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| 11/23/2015 5:30:00 PM

Movilidad: denuncian a Petro por decisiones del SITP

La cabildante de La U Sandra Jaramillo pidió a la Fiscalía investigar presuntas irregularidades. La Administración Distrital le responde.

El cambio de modelo del transporte tradicional a un sistema integrado en Bogotá no deja de ser un verdadero dolor de cabeza. Quienes llevaron sus buses al SITP se quejan de que sus ganancias son mínimas o nulas, además de que el Distrito -según dicen ellos- ha agravado la situación con los cambios de rutas.

Mientras los transportadores mantienen las quejas, la concejala del partido de La U Sandra Jaramillo le solicitó a la Fiscalía que, por estos temas, se investigue al alcalde Gustavo Petro y la secretaría de Movilidad, María Constanza García.

La cabildante consideró que existe un presunto abuso de autoridad, tráfico de influencias, prevaricato por acción y acto arbitrario e injusto y así los expuso en la denuncia que presentó ante el ente acusador.

Las razones de la concejala no son pocas. La primera de ellas es que la administración Petro “engañó” a los pequeños propietarios de buses, ya que el sistema no está funcionando con normalidad.

Dentro de los argumentos -dice Jaramillo- hay cambios de rutas sin consulta, además alegan que la Secretaría de Movilidad canceló unilateralmente algunas de las rutas adjudicadas a las operadoras Egobus SAS y Coobus SAS, dos de las empresas que están básicamente en quiebra.

Los reclamos no quedan allí. La concejala señaló que el Distrito asignó rutas provisionales sin licitación pública. Todos esos cambios trajeron como consecuencia la falta transporte en algunas zonas de la ciudad.

Distrito responde


Ante las acusaciones, la secretaria García aseguró que los argumentos utilizados son equivocados y desconocen el marco jurídico vigente. En una comunicación le dice a la Jaramillo que el alcalde tiene la facultad de ser autoridad de transporte en la capital. Así lo establece el artículo 8 de la Ley 336 de 1996.

En la respuesta también le dice que no es cierto que la revocatoria de los permisos de operación del transporte público colectivo se haya efectuado de manera arbitraria. En el mes de diciembre del año 2010, se revocaron todos los permisos de operación de las rutas que luego se restablecieron para garantizar el servicio.

“Es temerario afirmar que el proceso de asignación de las rutas provisionales del SITP se efectúa a dedo. El proceso que adelanta Transmilenio S. A. para el efecto obedece a criterios técnicos, en especial al número de vehículos y patios con los que cuenta cada empresa para garantizar la adecuada prestación de los servicios”, se lee en la misiva.

Una vez más el SITP origina un choque entre la Administración Distrital y los representantes de los transportadores, pero esta vez la Fiscalía tendrá que definir si hay mérito para abrir una investigación.
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