Apartadó: las disculpas del Gobierno que no llegan

El pasado 16 de diciembre, la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio del Interior poner en marcha el “procedimiento para la presentación oficial de la retractación frente a las acusaciones realizadas contra la Comunidad de Paz (de San José de Apartadó)”.

La decisión se deriva de unas declaraciones del entonces presidente, Álvaro Uribe, tras la masacre del 21 y el 22 de febrero del 2005 en ese corregimiento del Urabá antioqueño. Allí, los paramilitares asesinaron a ocho campesinos, tres de ellos menores de edad.

 

El exmandatario respaldó el testimonio de un supuesto guerrillero desmovilizado que aseguraba que las FARC eran las responsables del asesinato. Además, Uribe expresó en un consejo de seguridad que “en esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que han residido allí, de auxiliar a las FARC y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista”.

 

Sus declaraciones cayeron muy mal en una comunidad que, como la de San José, había tenido que luchar por años con grupos al margen de la ley y que lograron que salieran de su territorio después de declararse una ‘Comunidad de Paz’.

 

La investigación sobre la masacre determinó que quien había perpetrado la acción fue un comando de aproximadamente 60 paramilitares que estaban bajo el mando de Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’. Además, ese grupo ilegal estaba protegido por la Brigada XVII del Ejército Nacional para matar a los civiles en la operación ‘Fénix’. 

 

Esta situación llegó a la Corte Constitucional por una tutela en contra del Ministerio de Defensa que instauró el sacerdote jesuita Javier Giraldo, una de las personas que más han luchado por la defensa de los Derechos Humanos en esa región.

 

Luego de estudiarla, el Alto Tribunal determinó en la sentencia T-1025 del 2007 que el Estado debía proteger de manera integral los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

También le ordenó al Ministerio de Defensa suministrar la información que solicitó Giraldo sobre los nombres de los militares que se encontraban en la zona en el momento de la masacre.

Sin embargo, entre el 2007 y el 2012 la Corte recibió innumerables informes que evidenciaban el incumplimiento de lo ordenado en la sentencia. Por eso en julio del 2012 la Corte expidió el auto 164, donde conmina al Ministerio del Interior a promover la retractación por lo que una vez aseguró Uribe sobre esa comunidad.

El auto fue publicado en diciembre pasado y allí queda claro que el Ministerio tenía un mes para promover la retractación y tres meses para que acordara con otras autoridades “un plan de prevención y protección colectivo que contribuya a la protección de la vida, la integridad, la seguridad y la libertad” de San José de Apartadó.

 

Aun cuando dicho plazo se cumplió el 16 de enero, el gobierno nacional no se ha referido al asunto. Semana.com conoció que el Ministerio del Interior remitió una respuesta parcial a la Corte Constitucional. “El porqué no se han presentado las retractaciones hace parte del estudio que se está haciendo. Todavía no estamos autorizados para transmitir información a la opinión pública”, explicó Daniel León, encargado del caso en esta cartera.

 

Así las cosas, la comunidad de San José de Apartadó está a la espera de que pronto el Estado pueda reivindicar a esa población y que quede claro que sus habitantes no están ligados a ningún grupo armado, como una vez lo dejó entrever el expresidente Uribe.