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| 6/16/2012 12:00:00 AM

Aplazadas excusas públicas del Ejército a comunidad indígena de Valledupar

El acto simbólico debía llevarse en una guarnición militar, pero la comunidad Wiwa quiere que sea en un recinto indígena. Interpusieron una tutela para que así sea.

Joselino Pacheco, líder indígena de la comunidad Wiwa, se devolvió a su resguardo sin las excusas que esperaba escuchar de boca de integrantes del Ejército. El acto público está relacionado con el asesinato de su hija, Noemí Esther, de 14 años, ocurrido en febrero del 2005 y por el cual se acusaron a varios uniformados del Batallón de Artillería Número 2 La Popa, con sede en Valledupar, Cesar, quienes posteriormente presentaron a la joven como guerrillera dada de baja en combate.

Por el crimen, el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, confirmó las condenas con penas entre 31 y 34 años de prisión, a Boris Alejandro Serna Mosquera, Analdo Enrique Fuentes Estrada, Ómar Eduardo Vaquiro Benitez y Deimer Cárdenas Martínez, integrantes del Ejército Nacional, a quienes hallaron responsables de los delitos de homicidio agravado, en concurso con los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y falso testimonio. 

A la par con estas penas se profirió una sentencia por cuenta del Juzgado Primero Administrativo de Valledupar, en la que se ordenó “realizar un acto simbólico por intermedio del comandante del Batallón de Artillería Número 2 La Popa, de Valledupar, para que en acto simbólico y con previa citación de los entes gubernamentales y el Ministerio Público (quien representará a los demandantes), pida en nombre del Ejército Nacional excusas públicas por la ejecución extrajudicial de la que fue víctima la joven Noemi Esther Pacheco Zabata, de lo cual se levantará un acta que será allegada a los familiares de la víctima en nota de estilo”.

El primer acto público se debía realizar en el pasado mes de mayo. No obstante, no se realizó. De acuerdo con los abogados de las víctimas, la citación no fue hecha con la antelación requerida por lo que, a través de un derecho de petición, se pidió el aplazamiento, ya que, a su juicio, el no aviso de manera oportuna “incumplía los parámetros establecidos en las instancias nacionales e internacionales de derechos humanos como medida de satisfacción que pretende resarcir el daño producido”.

Sin embargo, el coronel Jesús Avendaño, comandante de dicha unidad militar desde hace un año, sostiene que las invitaciones, tanto para la comunidad indígena como para los entes gubernamentales, fueron enviadas con antelación.

La segunda vez

De acuerdo con el proceso judicial, el 9 de febrero del 2005, sobre las dos de la mañana, los uniformados llegaron hasta una finca ubicada en la comunidad del Cerro, en la vereda El Pontón, perteneciente al corregimiento de Atánquez, en Cesar, donde residía Noemí con su compañero, Hermes Carrillo, quien también murió en el ataque.

Noemí aceptó a Hermes, de origen kankuamo, como su compañero cuando ella cumplió sus 13 años, conforme lo mandan las tradiciones de la etnia a la que pertenece.

Ambos, reza el expediente, fueron sacados a la fuerza del predio y tras ser acusados de ser presuntos colaboradores del frente 59 de las FARC les dispararon en repetidas ocasiones.
 
Los informes oficiales de operaciones presentados por la Décima Brigada Blindada del Ejercito Nacional, señalan a Noemí Pacheco Zabata y a su compañero, como miembros del mencionado frente que murieron en combate en la vereda El Pontón.

De allí, como ya se dijo, el acto de perdón que para este viernes se programó en las instalaciones de la unidad militar. Sin embargo, los apoderados de la comunidad indígena consideraron que si las excusas se entregaban en la base no se cumplía con los mínimos establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos.

“No solo se estaría desconociendo el derecho a la reparación integral de los familiares y las víctimas de los hechos de violencia en la comunidad indígena Wiwa, sino que podría constituirse en nuevos actos de revictimización”, sostiene uno de los juristas del caso.

Ante esto, el coronel Avendaño indicó que tras conocer que la comunidad no se haría presente en las instalaciones de la brigada, “se cambió el itinerario para que el acto se realizara en la Alcaldía de Valledupar, pero la comunidad no aceptó”.

Los voceros de los Wiwa dijeron que prefieren que el acto simbólico se dé en las instalaciones de la casa indígena (lugar de encuentro de las comunidades de la zona), por lo que decidieron instaurar una tutela para que, además de ello, se permita la intervención de las víctimas dentro del acto y haya un proceso de consulta previa y reflexión con los familiares que permitan fijar la fecha y los contenidos que deben incluirse en la ceremonia.

Ahora, a Joselino solo le resta aguardar el fallo de la tutela que fue interpuesta después de darse de que las excusas públicas por las que ha esperado siete años y cuatro meses siguen sin llegar.
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