Lunes, 22 de septiembre de 2014

| 2013/06/22 05:00

Apenas arranca la reforma de la salud

Si bien el Congreso aprobó la Ley Estatutaria de Salud, viene la verdadera guerra.

En medio dela discusión del proyecto de ley que solo buscaba definir el derecho a la salud se oyeron todo tipo de propuestas y protestas. Foto: Diana Sánchez / Semana

La tan cacareada reforma a la salud anunciada por el gobierno en marzo superó su primer escollo esta semana cuando el Congreso aprobó, en medio de una gran confusión, una nueva ley estatutaria que eleva la salud a derecho fundamental y lo regula. Lo curioso es que esta no era la ley que todos esperaban y que la aprobada dejó a todos inconformes, hasta al propio gobierno.

Para reformar el sistema de salud el ejecutivo se la jugó con una estrategia doble. El 19 de marzo, cuando el presidente Juan Manuel Santos fue al Congreso para anunciar su reforma, decidió radicar dos proyectos. Uno para tramitar una ley estatutaria que definiera, aclarara y limitara el derecho a la salud, tal y como lo había ordenado la Corte Constitucional en 2010. Y otro para una ley ordinaria que reformara el actual sistema de salud.

Inicialmente la idea era aprobar estos dos proyectos en este semestre, pero su avance se empezó a enredar cuando se abrió la discusión de un tema tan sensible, en el que hay millones de personas interesadas, grandes empresas comprometidas, billonarios recursos en juego y fortines políticos y burocráticos de por medio. Para evitar incluso que las leyes se hundieran, el gobierno optó por buscar primero la estatutaria, más fácil de tramitar y en la que puede haber más consensos, y después la ordinaria, en la que se avecina una gigantesca batalla de poderes.

Algo se alcanzó a ver en estos días, cuando médicos, pacientes, EPS, hospitales, empleados, parlamentarios y funcionarios del gobierno trataron de plasmar en esta ley lo que quieren del sistema de salud. Por eso, a lo largo de los debates aparecieron todo tipo de propuestas y artículos que finalmente fueron eliminados en la conciliación el jueves por orden del gobierno.

Si, como dijeron varias encuestas, la mayoría de los colombianos cree que esta ley no cambiará nada, ¿para qué el gobierno se la jugó a fondo en sacarla? Porque se requiere como punto de partida para reformar el actual modelo de salud y para ello acogió todas las sentencias y fallos que ha emitido la Justicia, especialmente la Corte Constitucional, desde hace años. 

De este modo Colombia es prácticamente el primer país que considera la salud no como un servicio, sino como un derecho fundamental que debe ser defendido y garantizado por el Estado. Ni Estados Unidos, Francia, Alemania, España o Canadá lo reconocen así, lo que pone a Colombia a la vanguardia. El reto ahora es que no se quede en el papel.

Ahora bien, parte del debate de fondo estuvo en si este derecho fundamental puede limitarse y de qué manera. Finalmente se decidió que sí, algo que la misma Corte ha fallado. Lo que aún no está del todo claro es cómo se va a hacer.

Mientras que ahora los colombianos tiene un plan de salud diferencial, mejor para los más ricos y trabajadores que para los más pobres, la ley acaba las diferencias y plantea que los colombianos tendrán acceso a todo, salvo a aquellos servicios y tecnologías que tengan como finalidad principal un propósito cosmético o suntuario no relacionado con la recuperación o el mantenimiento de la capacidad funcional o vital de las personas. 

Tampoco se podrán financiar con recursos públicos aquellos tratamientos sobre los que no exista evidencia científica sobre su seguridad, efectividad, eficacia clínica; aquellos cuyo uso no haya sido aprobado por la autoridad competente; los que se encuentren en fase de experimentación o que se presten en el exterior. 

Y para definir esta zona gris, la ley ordena crear un grupo conformado por expertos, científicos, técnicos y ciudadanos del común para que –de forma pública, transparente y colectiva– determine si un medicamento o procedimiento se puede incluir y si hay recursos para hacerlo. Aun así, frente al proceder de este grupo consultivo quedan bastantes dudas. La principal es si a la hora de tomar las decisiones va a primar el derecho a la salud o la sostenibilidad económica del sistema.

Las tutelas no se acabarán en la salud, como muchos lo anunciaron. Lo que se espera es que se reduzcan sustancialmente y que las que lleguen, por tratarse de medicamentos o tecnologías de punta negados por ese grupo de sabios y ciudadanos, sean decididas por la Corte Constitucional.

Con esta ley ganaron los médicos que lograron, por ahora, recuperar su autonomía a la hora de decidir qué es lo mejor para el paciente. Ganaron los pobres y los pacientes, que se quitarán de encima la lista de restricciones y procedimientos a la hora de ser atendidos, y ganan los colombianos que viven en zonas alejadas como en Vichada, Guainía, Chocó o Vaupés, pues la ley señala que el Estado debe garantizarles la atención en salud. La gran pregunta es de dónde saldrán los 3, 4, 5 o 6 billones de pesos que podría valer al año la financiación de lo que hoy se niega o se paga con recobros. 

Sin duda, esta ley estatutaria es un avance importante para la reforma de la salud, así haya temas confusos. Lo que esperan los conocedores es que sea lo suficientemente sólida como para sentar cimientos firmes para el debate que se avecina una vez se abra la discusión del proyecto de ley ordinario de reforma a la salud el próximo 20 de julio. 

En ese momento se discutirán temas menos filosóficos y más candentes, como la supervivencia de las EPS, el manejo de los hospitales públicos o si el Estado debe prestar la salud solo con el concurso del sector privado, entre otros. Esa será la verdadera batalla. 

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