el proyecto para evitar que este modelo se saliera de control, estos no convencieron a los académicos. La propuesta que será retirada planteaba que ninguna de estas nuevas instituciones podía tener más del 10 por ciento del total de la matrícula nacional y así evitar posiciones dominantes.

Asimismo, las obligaba a ser vigiladas por la Superintendencia Financiera y a ser garantes de los créditos educativos de sus estudiantes (en particular los del ICETEX); de esta manera de veían forzadas a trazar estrategias para evitar que sus alumnos abandonaran los estudios. También les exigía solvencia económica para evitar cierres en poco tiempo.

Aumento de recursos se mantiene

Después de varias discusiones con los rectores, en julio pasado el Gobierno aceptó aumentar los recursos para financiar la educación superior pública. La ministra de Educación reiteró este martes que ese acuerdo de mantiene.

El Gobierno incluyó en el proyecto de ley recursos adicionales del 3 por ciento sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), desde el año 2012 hasta el 2022, como lo plantearon los rectores.

La propuesta del Gobierno buscaba un aumento gradual sobre el IPC: un punto en el 2012, dos puntos en el 2013 y tres puntos desde el 2014 hasta el 2019.

Estos recursos serán distribuidos así: un 50 por ciento con base en indicadores que respondan al mejoramiento de la calidad, la formación, la productividad docente, el aumento de cobertura con énfasis en lo regional y los resultados de investigación

El 50 por ciento restante se entregará según la proporción de los aportes de la Nación en 2011. Todo este incremento irá a la base presupuestal de cada institución y, por lo tanto, se mantendrá en los años subsiguientes.

El proyecto de reforma plantea recursos adicionales para los próximos tres años, por un valor de 1,5 billones de pesos, que irán al Sistema de Educación Superior.

Se destinarán 660.000 millones de pesos para las instituciones de educación superior y 800.000 millones de pesos más para otorgar subsidios de sostenimiento y de tasa de interés a los estudiantes.