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| 10/14/2015 7:41:00 PM

Ahora es Apartadó con problemas en el programa de alimentación escolar

Semana.com encontró una serie deficiencias en varias instituciones educativas de esta zona. El responsable del contrato responde.

El programa de alimentación escolar (PAE) se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el Gobierno, pues pasó de ser uno de los proyectos más importantes en asistencia al menor, a convertirse en el eje de los intereses de un puñado de políticos, empresarios y gobernantes.

El primer campanazo se dio en Chocó, donde Semana.com constató que en algunos casos los alimentos no llegaban a tiempo y, en ocasiones, eran entregados en mal estado. Pero, además, a los niños en el norte del departamento les tocaba comer en el suelo. La situación fue tan preocupante, que la ministra de Educación, Gina Parody, visitó algunos municipios de este departamento del Pacífico. En Unguía, por ejemplo, se constató cómo con un sólo un kilo de carne y una libra de pollo se alimentaban 12 niños en 15 días.

Algo similar pasó en Córdoba. Allí SEMANA reconstruyó la historia de Leda Guerrero, la mujer que pasó de ser una humilde secretaria a una millonaria, en menos de diez años, a punta de vender raciones escolares en Córdoba, Bolívar y Sucre. Trabajadoras de los comedores contaron cómo tenían que reducir los costos de los almuerzos a 70 pesos, cuando el Estado pagaba por cada uno alrededor de 1.300.

Ahora, una nueva investigación de Semana.com constató que la misma situación se vive en San José de Apartadó. Numerosos testimonios de habitantes del municipio recogidos por el portal dan cuenta de que la comida no llega en buen estado y que las trabajadoras que administran los restaurantes no tenían, hasta hace poco, los pagos que ordena la ley.

“El kilito de arroz”

Todos los días Irma Flórez y Liliana de Hoyos se ven apuradas para hacer rendir las dos libras de arroz que les llega para alimentar a los 37 niños de la escuela rural La Balsa del corregimiento San José de Apartadó (Antioquia). Como el “kilito de arroz” no es suficiente para preparar los desayunos y almuerzos, ellas acompañan los platos de comida con “un pancito” para cada estudiante.

Al igual que en la Balsa, 56 escuelas del sector rural y 12 colegios del casco urbano de Apartadó hacen parte del programa de alimentación escolar que tiene la alcaldía con la Fundación Alimentarte.

Para el desarrollo de este proyecto, en este municipio antioqueño construyeron una cocina industrial para preparar los alimentos para los colegios del casco urbano. Pero en el sector rural impera el caos puesto que por las grandes distancias las funcionarias encargadas de manipular los alimentos reciben las remesas en malas condiciones, en algunos casos, y en ocasiones no llegan.

“La fruta la mandan totalmente dañada. Es más la que botamos que la que comen los niños. El tomate cuando no lo mandan biche, lo mandan dañado”, contó Irma Flórez, madre de familia que le ayuda a Liliana de Hoyos en el restaurante escolar.

Sumado a esto, en la escuela hay pocas sillas y los niños tienen que comer en el suelo. Allí no tienen siquiera una licuadora. Todos los días Irma lleva la que tiene en su casa para poder preparar un jugo a los niños.


Irma y Liliana narran la situación que vive la escuela en La Balsa.


Esta no es la única institución en la que se presenta esta situación. En la escuela rural Los Mandarinos ocurre algo similar. Blanca Cardona, madre de familia, asegura que allí los alimentos no llegan completos. “Llevan tres años preguntando qué se necesita, pero aquí no solucionan nada”.


En la escuela Los Mandarinos incluso la estufa estaba dañada, convirtiéndose en un peligro para las personas. En la escuela rural La Balsa, las manipuladoras aún cocinan en leña. Foto: Archivo particular.

Frente a esto, el alcalde de Apartadó, Luis Gonzalez Giraldo, manifestó a Semana.com que nunca ha oído quejas sobre el estado de los alimentos, pero reconoció que “el sector rural infortunadamente tiene deficiencias en infraestructura educativa (...) Aunque quisiera arreglar todos los problemas del municipio, lógicamente no es posible”.

Sin embargo, las funcionarias y madres de familia de los lugares apartados no son las únicas que protestan. Docentes de la Institución Alfonso López aseguraron que, aunque los alimentos se preparan en una cocina industrial, no llegan en el mejor estado.

Según denuncias que recibió este portal, las autoridades responsables de los restaurantes escolares en Apartadó fueron alertadas sobre una posible visita del Ministerio de Educación y empezaron a arreglar varias deficiencias.

“Hace un mes reunieron a las manipuladoras de alimentos y les entregaron una minuta nueva para que cuando llegara la visita, informaran que eran esas las comidas que se estaban repartiendo, alimentos que nunca se dieron durante el año”, contó una docente de esa institución a este portal.

De otro lado, el rector de la Institución Educativa San Pedro Claver, Héctor Hinestroza, aseguró que no tienen manipuladora de alimentos y que la misma administración local les dijo que no tenían dinero para contratar a alguien.

Por eso, según contó, tienen que cobrar 100 pesos a cada niño para pagarle a la trabajadora. “Pero si no tiene los 100 pesos, pues no importa, se le sirve el almuerzo”, dijo.

Semana.com escaló el tema con el gerente de la Fundación Alimentarte, Andrés Jaramillo, quien aseguró no saber de las denuncias y dijo que en la San Pedro Claver tendrían que haber dos manipuladoras laborando y, por ende, no se debía cobrar por ninguno de los alimentos. “Yo mismo voy a averiguar qué es lo que está pasando”, dijo.

Jaramillo también explicó que las distancias del casco urbano a la zona rural son muy largas –incluso hasta cinco horas- y por eso es posible que algún alimento se dañe. “Sin embargo, eso nunca había pasado. Llevamos cinco años en el municipio y nunca se había presentado una queja. Por eso estamos al frente del caso para ver lo que está ocurriendo”.

Un día después de que Semana.com indagó sobre este delicado asunto, Jaramillo envió a esta redacción un video grabado por él. En la imagen se le ve entrevistando a una servidora de una de las instituciones donde se presentan las irregularidades. Ella dice que todo anda bien. 



¿Y el dinero dónde está?

En este tipo de episodios siempre surge un interrogante: ¿Por qué no llegan los alimentos a algunas instituciones, a sabiendas de que, como en este caso, la Alcaldía paga cada año por el contrato?

En el 2014 la Alcaldía de Apartadó firmó un contrato con la fundación Alimentarte por un valor de 1.888 millones de pesos. El objeto era la compra de 9.704 raciones de comida diarias para los niños de ese municipio durante 157 días escolares. Por su parte, el Ministerio de Educación aportaba dinero para 9.778 raciones más por 47 días (Ver contrato).

Hasta ahí no había mayores inconvenientes, pero en el 2015 los gastos por parte de la Alcaldía se incrementaron escandalosamente para el mismo objetivo. La administración firmó con la misma empresa un nuevo contrato por 2.917 millones de pesos para la adquisición de 6.304 raciones, es decir, 3.400 menos que el año anterior. Mientras que las raciones aportadas por el Ministerio no se alteraron en su precio unitario (Ver contrato).

Esto despertó las sospechas de que algo estaba pasando con los dineros invertidos para este concepto en esa alcaldía. No era para menos, pues los gastos aumentaron 1.029 millones de pesos cuando las raciones de comida que aportaba la Alcaldía disminuyeron en 35 %.

Quienes han advertido sobre estas presuntas irregularidades entregan más elementos de las inconsistencias. Mientras que en el 2014 una ración de comida costaba a la administración local 1.260 pesos, en el año siguiente subió a 2.008 pesos, un incremento del 59 %.

Según el gerente de la Fundación Alimentarte, el valor de la ración de comida por el que paga la Alcaldía subió porque el “municipio por primera vez quiso pagarle a las manipuladoras la seguridad social y las horas laboradas. Es un requerimiento que nos venía haciendo el ministerio del Trabajo (…) Es la labor que hicimos nosotros de estar encima del alcalde del municipio diciéndole que teníamos que asegurar a las señoras”.

El gerente Andrés Jaramillo agrega que como la Alcaldía no tenía recursos para pagarles a las manipuladoras, “redujo cupos alimenticios y ese dinero da exactamente para contratar 94 señoras que actualmente están vinculadas con toda la seguridad social”.
 
¿Y las trabajadoras?


El aumento de los costos se dio, según Alimentarte, para pagarles seguridad social a las trabajadoras. Sin embargo, una de ellas contó a este portal que normalmente le cancelan cerca de 172.000 pesos mensuales por su trabajo. Agregó que desde hace un par de meses –el mismo tiempo en que les cambiaron la minuta- también le modificaron el desprendible de nómina.

“En el nuevo desprendible (de agosto del 2015) que les dieron hace poco, antes de que viniera la visita del ministerio, le pusieron que devengan el salario básico de 644.350 pesos. Sabiendo que realmente les pagan 172.000 de neto”, explicó una docente de la Institución Alfonso López, quien tomó como referencia los pagos de una de las manipuladoras de alimentos de esta institución.

Semana.com revisó en el Sistema Integral de Información de la Protección Social los datos de varias funcionarias de las instituciones que entraron a trabajar desde inicios de este año y, efectivamente, aparece que fue a partir de agosto del 2015 que las afiliaron a salud. ¿Por qué afilian a los empleados al sistema de salud siete meses después de haber firmado el contrato?

El otro interrogante que surge es: ¿Qué está ocurriendo con el sonado programa de alimentación escolar en el país? El debate está abierto y el Ministerio y los departamentos tienen la palabra.

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