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| 1/23/2015 6:20:00 PM

La sombra que pesa sobre la Asamblea de Antioquia

Semana.com muestra detalles del proceso a los diputados Ángela María Cano y Jorge Hernández, quienes con detención domiciliaria asisten a sesiones de la Asamblea.

Para argumentar el delito de estafa, la Fiscalía intentará probar en el proceso de la diputada antioqueña Ángela María Cano la figura del engaño, pues en ocho años, según el ente acusador, ella se encargó de alimentar la ilusión que tenían 74 familias de tener casa propia, sin que hasta hoy se haya clavado la primera piedra en ninguno de los dos terrenos que se compraron con aportes de los afiliados.

Una fuente no formal declaró bajo la gravedad de juramento que para dar la imagen de que ya se estaba construyendo, una máquina retroexcavadora entraba material a uno de los lotes durante el día, para luego volver a sacarlo en la noche y así sucesivamente.  

El caso de Cano encarna un hecho insólito en la política colombiana. La diputada ha hecho parte del quórum en las sesiones extraordinarias de la Asamblea, aun cuando en su contra pesa una medida de aseguramiento con detención domiciliaria.

Pero por mucho que la opinión pública no lo entienda, la diputada liberal -hoy indiciada de los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada, urbanización ilegal y gestión indebida de recursos- puede seguir laborando gracias a una orden judicial. La decisión se fundamenta en que Cano es madre cabeza de hogar.

Pero por estos días los reflectores también están puestos sobre el diputado del partido de La U Jorge Hernández Quiñónez, quien también está afectado con medida de aseguramiento, por haber supuestamente adjudicado de forma directa 33 contratos a dos empresas de familiares suyos (incluidas su hermana y hasta su propia madre) mientras fue secretario de Participación Ciudadana en la gobernación de Luis Alfredo Ramos. También tiene permiso de trabajar.

Aunque las capturas de los dos diputados se dieron paralelamente a finales de diciembre pasado, los cuestionamientos a sus hojas de vida vienen de años atrás. Y ni sus partidos políticos ni la misma Asamblea se han atrevido a valorar las denuncias. Cano y Hernández hoy siguen devengando salario amparados bajo el derecho fundamental a la presunción de inocencia.

Pero ¿cuáles son las pruebas que la Fiscalía tiene en contra de ellos? El caso de la diputada Cano reviste una gravedad especial si se tiene en cuenta que hay familias de bajos recursos que dicen haber sido estafadas.  

En el año 2006, Cano llegó a Itagüí como la mujer que con su gestión le haría realidad el sueño a 400 familias de tener un apartamento propio. Para ello los aspirantes debían aportar sumas que oscilaban entre 12 y 15 millones de pesos por núcleo familiar. Muchos de quienes hoy se sienten estafados le dijeron a la Fiscalía que creyeron en Cano porque vieron en ella una mujer convincente que rezaba el rosario siempre antes de cada reunión.

Los mismos nombres con que fueron bautizados los dos proyectos de vivienda comunitaria –San Miguel Arcángel, planeado para 160 apartamentos, y Santa Marta, para 240- aumentaron el misticismo alrededor de la diputada. Lo que no sabían las familias aportantes era que, según la Fiscalía, los dineros entregados con tanto esfuerzo no iban a ser utilizados para construir los apartamentos, sino que se convirtieron en una bolsa de la que salían rubros para “fiesta de cumpleaños de la gestora (Ángela María Cano), donación regalo a la gestora, compra de floristería, boletas de campaña política, corona fúnebre, entre otros”, dicen documentos con que cuenta el ente acusador.

En octubre pasado, la diputada Cano le dijo a SEMANA que era falso que el terreno de Santa Marta estuviera embargado, para lo cual exhibió un certificado de la Oficina de Instrumentos Públicos. La Fiscalía pudo establecer, sin embargo, que el lote fue dividido en cinco partes, una de las cuales fue cedida a la Alcaldía de Itagüí y otra negociada con la empresa Total Compañía Local de Diseño y Construcción S. A., de la que es dueño Gabriel Jaime Velásquez, esposo de Cano durante 11 años. Esa porción de tierra aparece embargada. Y aunque Velásquez tiene una orden de captura en su contra, la Fiscalía no ha podido encontrarlo.

El caso del proyecto San Miguel Arcángel es aún más preocupante, según los fiscales del caso. Por iniciativa de Cano y de su yerno Carlos Andrés Moreno, gerente de Corvidas -la corporación que manejaba una parte de los dineros y que cobraba por prestar asesoría a los afiliados-, las familias fueron invitadas al terreno para desyerbarlo y ponerlo bonito como una manera de ir fomentando el sentido de pertenencia. No obstante, la Fiscalía descubrió después que la tierra en ese momento ni siquiera era de ellos. “San Miguel también está embargado porque no han terminado de pagarlo, eso lo tiene un juzgado, y si no lo pagan, lo van a perder”, dijo en audiencia la Fiscal de apoyo, Clara Eva Montoya.

Entre las 72 familias que denunciaron a Cano invirtieron en su sueño 955 millones de pesos, lo que representa el 18 % de las personas que aportaron a los proyectos. Según extractos de Bancolombia, el Banco de Bogotá y el Banco Caja Social que serán presentados como pruebas, los dineros entraron en la misma medida en que salieron. Cálculos de la Fiscalía indican que el 100 % de las familias de Santa Marta y San Miguel pudieron haber pagado a Corvidas (cuyo gerente es el yerno de Cano) y a la constructora DC Total (cuyo dueño es el exesposo de Cano) la suma de 3.000 millones de pesos. A los afiliados se les dijo siempre que las licencias de construcción estaban aprobadas y que los subsidios del Gobierno iban en camino. Pero la realidad es que de toda la tierra comprada, sólo una quinta parte de Santa Marta tiene licencia construcción, y está próxima a vencerse.

El caso del diputado Jorge Hernández no es menos delicado. Su mala racha comenzó el 1 de julio del 2011. Ese día, Rentas Departamentales incautó 79 cajas de ron en la sede de una empresa en Medellín llamada Liderar Ltda. En la inspección había un afiche de Hernández, quien por esos días hacía campaña para la Asamblea. Rentas pudo establecer que el ron era original y pertenecía a un lote que la Fábrica de Licores de Antioquia le había donado al mismo Hernández cuando era secretario de Participación Ciudadana, cargo que ejerció desde el 1 de enero del 2008 hasta el 27 de enero del 2010.

Pues bien, tanto Rentas como la Procuraduría Regional investigaron, pero sepultaron el caso. La Fiscalía, no obstante, continuó indagando y encontró que Liderar Ltda. era una empresa de la que Hernández fue socio fundador y a la que él mismo, como ordenador del gasto de la Secretaría de Participación, le adjudicó 28 contratos que sumaban 450 millones de pesos, en la modalidad de contratación directa. En el momento de la adjudicación, familiares de Hernández tenían participación accionaria.

Lo mismo ocurrió con contratos suscritos entre la Secretaría y la firma Inap Ltda. En este caso Hernández no aparece en el historial como socio de la empresa, pero sí un cuñado, más adelante su hermana y posteriormente su propia mamá.

Esas son una parte de las pruebas que tanto Cano como Hernández tendrán que desvirtuar en el proceso, mientras siguen ostentando sus investiduras, con la solidaridad de la presidenta de la Asamblea, Orfa Nelly Henao, quien a comienzos de año dijo que los acompañaba en el dolor por el cual pasaban. El mismo gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, cuyo plan de desarrollo depende del voto de cada uno de los diputados, ha dicho que ni de Cano ni de Hernández tiene la más mínima queja.
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