Polémica propuesta de Navarro para que ‘Timochenko’ llegue al Congreso

Desde que el país vio al máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverry alias ‘Timochenko’, estrechar la mano del presidente de la República Juan Manuel Santos, un debate bastante complejo empezó a ocupar a la opinión pública nacional: la posibilidad de que el máximo comandante de la guerrilla se convierta en un actor de la política.

El primero en pronunciarse fue el fiscal general Eduardo Montealegre, quien propuso una reforma a la Constitución para permitir la participación en política de los jefes de la guerrilla, que bien pueden ser considerados los máximos responsables de los más atroces crímenes de las FARC. La sola idea escandalizó tanto al expresidente Álvaro Uribe como al procurador general Alejandro Ordóñez, quienes se oponen a que los jefes del secretariado tengan elegibilidad política.

Ese debate, que ha ocupado la atención de politólogos y analistas, llegará al Congreso colombiano por cuenta de una polémica propuesta. El senador Antonio Navarro (Alianza Verde) acaba de radicar en el Senado una reforma a la Constitución con el propósito de posibilitar la participación en política de los jefes guerrilleros.

El proyecto busca incorporar un artículo en la Constitución que establezca que “los miembros de las organizaciones guerrilleras que en el marco de acuerdos de paz firmados con el gobierno nacional hayan sido sujetos de la justicia transicional, se desarmen de manera verificable y se incorporen a la vida civil, podrán participar en política. Los acuerdos de paz que se firmen podrán establecer excepciones. La vigencia de este artículo transitorio será de tres años contados a partir de la fecha de su aprobación”.

Con esas 71 palabras ‘Timochenko’ y cualquier otro jefe guerrillero estaría habilitado a participar en política electoral, y por qué no a llegar a ocupar curules en el Congreso colombiano.

Un escenario que hoy parece imposible, pues actualmente la Constitución solo permite la participación en política de aquellos desmovilizados condenados por rebelión (delito político) y delitos conexos a este, pero no para aquellos responsables de delitos de lesa humanidad.

Navarro es hijo de los acuerdos de paz entre el gobierno de Virgilio Barco y la guerrilla del M-19, que derivó en un indulto a los integrantes de este grupo subversivo.

El hoy senador de la Alianza Verde fue candidato presidencial en 1990 (tras el asesinato de Carlos Pizarro), presidente de la Asamblea Constituyente, luego senador, gobernador de Nariño y alcalde de Pasto. Es uno de los ejemplos de hacer política tras la desmovilización.  Por esa experiencia, Navarro considera que la participación en política es el corazón de cualquier acuerdo de paz, y la garantía que los desmovilizados no se rearmen.
 
“Un grupo con un fin político no va a negociar la paz, para después verse marginado de cualquier ejercicio político. Por el contrario busca que a través de éste se abran caminos, diferentes a las armas, para que en el marco de un ejercicio democrático, se puedan discutir y debatir los objetivos que los llevaron a optar en algún momento por el camino de las armas”, dice el senador en la exposición de motivos del proyecto.

Navarro, sin querer pisar las competencias de la Mesa de negociaciones de La Habana, asegura que cualquier acuerdo en la materia pasa por el Congreso y por una reforma constitucional, y que previendo futuros escenarios pretende anticipar esa pista de aterrizaje para los desmovilizados una vez dejen las armas. Como quien dice, dejar esa posibilidad dentro de la norma suprema.

Navarro considera que la participación política no puede corresponder únicamente a las bases de los grupos guerrilleros, sino que “es esencial que la misma pueda ser ejercida por las personas que tengan liderazgo en las organizaciones. Negar esta garantía implica dejar sin voz a los grupos guerrilleros en cualquier espacio democrático que se abra, coartando así la garantía a la participación política efectiva”.

Para ello, el congresista propone derogar uno de los artículos del marco jurídico para la paz, aprobado por el Congreso hace tres años y que la guerrilla de las FARC han rechazado. En esa norma están consagradas las prohibiciones para que los máximos responsables de delitos de lesa humanidad puedan participar en política.

Pero quizá, lo más polémico de la propuesta, es que Navarro propone que la participación de los líderes guerrilleros en política debe ser posterior al cumplimiento de las sanciones que les sean impuestas en el marco de la justicia transicional.

“Una de las bondades de permitir que los líderes de la guerrilla que se desarmen e integren plenamente a la vida civil puedan ser candidatos a cargos de elección popular, es que mantengan aglutinada la organización que lideran. El escenario de dispersar o disolver las organizaciones que firmen acuerdos de paz es francamente indeseable”, argumenta Navarro.

Eso significa, ni más ni menos, que si las FARC dejan las armas en el cronograma establecido por el propio presidente, es decir, 60 días después del 23 de marzo del año próximo, y si un jefe guerrillero se acoge a la justicia transicional, confiesa sus delitos, y recibe una sanción entre cinco y ocho años de restricción de libertad, podría pagar dicha pena y también ser candidato. “Este proyecto no se establece la limitación de participación en política a que hayan cumplido sanciones en el marco de la justicia transicional, sino que se permite que ambas cosas sean simultáneas”, asegura Navarro.

La propuesta tiene un término transitorio de tres años, entre otras para que también pueda ser aplicable al ELN. Fue acompañada no solo por los congresistas de la Alianza Verde, sino que también fue firmada por Roy Barreras, Juan Manuel Galán, Luis Fernando Velasco, Horacio Serpa, Jorge Iván Ospina (hijo del excomandante del M-19 Iván Marino Ospina).

Y aunque en el espíritu del proyecto está el destrabar uno de los nudos que aún le quedan al proceso de paz, sus alcances pueden ser significativos. Por ejemplo, permitiría que en el 2018, si las FARC ya están desmovilizadas, tener candidatos a la Presidencia o al Congreso. El proyecto aún no cuenta con una posición del gobierno, pero seguramente propiciará uno de los más complejos debates de la historia reciente.