La entonces fiscal Viviane Morales fijó para el 31 de agosto de 2011 la primera fecha para la imputación de cargos contra el abogado Álvaro Dávila, uno de los principales implicados en el sonado proceso del cartel de la contratación en Bogotá. Pero hoy, un año y cuatro meses después, es la hora que esa audiencia no ha podido tener lugar.

El miércoles pasado la situación llegó a un punto extremo. Dávila fue citado de nuevo a la audiencia pero no apareció en el juzgado, con la excusa de que tenía otra audiencia en el Consejo Superior de la Judicatura. El motivo para no comparecer era válido, pero esa fue la gota que rebosó la copa de la Fiscalía. ¡Era la quinta vez que Dávila evadía la citación! El fiscal delegado ante la Corte, encargado del caso, para evitar que se acabe el año sin imputarle cargos, decidió ir en persona hasta la Judicatura para notificar a Dávila que la audiencia se había reprogramado para dos días después, es decir el pasado viernes.

Cuando llegó, se encontró con una escena entre trágica y pintoresca: Dávila, al oir en la radio que habían ordenado capturarlo, se desmayó. Una ambulancia llegó a socorrerlo y hasta allí fue el fiscal a notificarle la nueva fecha. En ese momento lo de la detención no era cierto. Pero el jueves, el fiscal general, Eduardo Montealegre, le dijo a su equipo de confianza: “Si Dávila no asiste a la audiencia del viernes ordenamos su captura”.

Esa actitud de la Fiscalía es una muestra de que hay un cambio importante en el manejo de la investigación del carrusel de la contratación. Hasta hace poco y durante dos años, el país veía aterrado cómo los primos Nule podían salir bien librados con solo tres años de cárcel, o personajes como el contratista Julio Gómez, eslabón clave del carrusel, lograban una pena de cinco años de cárcel, que podía reducirse y ser domiciliaria, sin tener que colaborar un ápice con la Justicia o devolver el dinero perdido por el Distrito.

La administración Montealegre, y en particular el vicefiscal Jorge Perdomo, decidieron hacer borrón y cuenta nueva. Entre otras cosas porque se dieron cuenta de que se estaba haciendo un manejo equivocado de las rebajas en el sistema penal acusatorio. Como le dijo un fiscal de Estados Unidos a SEMANA: “Aquí en Colombia las cosas son como al revés. Al delincuente le descuentan 50 por ciento de la pena solo por aceptar los cargos y una sexta parte por colaborar con la Justicia. Y en Estados Unidos es todo lo contrario”.

Con el nuevo esquema de la Fiscalía es posible que en 2013 los protagonistas claves del carrusel tengan no solo condenas –lo cual ya es un logro- sino mínimo diez años de prisión. Esta es la situación de cada uno.

1. Julio Gómez: sería de 20 a 40 años de prisión

Julio Gómez, que según Emilio Tapia, era uno de los encargados de manejar las ‘mordidas’ para los hermanos Samuel e Iván Moreno, estaba feliz con el acuerdo al que había llegado con la Fiscalía en la época de Vivian Morales. Pagaría cinco años de cárcel, con opción de reducirse por buen comportamiento, simplemente por admitir haber cometido un delito, que ya de hecho le había probado la Fiscalía, y sin tener que dar información ni delatar a nadie. Ese acuerdo fue cuestionado en su momento duramente por el procurador Alejandro Ordóñez y el alcalde Gustavo Petro.

Y la dicha de Gómez se acabó el pasado 28 de noviembre cuando el Tribunal Superior de Bogotá declaró nulo el preacuerdo y ordenó comenzar el proceso de cero. De hecho, Gómez estaba citado a audiencia de imputación de cargos el jueves pasado y de nuevo no llegó con la excusa de que su abogado está fuera del país.

En realidad lo que ocurre es que Julio Gómez está tratando de llegar a un nuevo acuerdo con la Fiscalía. Sin embargo, la situación no es fácil para él. Ya Emilio Tapia ha entregado importante información para descifrar el desfalco. Y como ocurre en Estados Unidos, ahora en Colombia también el que llega primero a colaborar es el que tiene más beneficios. La pena que investigadores cercanos al caso han calculado que podrían pedir contra Julio Gómez, por los delitos que se le imputan, es entre 20 y 40 años de prisión.

2. Emilio Tapia: 13 años

Emilio Tapia estaba convencido de que con todo lo que tenía para contar iba a lograr una pena de máximo cinco años de prisión. Y de hecho, como según confesó, él era el engranaje de los hermanos Moreno con los contratistas, entregó información que la Fiscalía considera “muy valiosa”. Pero la Fiscalía solo le ofreció una pena de 13 años, con la posibilidad de que sea domiciliaria. Es decir, tendrá una especie de grillete electrónico en uno de sus tobillos que alertará al Inpec en caso de que se mueva de su casa.

Tapia, tras mucho forcejeo, aceptó finalmente la oferta de la Fiscalía. El paro judicial impidió que el acuerdo se concretara –es decir, fuera aceptado por un juez de conocimiento- en 2012. Y por eso, por ahora, el contratista goza de libertad. El próximo 17 de enero el caso será revisado por el juez, y este puede aceptarlo o modificarlo.

3. Los Nule: de 7 y medio se les subió a 15 años y pueden ser muchos más

En el caso de los primos Miguel, Manuel y Guido Nule, el Tribunal Superior de Bogotá también le corrigió la plana al juez y a la Fiscalía de entonces. La condena inicial para ellos había sido de 7 años y medio, pero el Tribunal les aumentó a 15 años porque consideró que existían agravantes como que los Nule afectaron la confianza de los bogotanos con el multimillonario desfalco.

Eso ya era toda una paradoja para quienes habían decidido no seguir huyendo y regresar al país con la idea de que un principio de oportunidad los dejaría pagando, si mucho, dos o tres años de cárcel.

En ese momento no se imaginaron que la situación podía ser peor: la nueva administración de la Fiscalía considera que el principio de oportunidad no aplica a los tres. Es decir, no pueden todos recibir el mismo perdón si están confesando lo mismo. Además, ya está avanzando un nuevo proceso contra ellos por peculado en el caso de la Dirección Nacional de Estupefacientes que podría darles diez años más de cárcel.

4. Álvaro Dávila: hasta 20 años

El caso de Dávila es el que más atrasado va. Él, como abogado conocedor de los intríngulis del código de procedimiento penal, ha logrado dilatarlo. Sin embargo, la Fiscalía está ya decidida a llevarlo a juicio. Los cargos que se le imputan le darían una pena de hasta 20 años. Dávila trató de negociar con la nueva administración de la Fiscalía pero no le gustó la oferta que le hicieron: entre 10 y 13 años de cárcel. Por eso no llegó a ningún acuerdo.

5. ¿Y Samuel Moreno?

El gran interrogante es qué pasará en esta nueva etapa con el exalcalde Samuel Moreno. Su caso ha caído en una especie de marasmo. Así como el caso de su hermano, el senador Iván Moreno, que está en juicio en la Corte Suprema.

En el caso de Samuel Moreno hay indicios de que la Justicia no quiere seguir siendo blanda con él. Hace poco un juez se negó a darle la libertad por vencimiento de términos. La defensa de Moreno argumentó que ya pasaron más de 90 días sin que empiece el juicio (él está detenido desde septiembre de 2011). Sin embargo, el juez les recordó que ellos son los que han dilatado el proceso pidiendo aplazamientos para estudiar las pruebas. Y en noviembre pasado el fiscal delegado ante la Corte, Juan Vicente Valbuena, quien asumió el caso del carrusel pidió a un juez que pase a Samuel Moreno a una cárcel y ya no le dé más el beneficio de estar en la sede de la Policía en el Parque Nacional.

Todo indica que 2013, con el nuevo espíritu que reina en la Fiscalía, será muy distinto para los hombres que con sus malos manejos frenaron en seco el veloz avance que traía Bogotá.